Investigadores del CONICET y la UBA denuncian que la posible derogación de la Ley de Tierras favorecería la venta indiscriminada de suelos a capitales foráneos. Incendios en la Patagonia y declaraciones oficiales reavivan el debate sobre el dominio nacional de recursos estratégicos.
La intención gubernamental de poner en venta el territorio nacional lleva tiempo gestándose en los pasillos del poder. Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien hace exactamente un mes afirmó con contundencia que se procedería a “liberar la extranjerización y modificar el uso de suelos rurales” tras los incendios forestales. Aquel anuncio polémico pasó entonces casi desapercibido en medio del fragor político. Sin embargo, con el estallido de las llamas en la Patagonia durante enero, que arrasaron miles de hectáreas, las preocupaciones sobre el destino de esas tierras se intensificaron.
Frente a este escenario, un equipo del CONICET junto a la Universidad de Buenos Aires desarrolló un mapa interactivo denominado “Observatorio de Tierras”. La herramienta permite identificar con precisión las zonas donde ya se supera el límite legal establecido para la venta de terrenos a personas o empresas extranjeras. Matías Oberlin, uno de los integrantes del proyecto, explicó que la iniciativa surgió como respuesta al discurso oficial. “Cuando Adorni anunció con su característico cinismo la liberación de la extranjerización y el cambio de uso de suelos tras incendios, entendimos que teníamos información crucial para compartir con la sociedad”, señaló.
El vocero oficial había justificado las medidas el pasado 9 de diciembre, aludiendo a la necesidad de eliminar “trabas” a la inversión privada extranjera y derogar normativas que, según el Gobierno, obstaculizan la producción. Entre ellas, se encuentra la ley impulsada por el diputado Máximo Kirchner que impedía alterar la actividad productiva de campos incendiados durante décadas.
El mapa interactivo evidencia situaciones alarmantes. Existen cuatro departamentos —Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta— donde la extranjerización supera el 50% del territorio. Estas áreas concentran bienes estratégicos como agua dulce, minerales valiosos y tierras raras. La investigación detalla que, en total, 36 distritos ya exceden el umbral del 15% de tenencia extranjera establecido por la Ley de Tierras sancionada en 2011.
El objetivo gubernamental parece claro: derogar la normativa que protege el dominio nacional sobre las tierras rurales. Esto abriría la puerta a una venta indiscriminada a capitales foráneos, sin considerar el control sobre recursos escasos ni la soberanía territorial. El mapa utiliza un sistema de colores para ilustrar el grado de extranjerización: verde para zonas dentro de la ley, amarillo para aquellas que superan el promedio nacional y rojo donde se viola el límite legal.
La precisión de los datos permite dimensionar la gravedad del fenómeno. Oberlin subraya que esta información “contribuye a generar conciencia, resistencia y organización en cada uno de estos puntos”. La interactividad de la plataforma facilitó el intercambio con organizaciones sociales, como ocurrió en Malargüe, Mendoza. Allí, el 15% de extranjerización equivale a 60.000 hectáreas en manos foráneas, en una zona fronteriza y rica en minerales, donde recientemente se anunciaron proyectos mineros.
Otro dato inquietante surge al comparar superficies: las tierras ya en poder extranjero en todo el país suman alrededor de 13 millones de hectáreas, equivalentes a un tercio del territorio de la provincia de Buenos Aires. Esta cifra expone la magnitud de un proceso que, según los investigadores, carece de paralelos a nivel mundial. “Ningún país permite compras de tierra en zonas fronterizas de esta forma, donde se debilitan los controles estatales”, advirtió Oberlin.
Los incendios patagónicos no son el único factor que reactiva esta discusión. Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre los recursos naturales de América Latina, sumadas a la manifiesta predisposición del gobierno nacional a alinearse con intereses estadounidenses, plantean un escenario preocupante. Si la derogación de la ley avanza, podría eliminarse cualquier marco regulatorio que frene la venta del suelo nacional.
Los académicos señalan que esta problemática se arrastra desde hace décadas, pero nunca antes las intenciones políticas habían sido tan explícitas. La combinación de incendios sospechosos, anuncios oficiales y la herramienta cartográfica desarrollada por científicos alerta sobre un futuro donde la tierra, con sus riquezas y su soberanía, podría quedar a merced del capital extranjero sin más límite que la especulación.
