Mientras las políticas migratorias del oficialismo buscan emular el modelo estadounidense más represivo, las cifras desmienten la retórica alarmista y revelan un operativo más mediático que efectivo.
Mientras en Estados Unidos se multiplican las protestas contra la violencia del Servicio de Control de Inmigración (ICE), el gobierno del presidente Javier Milei avanza en la construcción de un aparato represivo local inspirado en ese mismo modelo. En un clima marcado por declaraciones xenófobas y una campaña comunicacional que celebra las expulsiones, la administración libertaria importa un conflicto ajeno para aplicarlo en suelo argentino, apelando a un relato que vincula migración con delincuencia.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su lugarteniente, Alejandra Monteoliva, han liderado esta ofensiva. A través de un spot de baja producción que evocó —de manera degradada— la estética de la secretaria de Seguridad Nacional de Donald Trump, Kristi Noem, Monteoliva anunció con tono triunfalista la expulsión o inadmisión de “casi 5000 personas” entre diciembre y enero. La funcionaria atribuyó la cifra a un refuerzo de controles y aseguró que se impedirá el ingreso a “extranjeros con antecedentes o que intenten entrar de manera ilegal”, cerrando el mensaje con una frase que banaliza el drama humano: “Calentito el verano”.
Este discurso encontró eco en figuras afines al oficialismo. El influyente libertario Iñaki Gutiérrez afirmó sin pruebas que “el 70 por ciento de los habitantes de las villas son extranjeros que entraron de forma ilegal” y exigió su expulsión inmediata, describiendo al país como un “patio trasero para violadores y homicidas”. Sin embargo, los datos oficiales desmontan categóricamente esa narrativa. Un operativo reciente en Villa Celina, donde se controló a 385 extranjeros, halló solo 16 personas indocumentadas, es decir, un 4.15 por ciento. A nivel nacional, las estadísticas penales indican que solo el 0.3 por ciento de la población migrante residente se encuentra en conflicto con la ley.
En sintonía con la espectacularización del tema, la Policía Federal inició procedimientos que imitan los métodos de la ICE estadounidense, incluso utilizando tecnología biométrica. No obstante, el resultado concreto de estos despliegues ha sido magro: actas a pocos comercios y la detención de cuatro personas por venta de mercadería presuntamente robada. Lejos de las expulsiones masivas publicitadas, a los migrantes indocumentados se los intimó a regularizar su situación.
Este capítulo no es el primero de xenofobia institucional en Argentina. La histórica Ley de Residencia, promovida por Miguel Cané, y las declaraciones estigmatizantes durante la gestión de Mauricio Macri —que habló de “inmigración descontrolada” vinculada al narcotráfico— sentaron antecedentes. Sin embargo, el gobierno actual va más allá: no se limita a retomar viejos prejuicios, sino que importa activamente el estilo y las tácticas de persecución mediática del trumpismo, caricaturizando un problema complejo.
Tras estos anuncios y operativos se vislumbra la creación de una Agencia de Seguridad Migratoria, un proyecto que avanza a pesar de no estar presupuestado y de generar dudas sobre su conformación y financiamiento. Su objetivo declarado es aumentar las deportaciones. Todo indica que será dirigida por Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero y uno de los primeros políticos en sumarse a La Libertad Avanza. Significativamente, esta agencia dependerá del Ministerio de Seguridad, no del de Interior, confirmando que, para el oficialismo, la migración es fundamentalmente una cuestión de orden público y no un fenómeno social integral.
Así, entre spots efectistas, datos que contradicen el relato oficial y una agenda que prioriza la represión sobre la integración, Argentina asiste a la gestación de una política migratoria que replica los peores ejemplos internacionales, con un costo social aún incalculable.
