Tras una tensa negociación en el Congreso, el oficialismo consiguió la sanción de la Ley de Presupuesto, un objetivo clave exigido por Washington. Aunque debió ceder en un punto conflictivo, adelanta que no cumplirá plenamente con las leyes de Discapacidad y Educación, y prepara una ofensiva legislativa a partir de febrero.
En un desenlace que demandó intensas gestiones y superó varios obstáculos, el Poder Ejecutivo logró su cometido principal: que el Congreso Nacional aprobara el Presupuesto para el año 2026 antes de que finalice 2025. Este triunfo político, celebrado con entusiasmo en la Casa Rosada, cumple con un requerimiento explícito del gobierno de los Estados Unidos y otorga al ministerio de Economía un marco fiscal para enfrentar vencimientos de deuda en los primeros días del año nuevo.
El proyecto de ajuste fiscal sufrió una sola modificación sustancial durante su trámite legislativo: la eliminación del polémico capítulo once, mediante el cual el gobierno buscaba liberarse de la obligación de cumplir con los fondos establecidos por la ley de Emergencia en Discapacidad y la ley de Financiamiento Educativo. No obstante, voceros del oficialismo confirmaron de manera contundente que, a pesar de la decisión del Congreso, buscarán eludir el cumplimiento íntegro de esas normativas. La estrategia alternativa sería ejecutarlas mediante recortes severos en otras áreas clave, una postura que el propio presidente Javier Milei había anticipado al mencionar que se “acomodarán las partidas para tener déficit cero”.
La victoria final se concretó en el Senado, donde la administración de La Libertad Avanza tejió las alianzas necesarias con varios gobernadores, incluidos algunos provenientes del espacio peronista. Esta maniobra permitió evitar que el texto regresara a la Cámara de Diputados, un trámite que hubiera retrasado su sanción y generado incertidumbre financiera. La oposición, aunque logró mantener fuera el capítulo once, no pudo revertir artículos fundamentales que profundizarán el ajuste en los sectores de educación, ciencia y tecnología, y que desfinanciarán el sistema nacional de defensa.
Con el Presupuesto bajo el brazo, el gobierno se declara triunfante y anuncia el inicio de un “segundo momento” parlamentario. A partir de febrero, durante un período de sesiones extraordinarias, planea impulsar la agenda de “reformas estructurales” consensuada en el marco del Consejo de Mayo. Entre los principales ejes figuran una reforma laboral destinada a modificar derechos históricos de los trabajadores, una transformación del sistema tributario, una revisión del código penal que incluiría bajar la edad de imputabilidad y aumentar las penas, y modificaciones a la Ley de Glaciares, las cuales facilitarían la explotación de recursos naturales.
El entorno presidencial ya advirtió que, para compensar el “costo fiscal” de respetar las leyes de Discapacidad y Educación, enviará en el corto plazo nuevos proyectos al Congreso. Además, entre los planes para 2026 se encuentra un renovado intento por ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, tras el fracaso en las nominaciones del juez Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla. Otro proyecto en carpeta es una reforma previsional, cuya discusión estaría supeditada a la previa aprobación de la reforma laboral.
La aprobación de este primer presupuesto de la gestión Milei le otorga un impulso político significativo, aunque también deja al descubierto tensiones latentes dentro de la coalición gobernante. Las diferencias con uno de sus principales aliados, el PRO, persisten tras los conflictos por la designación de los miembros de la Auditoría General de la Nación. En un gesto de distensión, el expresidente Mauricio Macri celebró la sanción de la ley a través de sus redes sociales, agradeciendo el trabajo de su bloque legislativo.
La cúpula gubernamental no ocultó su satisfacción. El presidente Milei publicó un extenso mensaje agradeciendo el “patriotismo” de los senadores y destacando que no hay registro de un presupuesto con equilibrio fiscal aprobado por un espacio no peronista con características similares. Paralelamente, celebró la sanción de la llamada Ley de Inocencia Fiscal, que calificó como “revolucionaria” y una reparación histórica. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, se sumaron a los festejos, este último con un mensaje que cargó contra “una minoría kirchnerista” y culminó con la consigna “¡Argentina va a ser grande nuevamente!”.
