Mediante un decreto presidencial, se transfiere la conducción mayoritaria de la empresa minera a la provincia, poniendo fin a décadas de disputas y consolidando una alianza política clave para el Gobierno nacional en el Congreso.
El Gobierno nacional concretó este lunes la retirada del Estado de la administración de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y transfirió su control integral a la provincia de Catamarca. Esta decisión, oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, responde a un pedido sostenido del gobernador Raúl Jalil y se erige como la contrapartida tangible de un apoyo político decisivo en las Cámaras legislativas.
La firma del presidente Javier Milei y de todo su Gabinete avaló la reforma de la ley fundacional de la empresa, modificando su estructura societaria de raíz. A partir de ahora, la provincia de Catamarca detentará una participación mayoritaria del sesenta por ciento, mientras que la Universidad Nacional de Tucumán conservará el cuarenta por ciento restante. La novedad radical reside en la desvinculación total del Estado nacional, que hasta ahora intervenía directamente en la designación de las autoridades.
El traspaso, gestado tras un acuerdo conciliatorio firmado en diciembre del año pasado, cierra un extenso capítulo de controversias sobre la titularidad y la gestión de YMAD, un organismo creado en 1959 para explorar los ricos yacimientos del área de Belén. Desde la perspectiva oficial, la medida se alinea con la estrategia de reducción de la presencia estatal y de racionalización del gasto público, argumentando que la intervención directa ya no resulta necesaria.
En el plano político, la resolución consolida al mandatario provincial como un interlocutor esencial para la Casa Rosada. Su respaldo fue fundamental para que el Gobierno lograra definir la distribución de fuerzas internas en la Cámara de Diputados, donde el retiro de tres legisladores catamarqueños del bloque peronista contribuyó a relegar a Unión por la Patria a la segunda minoría. Este apoyo se materializó, asimismo, en la aprobación de normas críticas como la Ley de Presupuesto 2025 y la Ley de Inocencia Fiscal durante las sesiones extraordinarias.
En Catamarca, la recepción del anuncio ha sido celebrada por sectores políticos y económicos como un hito histórico que devuelve a la provincia la autonomía sobre un recurso estratégico. Las autoridades locales sostenían que la participación nacional operaba como un corsé que limitaba el impulso de proyectos de inversión y desarrollo productivo en el sector minero.
Con la resolución ya en vigencia, se inicia una nueva etapa para YMAD. Se anticipa que Catamarca, ahora con la representación mayoritaria en el directorio y la presidencia, podrá articular de forma más ágil y directa las políticas de exploración, explotación y comercialización de minerales. Aunque la producción actual de oro en el yacimiento es reducida, el valor del activo es considerado estratégico no solo por su potencial, sino también por la titularidad de vastas extensiones de tierra en una región central para la minería metálica argentina.
De este modo, lo que comenzó como una negociación política concluye con una reconfiguración patrimonial que otorga a Catamarca las riendas de su destino minero, mientras el Gobierno nacional consolida una alianza legislativa a cambio de ceder el control de un activo que, según su visión, ya no requiere de su administración directa.
