Por orden de un juez federal, la Policía realizó procedimientos simultáneos en la sede de la Asociación de Fútbol, en la Superliga y en instituciones como Racing, Independiente y San Lorenzo, en el marco de la causa «Sur Finanzas». La investigación, que involucra a presuntos testaferros de altos dirigentes, busca desentrañar una red societaria y financiera opaca.
En un operativo de amplio despliegue, efectivos de la Policía Federal Argentina concurrieron este miércoles a múltiples locaciones vinculadas al fútbol profesional. La acción judicial, dispuesta por el magistrado Luis Armella, tuvo como objetivo recabar documentación en la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza, en las oficinas de la Superliga Argentina y en las sedias sociales de varios clubes de primera división, entre los que se confirmaron Racing Club, Independiente y San Lorenzo.
La medida se enmarca en la investigación por presunto lavado de activos que gira en torno a la firma Sur Finanzas y sus conexiones con el mundo futbolístico. Uno de los clubes alcanzados por los requerimientos, Excursionistas, se apresuró a emitir un comunicado aclarando su situación. La institución precisó que su único nexo con la empresa bajo escrutinio fue un convenio de patrocinio, desligándose de cualquier tipo de asociación societaria, financiera o administrativa.
La competencia sobre este intrincado caso recae en el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Armella, quien coordinó los allanamientos. Sin embargo, la pesquisa tuvo un capítulo preliminar significativo a cargo de su colega Daniel Rafecas. Este último magistrado, actuando de manera provisoria, había impulsado una batería de medidas investigativas tras una denuncia presentada por la Coalición Cívica.
La denuncia de ese espacio político apunta a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de la firma Real Central SRL, señalados como presuntos testaferros de Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, y de Pablo Toviggino. Para avanzar en la reconstrucción de esta trama, Rafecas ordenó una serie de diligencias fundamentales.
El juez dispuso la elaboración de perfiles fiscales completos de los investigados y de su empresa, al tiempo que solicitó a la Inspección General de Justicia toda la información registral sobre la marca. Con el objetivo de rastrear el patrimonio de los involucrados, requirió informes a los registros de la propiedad inmueble de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, al Registro Nacional de Aeronaves e incluso al Registro de Identificación Equino.
Una de las aristas cruciales de la investigación se centra en el movimiento de fondos. Para develarlo, Rafecas pidió al Banco Central de la República Argentina que remita toda la data vinculada a las cuentas bancarias de Pantano, Conte y su sociedad, incluyendo movimientos, transferencias y servicios contratados. Para ello, decretó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil.
La red de requerimientos se extendió además a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la ANSES y al PAMI, para verificar la situación previsional de Conte. Asimismo, en un paso destacado, el magistrado ordenó un peritaje exhaustivo para valuar un inmueble específico mencionado en la denuncia, tarea para la cual convocó a peritos de la Corte Suprema y a martilleros del Colegio de San Isidro.
Finalmente, se requirió a la AFIP que proporcione detalles sobre todo tipo de ingresos, bienes en el país y en el exterior, y vinculaciones entre los sujetos investigados y otras personas físicas o jurídicas, abarcando desde el año 2021 hasta la actualidad. A este complejo entramado de nombres también se suma la figura de Lucas Labbad, cuyo rol específico se busca determinar. El caso, que ahora continúa bajo la órbita del juez Armella tras los allanamientos, promete seguir generando repercusiones en las altas esferas del fútbol argentino.
