A pesar de que el Presidente admitió que no debió promocionar $LIBRA, cuya operación derivó en enormes pérdidas, se descubrió un acuerdo firmado en la Casa Rosada con el empresario acusado de fraude apenas dos semanas antes del lanzamiento de la cuestionada moneda digital.
En un giro que agrega nuevas capas de complejidad al ya controvertido episodio, el Presidente Javier Milei reconoció públicamente que su decisión de promover en sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA fue un error, aunque defendió sus intenciones originales. El mandatario sostuvo que, en su momento, estaba plenamente convencido de sus actos, pero que retrospectivamente no lo haría. Esta declaración, sin embargo, quedó rápidamente opacada por la divulgación de un documento que compromete aún más la imagen presidencial en el asunto.
El diario Clarín reveló este lunes un acuerdo firmado bajo cláusulas de estricta confidencialidad entre el jefe de Estado y Hayden Davis, el emprendedor estadounidense impulsor de $LIBRA, apenas quince días antes del lanzamiento y posterior colapso de la moneda digital. El encuentro tuvo lugar en la sede gubernamental, y el contrato designa a Davis como asesor del Estado nacional en áreas de vanguardia tecnológica.
Mientras el líder de La Libertad Avanza intentaba distanciarse de las acusaciones de estafa, argumentando en una entrevista televisiva que los inversores asumieron un riesgo consciente y que la justicia estadounidense había liberado los fondos del empresario, este nuevo hallazgo contradice su narrativa de un mero endorsement informal. En su intervención mediática, un visibly alterado Milei insistió en que no existió delito alguno, citando resoluciones extranjeras y responsabilizando a los participantes del mercado criptográfico.
No obstante, el contenido del convenio secreto pinta un cuadro de colaboración institucional mucho más profunda. Davis se comprometió, mediante un texto redactado en primera persona, a brindar acompañamiento profesional para la automatización con contratos inteligentes, la digitalización de documentos públicos, el desarrollo de ecosistemas de innovación y la capacitación en blockchain e inteligencia artificial. El documento, de dos carillas, estipula objetivos concretos como la aplicación de esta tecnología en la administración pública, el registro seguro de archivos oficiales, el fomento de startups y la formación de funcionarios.
Esta revelación socava las afirmaciones presidenciales de haber actuado sin un vínculo formal previo y plantea serios interrogantes sobre la transparencia de las gestiones. La contradicción entre el reconocimiento de un error de comunicación y la existencia de un pacto confidencial suscrito en el corazón del poder ejecutivo genera una profunda perplejidad política y jurídica. La investigación, que avanza tanto en los tribunales argentinos como a petición de los afectados, deberá ahora dilucidar la verdadera naturaleza de esta relación y sus consecuencias.
