La Secretaría de Trabajo ultima los detalles de la sanción económica que recaerá sobre UTA y La Fraternidad tras quebrantar las conciliaciones obligatorias vigentes, en un giro estratégico que abandona la idea inicial de retirar la personería gremial.
En las oficinas de Balcarce 50, los equipos técnicos dependientes de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, comandada por Julio Cordero, ajustan los últimos cálculos para determinar el monto exacto de la multa que deberán afrontar las organizaciones sindicales del transporte que secundaron la medida de fuerza dispuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT) el pasado jueves. La sanción económica encuentra su fundamento en el quebrantamiento de las conciliaciones obligatorias que pesaban sobre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad, dos gremios que decidieron plegarse a la protesta contra el proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
La decisión gubernamental representa un viraje respecto de la postura inicialmente anunciada, que contemplaba la posibilidad de avanzar con la quita de la personería gremial. Fuentes con despacho en la Casa Rosada explicaron que el cambio de rumbo obedece a una cuestión de efectividad y celeridad: el procedimiento para revocar el estatus jurídico de un sindicato implica un recorrido burocrático extenso y con alta probabilidad de terminar enredado en presentaciones judiciales que dilatarían cualquier tipo de sanción. La multa, en cambio, permite una respuesta más ágil y concreta.
«Esto no se trata de revancha ni mucho menos de venganza», aclaró un vocero de absoluta confianza del oficialismo en diálogo con este medio. «Lo que buscamos es instalar un precedente claro: incumplir una conciliación obligatoria es una falta grave. Los gremios están acostumbrados a hacer lo que quieren sin que nadie les diga nada, y eso se terminó. Tienen que cumplir la ley como cualquier ciudadano», enfatizó la misma fuente.
El conflicto venía gestándose desde semanas atrás. La Secretaría de Trabajo había notificado preventivamente a las entidades sindicales acerca de las consecuencias que acarrearía cualquier acción directa durante el período de conciliación. En comunicados oficiales, el área dependiente del Ministerio de Capital Humano había sido taxativa: «La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia». Pese a las advertencias, tanto UTA como La Fraternidad resolvieron sumar sus adhesiones al paro general convocado por la central obrera.
Los números que manejan los técnicos de la cartera que conduce Sandra Pettovello, una de las funcionarias más reivindicadas por el presidente Javier Milei, surgen de una ecuación que pondera la cantidad de trabajadores que cesaron sus actividades durante la jornada de protesta. La medición intenta reflejar el perjuicio ocasionado tanto a los usuarios del transporte como al sistema productivo en su conjunto. «Una multa va a doler más que cualquier otro tipo de sanción», sostienen en las inmediaciones del despacho presidencial. «La idea es que sea elevada pero justa, que guarde proporción con el daño que generaron», ampliaron las mismas fuentes para justificar el cambio de estrategia.
El análisis jurídico del caso pone de relieve que ambos gremios se encontraban en situación de violación de procedimientos vigentes. En el caso de UTA, la conciliación obligatoria había sido dictada el pasado 10 de febrero y se extiende hasta el día 26 de este mes. La medida se originó a raíz del anuncio de paros en el interior del país por parte del gremio que conduce Roberto Fernández, en el marco de una pulseada salarial con las cámaras empresarias. Por su parte, La Fraternidad, liderada por Omar Maturano, había recibido la notificación de conciliación el 4 de febrero, por idéntico plazo, con vencimiento precisamente el mismo jueves de la medida de fuerza.
A pesar de que la amenaza de retirar la personería gremial quedó por ahora en suspenso, en la administración libertaria no descartan retomar esa vía si los sindicatos desoyen el pago de la multa. La nueva hoja de ruta fue diseñada en conjunto con la Secretaría de Transporte, que sugirió aplicar primero una sanción económica y dejar la pena máxima como última instancia. «Es una nueva oportunidad para que los gremios demuestren si están dispuestos a adecuarse a las reglas», explicaron en Balcarce 50. «Si vuelven a desconocer las autoridades y se niegan a pagar, retomaremos el camino de la quita de la personería sin dudarlo», advirtieron.
En la Casa Rosada evaluaron con satisfacción el desarrollo de la jornada de protesta. Si bien el paro afectó parcialmente el funcionamiento del transporte, especialmente en horas de la mañana, fuentes oficiales destacaron el «bajo acatamiento» de la convocatoria. Un interlocutor con acceso directo al Presidente se mostró particularmente autocomplaciente: «Fue un paro muy tranquilo, no tuvo la contundencia que esperaban». El mismo vocero atribuyó la escasa movilización a la imposibilidad de la CGT para congregar a las bases con la fuerza de otros tiempos. «Diría que los trabajadores entienden el momento histórico que atravesamos, pero la verdad es que los dirigentes ya no pueden juntar gente como antes», reflexionó.
El proyecto de reforma laboral, que obtuvo media sanción en Diputados y aguarda ahora su tratamiento en el Senado, sufrió modificaciones durante el debate parlamentario. La más significativa fue la eliminación del artículo 44, referido a las licencias médicas, un punto que generaba fuertes resistencias en distintos sectores. Pese a ese recorte, el núcleo central de la iniciativa permanece intacto y el oficialismo confía en que logrará la sanción definitiva.
Mientras tanto, en los pasillos del Ministerio de Capital Humano ultiman los detalles del cálculo final. La multa, aseguran, será ejemplificadora. Los gremios, por su parte, ya anticiparon que judicializarán la medida en cuanto sea notificada. El pulso entre el Gobierno y las organizaciones sindicales acaba de ingresar en un nuevo capítulo, con la certeza de que la letra chica de la ley será esta vez el campo de batalla donde se dirimirán las tensiones.
