En medio de la crisis que atraviesa la obra social provincial, el intendente Martín Perez reveló que el sistema de salud municipal destinó más de $3.000 millones en el último año para atender a afiliados de OSEF, y denunció una «operación política berreta» para desviar el foco de la responsabilidad estatal.
En un contexto de creciente tensión institucional por el colapso financiero de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), el intendente de Río Grande, Martín Perez, salió al cruce de las versiones que circulan en la esfera pública y expuso con crudeza los números que sostienen la atención sanitaria en la ciudad. El jefe comunal no solo defendió la gestión municipal, sino que puso sobre la mesa una realidad incontrastable: el sistema de salud local se ha convertido en un pilar fundamental para los vecinos, incluyendo a aquellos que dependen de la cuestionada obra social provincial.
En declaraciones formuladas a Radio Provincia, el mandatario detalló el monumental esfuerzo que realiza la comuna para garantizar las prestaciones médicas. Según precisó, durante el último ejercicio se invirtieron más de 10.000 millones de pesos en el entramado sanitario riograndense, una cifra récord que evidencia la prioridad otorgada a la materia. Lejos de tratarse de una atención exclusiva para los contribuyentes municipales, Perez reveló que una porción sustancial de esa inversión se fuga hacia la cobertura de los afiliados de OSEF, en un acto de solidaridad administrativa que, según su visión, no ha sido debidamente valorado.
«El año pasado, desde todos los centros de atención que dependen del Municipio, otorgamos 272.322 prestaciones de salud. La magnitud de esta cifra cobra verdadera dimensión cuando se analiza su composición: cerca del 30 por ciento de esas atenciones fueron para personas que, en rigor, deberían ser cubiertas íntegramente por la obra social de la provincia», explicó el intendente, graficando así la permeabilidad de un sistema que termina absorbiendo las deficiencias ajenas. Traducido a términos económicos, ese esfuerzo representa una partida superior a los 3.000 millones de pesos que las arcas municipales volcaron para atender a afiliados de OSEF, un desembolso que Perez calificó como una muestra inequívoca de la vocación de su gestión por anteponer la salud de los ciudadanos por encima de cualquier disputa o compartimento estanco.
Sin embargo, la predisposición al diálogo y la colaboración tiene un límite, y ese límite es la manipulación de la realidad. En las últimas jornadas, comenzaron a resonar en el ambiente político ciertas insinuaciones que buscaban instalar al Municipio de Río Grande como un actor responsable, o al menos concurrente, en la grave crisis que azota a la obra social fueguina. Ante esto, la respuesta del jefe comunal fue tajante y sin rodeos. «Han montado una operación política muy berreta, de esas que pretenden confundir a la opinión pública, queriendo hacer creer que el municipio de Río Grande es el culpable de la situación que hoy padece OSEF», disparó Perez, desactivando con vehemencia lo que considera una cortina de humo.
El intendente fue más allá en su diagnóstico y redirigió la mirada hacia el verdadero origen del problema. A su juicio, la abultada deuda del organismo provincial no es más que el resultado de años de negligencias y mala praxis administrativa. En este sentido, puso el foco en un dato que consideró esclarecedor: «El 82 por ciento de la deuda acumulada por OSEF corresponde a organismos que dependen directamente del Estado provincial». Es decir, la propia casa matriz es la principal deudora, un oxímoron financiero que evidencia una gestión al borde del colapso. Por ello, Perez exigió la realización de una auditoría integral y profunda que permita deslindar responsabilidades y determinar cómo se llegó a esta situación límite.
Consultado sobre la demora en la concreción del convenio prestacional, un acuerdo necesario para ordenar la relación financiera y asistencial entre el Municipio y la obra social, Perez fue contundente al señalar una intencionalidad política detrás de la dilación. «No me cabe la menor duda. Es clara la operación que han tejido con ciertos sectores, cuyos intereses y lealtades son de público conocimiento», aseguró, en alusión a las tensiones que subyacen en la relación con la Casa de Gobierno.
Pese al tono de denuncia y la firmeza en el reclamo, el mensaje final del intendente de Río Grande dejó una puerta abierta a la esperanza y la cooperación. En un contexto donde la salud de la población no puede esperar los tiempos de la política, Perez reafirmó la postura de su administración. «Desde el Municipio tenemos absolutamente toda la disposición para trabajar de manera conjunta, para remar todos para el mismo lado y sacar adelante la salud de nuestra gente. Ese es nuestro único objetivo y a eso nos vamos a seguir dedicando», concluyó, dejando la pelota del lado de la provincia y a la espera de gestos concretos que permitan despejar las sombras de la «operación política» y sentarse a resolver la emergencia sanitaria que afecta a miles de fueguinos.
