La Justicia convocó a fiscales, acusadores particulares y defensores de los dieciocho encartados en la causa que conmocionó al país, al tiempo que ordenó el traslado de los detenidos y confirmó una inspección ocular prevista para el mes próximo. El proceso judicial se extenderá con un esquema de audiencias alternadas y más de un centenar de testigos.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes oficializó durante la jornada del sábado que el próximo 16 de junio de 2026, a partir de las nueve de la mañana, dará inicio el juicio por la sustracción y la posterior ocultación de Loan Danilo Peña, el niño cuya pista se perdió en la localidad correntina de 9 de Julio mientras compartía un almuerzo en el hogar de su abuela el 13 de junio de 2024. Aquel episodio, que paralizó la agenda pública nacional, reúne actualmente a un total de dieciocho personas acusadas, cuyas identidades fueron precisadas en el expediente.
Para la audiencia inaugural del debate, que se desarrollará en esa misma fecha, el tribunal dispuso la comparecencia de los representantes del Ministerio Público Fiscal, Carlos Adolfo Shaefer y Tamara Ahimará Pourcel, junto a los querellantes y parientes de la víctima: María Luisa Noguera, José Peña y Mariano Peña —padres y hermano del pequeño—, así como sus letrados patrocinantes y los abogados defensores de cada uno de los imputados. Las autoridades judiciales detallaron, a través de un comunicado al que accedió este medio, que las sesiones se desarrollarán bajo un sistema de rotación semanal: durante la primera semana los encuentros tendrán lugar los días martes, miércoles y jueves, mientras que en la semana subsiguiente solo se celebrarán los miércoles y jueves, repitiéndose esa secuencia de manera sucesiva conforme al calendario previsto y hasta la culminación del proceso.
Entre los dieciocho encartados figuran Laudelina Peña, tía del menor, y su cónyuge Bernardino Antonio Benítez; el matrimonio compuesto por Daniel Ramírez y Mónica Millapi —esta última, la única favorecida durante la instrucción con el beneficio de la prisión domiciliaria en una provincia del sur del país—; la pareja integrada por el exmarino Carlos Pérez y la exempleada municipal María Victoria Caillava, además del excomisario Wálter Maciel. A ellos se suman, por una causa conexa, Nicolás Gabriel Soria, alias “El Yankee”; Elizabet Noemí Cutaia; Pablo Javier Noguera; Verónica Paola Machuca Yuni; Leonardo Daniel Rubio; Delfina Taborda; Alan Juan José Cañete; Valeria Liliana López; Pablo Gabriel Núñez y Esteban Rossi Colombo. En este contexto, el tribunal ordenó a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal y a la Gendarmería Nacional que procedan al traslado de los detenidos con la suficiente antelación para que permanezcan alojados en territorio correntino en el momento del comienzo del debate.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes también propuso la designación de una representación especial para menores que actúe en reemplazo de Loan, dado su estado de ausencia. Se espera que en total declaren veintiún testigos considerados clave, entre quienes sobresalen los progenitores del niño, sus seis hermanos, Camiña Núñez, Macarena Peña, la abuela Catalina, cinco tíos y dos primos, además de otros familiares. Según el texto difundido, el listado de declarantes supera el centenar de personas, lo que anticipa un proceso extenso y de notable complejidad.
Los magistrados que integran el tribunal, por otra parte, rechazaron varios pedidos y ofrecimientos probatorios formulados por los abogados de Soria, entre ellos la solicitud de convocar a un testigo identificado como “Aldo” —supuesto agente de la Policía Federal Argentina y eventual miembro de Interpol— y a otros cuatro oficiales de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) que aún no han sido individualizados. Los jueces sentenciaron que el resto de los testigos propuestos por las partes serán citados, en caso de corresponder y a petición del oferente, oportunamente durante el transcurso de las audiencias de debate oral y público, toda vez que las defensas se opusieron a la incorporación de testimonios por lectura y evidencia digital en los términos del artículo 388 del Código Procesal Penal de la Nación. En cambio, sí hicieron lugar a la reproducción de los videos que contienen las declaraciones de siete menores obtenidas en cámara Gesell, las cuales deberán exhibirse con las medidas de seguridad necesarias para resguardar la identidad de cada uno de aquellos.
A lo largo de la pesquisa se realizaron múltiples informes periciales de diversa índole: análisis químicos, accidentológicos, odorológicos, genéticos e informáticos, practicados en distintas zonas de interés. Asimismo, se efectuaron pruebas con luminol sobre el automóvil Volkswagen Voyage perteneciente a Millapi, una motocicleta marca Zanella, el vehículo Ford Ka y la camioneta Ford Ranger —estos dos últimos vinculados al matrimonio conformado por Pérez y Caillava—. También se llevaron adelante pericias sobre los teléfonos móviles, inspecciones oculares y estudios balísticos en el sitio donde desapareció el menor. En esa misma línea, los jueces instruyeron la realización de una inspección ocular para el próximo 19 de mayo a las diez de la mañana, recorriendo el trayecto comprendido entre la vivienda de la abuela de Loan en El Naranjal hasta el punto donde fue hallado el botín y, posteriormente, el hotel denominado “Despertar del Iberá”. Para concretar esa diligencia se requerirá la colaboración de las fuerzas de seguridad. Las partes deberán proponer, en el plazo de cinco días, a los testigos que resulten idóneos para el éxito de la medida, a fin de que el tribunal resuelva sobre su pertinencia.
