Un fallo judicial revocó el secreto sobre la operación del Banco Central y ordena brindar información detallada. La medida, cuestionada por la oposición y el sindicato bancario, es calificada de interés público fundamental.
En un dictamen de alto impacto, la justicia federal impuso un límite a la opacidad del gobierno de Javier Milei en materia financiera. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de su Sala V, revocó este lunes una sentencia anterior y ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que proporcione información precisa y detallada sobre el destino de las reservas en oro que, durante el pasado mes de junio, fueron extraídas de sus bóvedas y enviadas al exterior. El tribunal subrayó que la administración de las reservas internacionales constituye “un asunto de indudable interés público”.
Este pronunciamiento judicial representa un giro sustancial en un litigio iniciado en septiembre del año pasado por La Asociación Bancaria, entidad gremial liderada por el diputado Sergio Palazzo. En aquella oportunidad, el sindicato interpuso un amparo para acceder a los datos de la transacción, los cuales habían sido clasificados como reservados. Un juez de primera instancia hizo lugar al argumento del BCRA, el cual invocó excepciones legales destinadas a proteger la seguridad del sistema financiero y secretos comerciales.
Sin embargo, esa resolución fue apelada por La Bancaria, que sostuvo que la negativa del organismo monetario carecía de fundamentación concreta. El gremio argumentó que el secreto impedía el control social sobre decisiones con profundo impacto en la economía nacional, la política cambiaria y la credibilidad institucional. Finalmente, la Cámara acogió este planteo, considerando que la mera invocación genérica de un peligro para el sistema, sin una demostración circunstanciada, resulta incompatible con los principios de máxima publicidad y transparencia que rigen el acceso a la información pública.
En diálogo con este diario, Sergio Palazzo celebró la decisión y afirmó: “La justicia nos dio la razón ya que lo que solicitamos bajo ningún punto de vista puede considerarse ‘información sensible’”. El dirigente enfatizó la obligación de todos los funcionarios de brindar cuenta pública de sus actos.
La polémica operación salió a la luz precisamente por el reclamo gremial, lo que forzó al BCRA a reconocer, en septiembre de 2024, que había “completado exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas”, omitiendo precisiones sobre montos y destinos finales. El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó posteriormente la maniobra al señalar que mantener el metal inmovilizado en las bóvedas locales era improductivo, mientras que custodiarlo en el exterior permitiría obtener un retorno financiero para el país.
No obstante, voces críticas como la del exministro Martín Guzmán alzaron reparos, equiparando la operación con un empeño y alertando sobre los riesgos de no poder recuperar el oro si no se contara con los dólares necesarios para rescatar la garantía.
En su fundamentación, los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani determinaron que, pese al deber estatal de proteger las reservas, la reserva total de la información sin una justificación adecuada viola los principios de transparencia y buena fe. En consecuencia, instruyeron al BCRA a suministrar los datos solicitados o, en su defecto, a explicar punto por punto cómo cada aspecto específico de la información comprometería la seguridad financiera.
El fallo enfatiza que el acceso a estos datos resulta esencial para la transparencia de las contrataciones públicas y la publicidad de los actos de gobierno. Mientras el Ejecutivo se ve compelido a despejar las incógnitas sobre el oro, el presidente Javier Milei aseguró, en una entrevista del domingo, que el país honrará sin problemas un vencimiento de deuda externa por 4.300 millones de dólares el próximo 9 de enero, mencionando entre sus alternativas de financiamiento ofertas de operaciones de reporto por 7.000 millones.
