Un operativo ordenado por un juzgado federal de La Plata, en una causa ajena al organismo rector del fútbol, desató una batalla entre magistrados y expuso el uso de las causas penales como herramienta de presión en el conflicto del Gobierno con la dirigencia futbolera.
La escena de agentes federales ingresando a la sede de la Asociación del Fútbol Argentino y a una decena de clubes este martes, en un operativo que se extendió por siete horas con secuestro de equipos informáticos y documentación, fue la punta de lanza de una compleja trama que mezcla sospechas de maniobras financieras, una guerra interna en el fuero penal económico y la sombra de una estrategia política desde el poder. El juez Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, autorizó las diligencias basándose en una investigación sobre un préstamo opaco recibido por el Club Banfield, aunque el blanco visible fue el corazón institucional del fútbol nacional.
El núcleo de la causa que motivó los allanamientos se circunscribe a una operación del Banfield con una empresa española denominada Auriga League. Esta firma habría otorgado un crédito de dos millones de euros que nunca fue restituido, derivando en un acuerdo que le habría transferido a la compañía derechos económicos por el pase del futbolista Agustín Urzi al fútbol mexicano. La pesquisa judicial sospecha que el préstamo pudo no existir y que la maniobra pudo servir para desviar fondos o lavar activos, con los directivos del club «Taladro» como únicos imputados. Ni la AFA ni el resto de las instituciones allanadas figuran en esta causa original.
Sin embargo, la decisión de ampliar el radio de los allanamientos más allá del Banfield encendió la mecha de un conflicto mayúsculo con otro magistrado, Federico Villena. Este juez lleva una investigación separada, de enorme envergadura, sobre la financiera Sur Finanzas, acusada de movilizar cerca de 800.000 millones de pesos a través de cuentas de dudosa solvencia, en una trama que podría incluir evasión y lavado. Dado que Sur Finanzas auspicia a varios clubes, Villena considera crucial analizar esos contratos de sponsoreo.
El magistrado Villena acusó a sus colegas Armella e Incardona de incurrir en «forum shopping», una práctica reprochable que consiste en modificar artificiosamente la acusación para atraer una causa a un juzgado favorable. Según su visión, al ampliar sin sustento los allanamientos a la AFA y clubes auspiciados por Sur Finanzas, se apoderaron de documentación que legítimamente corresponde a su propia investigación. En el ambiente judicial se señala, de manera tácita pero persistente, que detrás de esta maniobra existiría un guiño del gobierno nacional, en sintonía con su ofensiva para imponer las sociedades anónimas en el fútbol y su enfrentamiento con la actual cúpula de la AFA.
Este forcejeo por la competencia desembocó en la Cámara Federal de La Plata, donde un solo camarista, Jorge Di Lorenzo, deberá dirimir quién es el juez natural para investigar. Mientras el bando de Armella argumenta que su causa es anterior y existe una conexidad con los sponsors, Villena replica que se trata de delitos y acusados diferentes, y que la conexidad es forzada para justificar una usurpación de la causa.
Paralelamente, en otra causa separada, el juez federal Daniel Rafecas investiga el origen de un lujoso predio en Pilar que vecinos atribuyen a directivos de AFA. Aunque aún no hay vínculos probatorios, Rafecas ordenó medidas cautelares contra los titulares de la sociedad propietaria, detectando un llamativo patrimonio automotor.
El escenario resultante es de una profunda convulsión. Los allanamientos, más que un avance sobre un ilícito específico, funcionaron como un movimiento dentro de una pulseada judicial de alto voltaje político. La definición que tome la Cámara de La Plata no solo asignará una causa, sino que delineará los límites de una investigación que, desde sus márgenes, ya está impactando en la estructura más sensible del deporte argentino. El fallo del camarista Di Lorenzo se espera ahora como la sentencia que puede calmar o avivar esta guerra en los tribunales.
