Mientras el presidente Javier Milei disfrutaba de los halagos de Donald Trump en la capital estadounidense, la Argentina se detenía por completo. Un contundente paro nacional convocado por la CGT y el Frente Sindical Unido paralizó el país en rechazo al proyecto de ley que, según los gremios, pretendía dinamitar décadas de conquistas laborales. Con una adhesión cercana al 90%, la huelga no solo vació fábricas y transportes, sino que dejó al desnudo la profunda grieta entre un gobierno que celebra en el exterior y una sociedad que se moviliza en las calles para defender sus derechos.
La imagen no pudo ser más paradójica. Mientras en Washington DC, Javier Milei recibía palmadas en la espalda y gestos de complicidad por parte del expresidente Donald Trump, en Buenos Aires el silencio de las fábricas y la quietud de las estaciones de tren relataban una historia muy distinta. El cuarto paro general desde que la gestión libertaria desembarcó en la Casa Rosada se convirtió en el más contundente de la era Milei, transformando la geografía urbana en un escenario de protesta masiva que tuvo su epicentro en las puertas del Congreso de la Nación.
La medianoche del miércoles funcionó como el pistoletazo de salida para una jornada de fuerza inédita. Los colectivos detuvieron su marcha, los aviones quedaron en tierra y las líneas de subterráneo se apagaron, dando paso a una madrugada poblada de cacerolas y ruidazos en las esquinas de la Ciudad de Buenos Aires. Aquellos primeros compases de descontento popular anticipaban lo que sería una jornada histórica: un acatamiento que superó con creces a las anteriores medidas de fuerza impulsadas por la central obrera.
La Confederación General del Trabajo (CGT) había diagramado una huelga de alcance federal, pero la dinámica de la protesta desbordó sus propios esquemas. El Frente Sindical Unido (FreSU), liderado por figuras de peso como Abel Furlán al frente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), decidió dar un paso más allá y convocó a una marcha hacia el Palacio Legislativo. «No existe otro sendero que no sea el de la confrontación para modificar esta realidad que nos lastima», disparó Furlán ante una multitud, mientras planteaba la necesidad de endurecer el plan de lucha con un hipotético paro de 36 horas para cuando el proyecto regrese al Senado.
En la vereda de enfrente, la administración nacional intentó sin éxito desactivar el poder de fuego sindical. Las amenazas a los gremios del transporte, particularmente a La Fraternidad y la UTA, con posibles sanciones por violar conciliaciones obligatorias en sus disputas paritarias, chocaron contra la realidad de unas bases que, golpeadas por la recesión y el ajuste, reclamaban con urgencia esta medida. La adhesión de la UTA, especialmente crucial en el interior del país, terminó de sellar el éxito de la jornada.
El cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate, que arrojó a 920 familias a la calle, operó como un catalizador del malestar y un símbolo de lo que los sindicatos definen como el desmantelamiento del tejido productivo. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, utilizó ese ejemplo para graficar la emergencia: «Esos despidos se suman a los 400 argentinos que por día engrosan las filas de la desocupación o la precarización laboral». En su análisis, Sola defendió la histórica vocación de diálogo de la central obrera, pero justificó la medida ante «la sordera del gobierno frente al reclamo por la caída del salario, el desempleo y la destrucción del entramado social».
La respuesta oficial no se hizo esperar, aunque llegó teñida de la misma lógica economicista que caracteriza al discurso liberal. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó la huelga como «extorsiva» y, en un cálculo rápidamente replicado por grandes corporaciones mediáticas, estimó un costo de 600 millones de dólares para las arcas del país. La réplica sindical, sin embargo, contraatacó con números propios: «Ellos hablan de 600 millones, pero el artículo 163 de su reforma laboral busca reducir las contribuciones patronales en 3 mil millones de dólares y desfinanciar el sistema previsional con otros 3 mil millones. Son 6 mil millones que quieren transferir al sector financiero a costa de los trabajadores», retrucó Sola, dejando en claro que el costo de la protesta era ínfimo comparado con el costo social del proyecto oficial.
Pero quizás el capítulo más hirviente de la jornada no se escribió en el ring oficialismo-sindicalismo, sino puertas adentro del propio campo popular. La CGT aprovechó la tribuna para ajustar cuentas con el peronismo, o más precisamente, con aquellos gobernadores que, en su afán de acercarse a la Casa Rosada, han viabilizado el debate de la reforma en el Congreso. Las críticas de Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, fueron un misil directo a la línea de flotación de mandatarios como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba).
«Hay inescrupulosos y traidores que desde sus provincias se hacen los distraídos mientras sus diputados votan en contra de los trabajadores», lanzó Jerónimo, sin necesidad de usar nombres propios para que todos los presentes en el salón Felipe Vallese supieran a quiénes señalaba. El dirigente fue más allá y advirtió que se acabó la tolerancia con aquellos que «asumen cargos de gestión pero le dan la espalda al pueblo». En un giro que presagia una nueva etapa en la relación del movimiento obrero con la política, Jerónimo anticipó que «el peronismo volverá a construir una alternativa, y el movimiento obrero será parte y protagonista de esa reconstrucción para ofrecerle una nueva oportunidad a los 47 millones de argentinos».
En la misma sintonía se expresó Octavio Argüello, referente de los camioneros, quien reivindicó el rol de la CGT como «columna vertebral del movimiento nacional y popular» y envió un mensaje directo a los legisladores: «No traicionen más a su pueblo, porque el pueblo tiene memoria y no olvida».
Mientras los discursos resonaban en la sede cegetista, en las inmediaciones del Congreso la tensión crecía. Las fuerzas de seguridad al mando de la ministra Patricia Bullrich se preparaban para un nuevo capítulo de represión, en una noche que prometía ser larga. La reforma laboral, que pretende según los gremios «flexibilizar hasta convertir en esclavos a los trabajadores», seguía su curso en el recinto, pero los sindicatos ya habían lanzado una advertencia clara: esto recién comienza.
