La Agencia Nacional de Puertos y Navegación asumirá por un año la gestión operativa del puerto fueguino, luego de que una inspección revelara un marcado deterioro en infraestructuras y sistemas de seguridad, agravado por el proyecto de financiar una obra social provincial con sus excedentes.
El Gobierno nacional decretó la intervención del Puerto de Ushuaia, una medida extrema que transferirá al Estado nacional la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal fueguina. La decisión, que entrará en vigor a partir del próximo viernes, se formalizó mediante la Resolución 4/2026 del Boletín Oficial, con la aprobación del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (APYN), Iñaki Miguel Arreseygor. La habilitación del puerto queda suspendida por un plazo inicial de doce meses, período que podría ser extendido.
El origen de esta drástica determinación se remonta a una advertencia formulada por sindicatos portuarios de Tierra del Fuego. Estas entidades gremiales alertaron que la promulgación de la Ley Provincial N° 1596, que crea la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y proyectaba financiarla con los superávit generados por el puerto, pondría en serio riesgo la operatividad, la autonomía financiera y la solvencia institucional de la Dirección Provincial de Puertos. La alarma sindical activó un exhaustivo proceso de inspección entre los meses de septiembre y octubre del año pasado, cuyas conclusiones fueron determinantes.
La evaluación técnica evidenció un cuadro crítico de fallas y deficiencias que comprometen la seguridad y la eficiencia de la principal terminal marítima austral. El informe oficial detalla un grave deterioro estructural del muelle principal, sumado a importantes fallas en los sistemas de seguridad y a carencias significativas en los planes de mantenimiento, la gestión ambiental y la tecnología. Uno de los hallazgos más alarmantes corresponde al exiguo nivel de inversión en infraestructura, que apenas representaba el 1,3% del total de los fondos, destinándose la mayor parte a gastos de personal y servicio de deuda.
Adicionalmente, la inspección constató la ausencia de protocolos formales que regulen la operación simultánea de carga y pasajeros, así como la inexistencia de auditorías y estándares básicos en materia de seguridad de la información. Ante este panorama, las autoridades nacionales consideraron imprescindible asumir el control directo para garantizar la continuidad y la seguridad de los servicios.
La intervención, según se aclaró, se circunscribe de manera exclusiva a la infraestructura portuaria de explotación, maquinaria, equipamientos e instalaciones, comprendiendo todos los espacios terrestres y acuáticos bajo jurisdicción portuaria. Para su ejecución, se designó a la Gerencia de Coordinación Técnica de la APYN como Unidad Ejecutora, facultándola para dictar las normativas operativas indispensables. Esta unidad deberá garantizar el cumplimiento de las directivas de la agencia nacional y elevar informes periódicos sobre su gestión.
Se enfatizó que la medida no conlleva la transferencia del personal ni altera las relaciones laborales vigentes. Los agentes que sean asignados para las tareas de intervención lo harán bajo el régimen de licencia convencional, asegurando la prestación ininterrumpida de los servicios. La resolución establece la notificación formal a todas las instituciones involucradas, incluyendo la Prefectura Naval Argentina, la AFIP, la provincia de Tierra del Fuego y las empresas prestadoras de servicios públicos, a fin de coordinar acciones y evitar afectaciones durante este proceso.
Paralelamente, se dispuso que la Caja Previsional provincial informe sobre el mecanismo para el pago de los aportes de los trabajadores afectados durante el período de intervención. La decisión marca un punto de inflexión en la administración del estratégico puerto de Ushuaia, priorizando su rehabilitación integral ante el conjunto de vulnerabilidades detectadas.
