En una pulseada política de alto voltaje, el Gobierno nacional apura el trámite parlamentario de su polémica iniciativa de modernización laboral. Con la oposición y los sindicatos movilizados, el desenlace depende de la volátil alineación de los gobernadores.
En una jugada a todo o nada, la administración nacional concentra sus esfuerzos en obtener la media sanción de su reforma laboral en la Cámara de Senadores antes de que finalice el año. Tras descartarse el primer calendario, que ambicionaba un dictamen previo a las festividades navideñas, la ministra Patricia Bullrich se alista para ocupar posiciones estratégicas en las comisiones de Presupuesto y de Trabajo, ámbitos esenciales para el trámite de la propuesta.
Frente a esta ofensiva, el bloque opositor de Unión por la Patria, en sintonía con la central obrera, despliega una estrategia para demorar el tratamiento exprés y articular una campaña pública que, según sus voceros, “ponga en evidencia los fundamentos falaces del proyecto”. En un Congreso profundamente dividido, la postura de los gobernadores emerge como el factor crucial que podría inclinar la balanza, sumiendo a la Casa Rosada y a la CGT en intensas negociaciones con los mandatarios provinciales.
Paralelamente, en la Cámara Baja, el presidente de ese cuerpo, Martín Menem, acelera la conformación de las comisiones que deben expedirse sobre el Presupuesto 2026, anhelando una sesión maratónica la próxima semana para aprobarlo. Este apuro legislativo contrasta con los ritmos habituales del Parlamento, generando un malestar compartido por la oposición más firme y por los bloques centristas, cuyos votos resultan definitorios.
Ante este escenario, el peronismo y el sindicalismo organizado coordinan acciones que combinan la táctica en el recinto, el lobby con los gobernadores y la presión en las calles. La CGT ya convocó a una movilización para el 18 de diciembre, rechazando una iniciativa que, a su juicio, erosiona conquistas históricas de los trabajadores. En el Senado, mientras Bullrich pretende iniciar el debate este miércoles, el oficialismo deposita sus esperanzas en que la sanción del Presupuesto y de esta reforma impulsen una señal de confianza a los mercados internacionales.
La Batalla por el Centro
La composición fragmentada del Senado convierte a los legisladores alineados con los gobernadores en el botín político decisivo. Sin una mayoría propia consolidada, La Libertad Avanza debe negociar con fuerzas provinciales y bloques como Innovación Federal. El respaldo de senadores de distritos como Tucumán o Misiones se vislumbra clave para alcanzar los 37 votos necesarios para habilitar la sesión. La oposición, por su parte, busca mantener la cohesión de sus 28 votos y atraer a otros descontentos.
La Sombra del Ajuste y las Negociaciones Provinciales
En el trasfondo de esta puja, la crítica situación financiera de las provincias ejerce una presión determinante. El severo ajuste fiscal ha dejado a los gobiernos locales en una posición de extrema dependencia de los recursos nacionales. Esta coyuntura obliga a los mandatarios a realizar complejos cálculos políticos. “Las provincias deben negociar sí o sí con el gobierno nacional; si el flujo de fondos se interrumpe por completo, la gobernabilidad se torna insostenible”, admitió una fuente legislativa con arraigo provincial. Recientes y cuantiosas transferencias de fondos, como las recibidas por Tucumán, alimentan la percepción de que la distribución de recursos se ha entrelazado con la búsqueda de apoyos políticos para las reformas oficialistas.
Con el tiempo en contra y en medio de un clima de alta polarización, la carrera por la reforma laboral ingresa en su fase final. El resultado, aún incierto, no solo definirá el mapa de relaciones laborales, sino que también pondrá a prueba la fortaleza política de un gobierno que apuesta su capital en una victoria legislativa de año fin.
