En el marco de una nueva conmemoración del Día de la Memoria, agrupaciones defensoras de los derechos humanos elevaron una iniciativa ante el cuerpo legislativo local para modificar la denominación de un conjunto habitacional que actualmente homenajea a un militar señalado por su accionar durante la última dictadura cívico-militar, proponiendo en su lugar el nombre de una educadora asesinada en los albores de la democracia.
En una jornada signada por la reflexión y el reclamo de justicia, el Concejo Deliberante se convirtió en el escenario de una propuesta que busca reescribir un capítulo de la toponimia local. Durante la sesión especial convocada por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron un proyecto que pretende modificar el nombre del barrio Almirante Carlos Robacio, un sector de la ciudad que hasta ahora rendía tributo a quien fuera una figura clave en el ámbito castrense durante los años del terrorismo de Estado.
La iniciativa, que generó un profundo debate en el recinto, propone sustituir la actual denominación por la de María Angélica Rojas, una docente cuya vida fue brutalmente segada en diciembre de 1983, apenas días después de la restauración democrática. El trágico episodio ocurrió frente al casino de Oficiales, en la intersección de las calles San Martín y Espora, donde un soldado le quitó la existencia, un crimen que conmocionó a la sociedad fueguina y que, para los impulsores del cambio, permanece como una herida abierta que demanda reconocimiento.
Los representantes de los organismos de derechos humanos fueron enfáticos al señalar la incongruencia de mantener un monumento simbólico a un militar cuyo desempeño al frente del Batallón de Infantería de Marina N.º 5 (BIM5) estuvo intrínsecamente vinculado a la represión ilegal. En sus argumentaciones, subrayaron que la figura del almirante Robacio no puede desligarse del contexto histórico que atravesó la provincia, sosteniendo con firmeza que el militar no podía desconocer los hechos atroces que silenciaron a toda una generación de riograndenses. “Robacio no podía desconocer lo sucedido que calló toda la sociedad de Río Grande”, manifestaron en su exposición, dejando en evidencia la complicidad estructural que, a su juicio, torna inapropiado cualquier homenaje en el espacio público.
La propuesta no solo apunta a reparar una deuda histórica en el nomenclador urbano, sino que busca colocar en el centro del debate público la figura de María Angélica Rojas. Los presentes destacaron que, mientras la memoria de los represores ha sido perpetuada en el trazado de la ciudad, la de una trabajadora de la educación asesinada en los comienzos de la democracia ha permanecido relegada. El cambio de nombre se erige así como un acto de reparación simbólica, una herramienta esencial para las políticas de memoria que buscan garantizar que el terrorismo de Estado y sus secuelas no queden impunes ni en el recuerdo ni en los símbolos cotidianos.
La jornada legislativa, enmarcada en una fecha tan significativa, evidenció la persistencia de las organizaciones sociales en su lucha por la jerarquización de la memoria, la vigencia de la verdad y la consolidación de la justicia. El proyecto, que ahora aguarda su tratamiento en comisiones, no solo redefine la identidad de un barrio, sino que confronta a la comunidad con la necesidad de revisar críticamente los nombres que habitan sus espacios públicos, dirimiendo entre la exaltación de quienes participaron del aparato represivo y el reconocimiento debido a quienes fueron víctimas de aquel siniestro plan sistemático.
