El convenio comercial con la administración Trump compromete a la Argentina a intensificar la protección de la propiedad intelectual, apuntando a transmisiones ilegales de fútbol y a la venta de productos falsificados, en un marco de marcada asimetría en las exigencias mutuas.
La reciente divulgación del texto oficial del pacto comercial entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump ha vuelto a poner en evidencia la notoria disparidad en las obligaciones contraídas por cada nación. Frente a una veintena de peticiones argentinas satisfechas, los Estados Unidos han logrado incluir más de un centenar de requerimientos que vinculan al país. Entre estas cláusulas, una sobresale por su claridad: el combate frontal contra la piratería digital, con especial foco en las emisiones no autorizadas de eventos deportivos, conocidas popularmente como Fútbol Libre o Magis TV.
El documento suscrito por los representantes de ambos países estipula que la Argentina deberá “establecer un estándar robusto de protección de la propiedad intelectual” y desplegar “mecanismos eficaces” para su aplicación en los ámbitos civil, penal y aduanero. El objetivo declarado es “combatir y disuadir” toda infracción o apropiación indebida, incluso en el entorno digital. Esta exigencia coloca al Estado en la primera línea de una batalla legal y tecnológica contra la piratería, una lucha que ya cuenta con antecedentes judiciales significativos en el ámbito local.
Durante el último año, la denominada Alianza Contra la Piratería Audiovisual ha encabezado diversas iniciativas legales. Un hito relevante se produjo a mediados de 2023, cuando, a pedido de la empresa DirecTV, un juez ordenó el bloqueo de treinta portales que retransmitían contenidos sin autorización. El fenómeno escaló en 2024 con la detención –posteriormente revertida– de un joven mendocino de 23 años, señalado como operador de más de cincuenta sitios dedicados a la transmisión ilícita de partidos de fútbol.
Sin embargo, el acuerdo bilateral no se limita al mundo virtual. Otro aspecto subrayado con intensidad es la persecución de los centros de distribución de mercadería falsificada, comúnmente llamados ferias o “saladitas”, donde se comercia con indumentaria de marcas adulteradas. El texto compromete al gobierno a “incrementar el número de allanamientos e incautaciones efectivas” en estos mercados notorios. No obstante, en el mismo apartado se retorna al plano digital, vinculando directamente la propiedad intelectual con las retransmisiones deportivas clandestinas.
En una sección específica sobre “Cuestiones adicionales de propiedad intelectual”, la Argentina se obliga a “investigar y promover acciones penales contra operadores de sitios web con base en el país que participen en piratería de derechos de autor a escala comercial”. Esta disposición señala directamente a plataformas como Fútbol Libre, Xuper Tv o Magis TV, que ofrecen sin licencia los partidos de la Primera División del fútbol argentino y otros eventos.
El acuerdo exige, además, la implementación plena del Convenio de Berna, un tratado internacional que sirve de pilar fundamental para la protección de la propiedad intelectual. Este instrumento ha sido esgrimido repetidamente por los titulares de derechos deportivos en sus demandas judiciales. De hecho, en marzo de 2023, el juez Marcelo Bruno Dos Santos basó parte de su fallo –que ordenó el bloqueo de treinta sitios de streaming ilegal– precisamente en el Convenio de Berna y en la Ley de Propiedad Intelectual 11.723.
La ofensiva contra estas aplicaciones ya ha tenido manifestaciones concretas. Diversas resoluciones judiciales han decretado el bloqueo permanente de Magis TV y Xuper TV, acusadas de distribuir contenidos protegidos sin autorización. Estas determinaciones fueron respaldadas por acciones de gigantes tecnológicos: Amazon las retiró de su catálogo para Fire TV y Google las eliminó de Play Store, restringiendo así su descarga masiva.
El núcleo del conflicto radica en la operación al margen de la ley de estas plataformas, las cuales ofrecen un amplio catálogo de estrenos, series y canales en vivo sin realizar los pagos correspondientes por derechos de transmisión ni establecer acuerdos con los titulares legítimos, como Netflix, Disney+ o HBO. Este modelo, que evade por completo el marco legal de la propiedad intelectual, se encuentra ahora en el centro de una presión reforzada por compromisos internacionales, marcando el inicio de una etapa de mayor exigencia en la persecución de la piratería audiovisual en el país.
