Bajo el argumento de combatir la «desinformación», la administración de Javier Milei crea una oficina estatal que replicará en plataformas digitales la estrategia de confrontación mediática del kirchnerismo y emulará el modelo de ataque a periodistas impulsado por Donald Trump.
En un movimiento que intensifica su choque frontal con los medios de comunicación, el Gobierno Nacional inauguró este jueves una «Oficina de Respuesta Oficial», un organismo dedicado a contrarrestar lo que denomina «operaciones» y «falsedades» de la prensa y la oposición política. La iniciativa, presentada como un bastión contra la mentira, reactiva en el entorno digital la dinámica de confrontación que caracterizó al programa oficialista «6,7,8» durante los años del kirchnerismo.
A través de la cuenta @RespOficial_Arg en la red social X, el nuevo ente estatal afirmó que su misión primordial será «desmentir activamente la mentira» y exhibir las maniobras de «los medios y la casta política». La oficina, que en la plataforma solo sigue al presidente Milei, sostuvo que su filosofía se basa en «combatir la desinformación brindando más información», una práctica que, según alega, constituye «todo lo contrario» a la censura que atribuye a gobiernos de izquierda.
«Estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración», rezaba un comunicado difundido por la flamante cuenta. La responsabilidad de dirigir la oficina recaerá en Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe, director nacional de Comunicación Digital.
Este proyecto traslada la denominada «batalla cultural» a las redes sociales, un escenario distinto al elegido por las gestiones de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, quienes apostaron por un panel televisivo en la Televisión Pública para, según su visión, «desarmar» las narrativas de las grandes corporaciones mediáticas. Pese a las críticas por episodios considerados hostiles hacia la prensa, el oficialismo insiste en que la oficina «no busca convencer ni imponer una mirada», sino permitir que los ciudadanos «distingan hechos de operaciones y datos de relatos».
La creación de este organismo se inscribe en un contexto de agravios constantes del presidente hacia periodistas y medios, una retórica que ha trascendido el ámbito digital. Se han registrado denuncias penales contra comunicadores, y el proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo envió al Congreso propone la eliminación del Estatuto del Periodista, una medida que sindicatos del sector califican como un ataque directo a sus derechos laborales.
Minutos después del anuncio, el propio Javier Milei celebró la medida en su cuenta de X, describiéndola como una herramienta «para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios». El ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó al elogio con un contundente «Excelente iniciativa».
Analistas señalan que la estrategia encuentra un claro espejo en la política comunicacional del expresidente estadounidense Donald Trump. Poco después de asumir en 2017, Trump calificó a los medios como «enemigos del pueblo» y posteriormente instituyó una agresiva maquinaria de «respuesta rápida» desde la Casa Blanca. Su administración implementó políticas restrictivas para la prensa en conferencias, amenazó con retirar licencias de transmisión a medios críticos y emprendió una serie de demandas judiciales por difamación contra grandes cadenas.
El paralelismo se acentúa al observar que, recientemente, el allanamiento ordenado por el FBI al domicilio de una periodista del Washington Post fue condenado por asociaciones de prensa como un acto de intimidación que amenaza los derechos consagrados en la Primera Enmienda.
Con esta oficina, el gobierno de Milei consolida un enfoque que fusiona la herencia de la polarización mediática local con el manual de guerra cultural importado de los círculos trumpistas, planteando un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Estado y la prensa libre en la Argentina.
