El miércoles, una multitud convergerá frente al Congreso en rechazo al proyecto oficialista. La central obrera priorizó la movilización masiva, aunque en su seno persisten voces que reclaman medidas más contundentes.
Tras un prolongado y arduo debate interno, el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió convocar a una marcha y concentración de carácter “multitudinario y contundente” para el próximo miércoles, día en que el Senado nacional comenzará a debatir el polémico proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno. La manifestación central tendrá lugar frente al Palacio Legislativo, replicándose simultáneamente ante las casas de gobierno provinciales en un claro intento por ejercer presión sobre los mandatarios regionales y sus representantes en el Congreso.
El triunviro Jorge Sola, titular del gremio de seguros, fue enfático al señalar que el objetivo es expresar un “rechazo total y absoluto” a una iniciativa que, a juicio de la central obrera, “ataca y cercena” los derechos laborales y sindicales históricos. Durante la reunión del consejo, aunque surgieron propuestas para un paro general, finalmente prevaleció la postura de la conducción, respaldada por los sindicatos de mayor envergadura. Sola fundamentó esta decisión subrayando que la disputa “no se termina en la sesión de la próxima semana”, adelantando que el plan de acción sindical se extenderá en el tiempo.
En conferencia de prensa, el dirigente repasó la intensa agenda desplegada en las últimas semanas, que incluyó reuniones con más de una decena de gobernadores, legisladores nacionales e intendentes. Sin detallar los frutos concretos de esas gestiones, Sola caracterizó la resolución de este conflicto como una cuestión “más política que gremial”, instando públicamente a senadores y diputados a definir si defenderán “los intereses de los trabajadores o un proyecto político ajeno”.
La convocatoria está fijada para el mediodía del miércoles, con una concentración masiva programada para las tres de la tarde en las inmediaciones del Congreso. Andrés Rodríguez, de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), precisó que la intención no es un mero acto de presencia, sino permanecer para “hacer sentir la presión” a los legisladores durante el debate, apoyando a quienes acompañen la posición sindical y cuestionando a los oficialistas.
No obstante, el consenso dentro de la CGT no fue unánime. Osvaldo Lobato, secretario gremial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), planteó con firmeza la necesidad de acciones más duras en defensa de los sectores industrial y textil, los más golpeados por las políticas económicas actuales. Anunció que su gremio realizará un paro de actividades para facilitar el traslado de sus afiliados a la plaza, una decisión que el consejo directivo optó por permitir, concediendo libertad de acción a cada organización. Lobato también recordó que el Frente Sindical Unido (FreSU) —una disidencia interna que impulsó la UOM— realizará una movilización en Rosario el martes previo.
A su turno, Sebastián Maturano, secretario de Juventud de la central, propuso irónicamente un paro de 48 horas, preguntando si existía un “ranking” que definiera qué resultado en el Senado justificaría una medida de fuerza de esa magnitud. Sus palabras provocaron risas y algunos aplausos, pero no alteraron lo ya decidido.
La movilización del miércoles no será un acto solitario de la CGT. La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), tanto la Autónoma como la de los Trabajadores, confirmaron su adhesión con un paro y una columna propia que convergerá frente al Congreso. Se espera también la participación de organizaciones sociales, de jubilados, científicos y sectores de la salud, conformando una amplia coalición de descontento frente a las políticas oficiales.
La jornada promete reunir una multitud significativa en un momento político crucial. La pregunta que flota en el aire, y que los dirigentes sindicales lanzaron a la opinión pública, es si los legisladores escucharán el clamor de las calles o si, por el contrario, sancionarán una norma que los trabajadores consideran una regresión histórica en sus conquistas.
