En una jornada marcada por el anuncio de un paro de la CGT sin movilización y una violenta represión a los gremios combativos que marchaban al Congreso, el oficialismo logró este miércoles la aprobación en general del proyecto de modernización de las leyes del trabajo. La votación, que contó con 135 apoyos contra 115 rechazos, estuvo signada por intensas negociaciones que derivaron en la eliminación de un polémico artículo y en un fuerte cruce de acusaciones entre los bloques. El texto vuelve ahora al Senado en un proceso contrarreloj.
En una jornada políticamente incandescente, donde el ruido de los gases lacrimógenos en las inmediaciones del Palacio Legislativo se mezcló con el bullicio de la política parlamentaria, La Libertad Avanza (LLA) cosechó un triunfo clave para la gestión libertaria. Mientras las fuerzas de seguridad dispersaban con dureza a los sectores sindicales más combativos que se congregaban en las puertas del Congreso, en el interior del recinto de Diputados se consumaba la media sanción de la ambiciosa reforma laboral. La iniciativa, que modifica aspectos centrales del mundo del trabajo, logró sortear el primer gran escollo legislativo gracias al acompañamiento de legisladores provinciales que responden a mandatarios peronistas y a los partidos de la alianza opositora tradicional.
El resultado de la votación en general fue contundente dentro del hemiciclo: 135 papeletas positivas se impusieron sobre 115 negativas, sin que se registraran abstenciones. La coalición gobernante sumó los votos de sus socios naturales del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el MID, a los que se añadieron los de espacios federales como Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y algunas voces monobloquistas. Este armado transversal le permitió al oficialismo construir una mayoría sólida, aunque el camino estuvo lejos de ser sencillo.
Uno de los momentos más críticos de la negociación previa fue la eliminación del artículo 44, una cláusula que había encendido las alarmas entre los aliados. El texto original establecía que quienes sufrieran una dolencia o accidente fuera del ámbito laboral percibirían únicamente la mitad de su remuneración básica durante un período de hasta seis meses. La presión de los bloques dialoguistas forzó al partido gobernante a retirar ese punto del proyecto en comisiones, una concesión que destrabó el camino hacia la sesión. El quórum se alcanzó con 130 legisladores presentes, un número justo que reflejó la fragilidad de la coalisión pero también su capacidad operativa.
Durante el extenso debate, que se prolongó hasta pasadas las nueve de la noche, el clima en el recinto fue de máxima tensión. El peronismo, nucleado en Unión por la Patria, intentó sin éxito dar marcha atrás con el tratamiento del proyecto. Cerca de las 21.20, el diputado Marcelo Mango solicitó una moción para enviar la reforma previsional a comisión, un movimiento sorpresivo que tomó desprevenidas a las autoridades de la Cámara. Mientras el titular del cuerpo, Martín Menem, y la diputada Silvana Guidici estiraban los tiempos para garantizar el quórum necesario, un grupo de legisladores opositores se abalanzó sobre el estrado en señal de protesta.
Los incidentes no quedaron ahí. Durante una de las discusiones por el plan de labor, la diputada Florencia Carignano protagonizó un momento insólito al desconectar los micrófonos de los taquígrafos, impidiendo el registro de los debates. La medida fue interpretada como un gesto desesperado por frenar el avance de la votación, pero no logró su cometido. En paralelo, las miradas estaban puestas en los diputados provinciales, aquellos con vínculos directos con gobernadores justicialistas como Osvaldo Jaldo de Tucumán y Raúl Jalil de Catamarca, quienes fueron duramente interpelados por la bancada opositora.
Desde el bloque Provincias Unidas, que sufrió la ausencia de tres legisladores cordobeses —entre ellos Juan Schiaretti—, la postura mayoritaria fue la negativa, aunque hubo una excepción significativa: el rionegrino Sergio Capozzi, cercano al denominado Consejo de Mayo, anunció su respaldo a la iniciativa. Voces de la oposición más dura anticiparon que la norma, una vez sancionada, enfrentará un alto riesgo de judicialización por parte de los sectores gremiales y constitucionalistas.
En los fundamentos del debate, el diputado oficialista Lisandro Almirón defendió el espíritu de la reforma al calificar la normativa vigente como «una barrera infranqueable para la registración del empleo formal». En su rol de miembro informante, justificó los cambios en la necesidad de adaptar la legislación a los nuevos tiempos, aunque aclaró que el polémico artículo 44 había sido desestimado tras escuchar los aportes de todas las fuerzas políticas. La oposición le reprochó haber leído su discurso, una práctica prohibida por el reglamento de la Cámara.
El jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, lanzó una dura crítica contra los legisladores que facilitaron el quórum y los votos necesarios. Con ironía, habló de «packs legislativos» ofrecidos a cambio de favores, evocando oscuros episodios de la historia parlamentaria como el escándalo de la Banelco en el año 2000. En la vereda opuesta, el diputado Pablo Outes, de Innovación Federal, defendió su voto positivo argumentando que las provincias del interior han sido históricamente postergadas en favor de los grandes centros urbanos.
La discusión también dejó espacio para las críticas de fondo. El radical Martín Lousteau lamentó que el dictamen no abordara preguntas esenciales sobre el rol de los sindicatos en el siglo XXI o el impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales. Su compañero Esteban Paulón puso el foco en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), advirtiendo sobre el riesgo de que recursos destinados a futuras jubilaciones terminen financiando indemnizaciones presentes. En tanto, la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, apuntó contra los cerebros técnicos de la reforma, el ministro Federico Sturzenegger y la jefa de senadores de LLA, Patricia Bullrich, a quienes acusó de querer «arrasar con lo poco que tenemos».
Con la media sanción en el bolsillo, el proyecto retorna ahora al Senado, donde el oficialismo deberá repetir la proeza antes del 28 de febrero para convertirlo en ley. La Cámara alta ya convocó a un plenario de comisiones para iniciar el tratamiento, en un escenario que promete reeditar las mismas tensiones y alianzas. La pregunta que flota en el ambiente político es si el frágil equilibrio de poderes logrado en Diputados podrá sostenerse en la recta final del proceso legislativo.
