Aunque consiguió la aprobación general de la ley de Presupuesto para 2026, el oficialismo no logró eliminar normativas fundamentales sobre universidades y discapacidad. La oposición, con una amplia mayoría, rechazó el controvertido capítulo introducido a último momento.
En las primeras horas de la madrugada, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al Presupuesto Nacional para el año 2026, una herramienta que consolida y profundiza el programa de ajuste económico impulsado por la administración ultraderechista. No obstante, el presidente Javier Milei enfrentó un significativo traspié en medio de su victoria parcial: el rechazo legislativo a la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El polémico intento de eliminar estas normativas se encontraba inserto en el capítulo 11 del proyecto, una cláusula incorporada de manera extemporánea por el bloque oficialista. Este movimiento, calificado por varios sectores como una maniobra forzada, fue categóricamente tumbado en el recinto. La oposición, en un hecho destacado, logró torcer la voluntad del Ejecutivo y reunir los votos necesarios para desestimar por completo ese apartado.
La votación reflejó una clara división: los legisladores alineados con el libertarismo y sus socios políticos alcanzaron 117 apoyos, mientras que el bloque opositor congregó 123 votos en contra, a los que se sumaron dos abstenciones, configurando así una mayoría suficiente para frenar la iniciativa gubernamental.
Este capítulo representa el segundo esfuerzo fallido del mandatario por desmantelar dichas leyes. Anteriormente, tras su sanción parlamentaria, Milei había decidido vetarlas apelando al argumento recurrente de la insuficiencia fiscal. Sin embargo, el Congreso utilizó sus atribuciones para reafirmarlas, anulando la objeción presidencial.
Ante ese revés, la estrategia del oficialismo mutó: promulgó las normas pero suspendió inmediatamente su ejecución práctica. No obstante, la Justicia intervino días atrás, con un fallo que compelió al Estado a dar cumplimiento efectivo a la Emergencia en Discapacidad. Frente a este escenario, el gobierno buscó una nueva vía de eliminación a través de la ley presupuestaria, una jugada que finalmente no prosperó.
La derrota parlamentaria en este punto específico marca un límite a la voluntad reformista del Ejecutivo y expone las fisuras en su base de apoyo legislativo. Aunque el Presupuesto 2026, con su orientación general de ajuste, sigue su camino hacia el Senado, la noche dejó en evidencia que el oficialismo no cuenta con carta blanca para avanzar sobre todos los frentes que se propone, especialmente en materia de derechos sociales y educativos.
El episodio refuerza la noción de que, a pesar del control del Ejecutivo, la dinámica parlamentaria exige negociaciones y concesiones, en un contexto donde la oposición demostró capacidad de articulación para defender legislación sensible. El proyecto de ley ahora pasará a la Cámara alta, donde se espera un debate no menos intenso.
