Organizaciones socioambientales impulsan el litigio colectivo más importante de la historia argentina contra la modificación legal impulsada por el oficialismo, luego de que el Congreso habilitara el control provincial sobre los reservorios estratégicos de hielo.
En un giro que transformó la pulseada legislativa en una batalla judicial sin precedentes, el gobierno nacional logró concretar la ansiada modificación de la norma que protegía los reservorios de hielo continentales, una vieja aspiración de las corporaciones transnacionales con intereses en la actividad extractiva. Bajo el pretexto de brindar “certidumbre normativa” para atraer capitales foráneos, el oficialismo y sus aliados parlamentarios —entre los que se contaron el PRO, la Unión Cívica Radical y un grupo de legisladores peronistas vinculados a provincias con tradición minera— sellaron en la madrugada del jueves una reforma que, lejos de apaciguar las aguas, desató una reacción social explosiva.
La primera consecuencia concreta de aquella votación no fue la ansiada estabilidad inversora que prometían sus impulsores, sino el nacimiento de la demanda colectiva más vasta que se haya emprendido jamás en el país para resguardar las fuentes de agua potable. La iniciativa, presentada por un frente de organizaciones socioambientales de peso como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Círculo de Políticas Ambientales, ya cosechó la rúbrica simbólica de más de 300 mil ciudadanos que decidieron sumar su respaldo a través de un sitio web especialmente habilitado. Los impulsores del reclamo confían en alcanzar la media millón de adhesiones en los próximos días, un número que no haría más que reflejar la magnitud del malestar colectivo.
La plataforma digital creada para canalizar el apoyo popular funciona como un mecanismo de adhesión voluntaria sin cargas legales individuales, pero con una potencia política incuestionable: cada nueva firma engrosa el pedido de inconstitucionalidad contra los cambios votados en el recinto. Las entidades convocantes remarcaron que este proceso replica la enorme participación ciudadana que se había expresado durante las audiencias públicas previas al debate legislativo, instancias en las que más de 100 mil personas se anotaron para exponer su rechazo a cualquier retroceso en la protección de los glaciares. Sin embargo, en la Cámara de Diputados el oficialismo terminó admitiendo la palabra a apenas dos centenares de oradores, una restricción que los denunciantes calificaron como una manipulación grosera del reglamento interno y un incumplimiento flagrante de lo dispuesto por el Acuerdo de Escazú sobre participación ambiental.
El corazón de la controversia legal reside en el contenido mismo de la reforma sancionada. El nuevo texto transfiere a cada provincia la potestad exclusiva sobre el control y la autorización de actividades cerca de los cuerpos de hielo, un esquema que, a juicio de los especialistas, avanza a contramano de los principios constitucionales que exigen presupuestos mínimos ambientales de alcance nacional. Como corolario de este corrimiento, la modificación legal despoja al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla-Conicet) de su capacidad fiscalizadora, silenciando así a la principal fuente de conocimiento científico independiente sobre el estado de los reservorios estratégicos de agua sólida.
Las organizaciones promotoras de la demanda colectiva no escatimaron definiciones contundentes. “Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, sentenciaron en un comunicado público, al tiempo que advirtieron que la nueva legislación “pone en riesgo el acceso al agua y, por lo tanto, la vida de millones de argentinos y argentinas, además de los ecosistemas enteros que dependen de los glaciares y del ambiente periglacial”. El llamado a la ciudadanía es, en esencia, una invitación a convertirse en protagonista activa de la lucha por recuperar la ley original: cualquier persona puede ingresar al portal denominado “demanda colectiva por los glaciares”, estampar su respaldo y engrosar así un expediente judicial que se perfila como el más trascendente en la historia del litigio ambiental argentino.
El escenario que se abre de ahora en más es incierto pero vibrante. Por un lado, el Poder Ejecutivo y los gobernadores de las provincias mineras celebraron la sanción como un paso necesario para destrabar proyectos de extracción de metales y de explotación de hidrocarburos en zonas cordilleranas hasta ahora vedadas. Por el otro, la sociedad civil organizada exhibe una musculatura inédita: más de trescientas mil firmas en tiempo récord, una cifra que crece sin pausa y que promete llegar a los estrados judiciales con la fuerza de un alud. En el medio, el agua, ese recurso sin el cual ninguna inversión ni ningún negocio tienen sentido, se ha convertido en el centro de una disputa que ya tiene un nombre propio: la demanda colectiva más multitudinaria que este país haya visto jamás.
