Un dictamen judicial advierte sobre omisiones significativas en sus declaraciones juradas y posibles maniobras financieras complejas que incluyen propiedades en el exterior y sociedades offshore.
El máximo responsable de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Vázquez, quedó en el centro de una investigación que expone una situación paradójica: quien debe velar por la transparencia fiscal enfrenta acusaciones por presuntas inconsistencias en su propio patrimonio. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria tras detectar omisiones relevantes en sus declaraciones juradas presentadas tanto ante el organismo que dirige como ante la Oficina Anticorrupción.
De acuerdo con la documentación reunida, el funcionario habría omitido declarar tres inmuebles adquiridos en la ciudad estadounidense de Miami, así como su participación en sociedades offshore radicadas en Panamá y controladas, a su vez, por otra firma con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Estas estructuras habrían sido utilizadas para canalizar la compra de propiedades por un valor cercano a los 2,1 millones de dólares. A esto se suman presuntas maniobras contables destinadas a disimular movimientos financieros, en las que aparece vinculada una empresa local denominada Consultora San Andrés.
Mientras desde el Gobierno se intentó relativizar la situación al recordar un sobreseimiento previo del funcionario, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso nuevas medidas de prueba con el objetivo de profundizar la pesquisa. La decisión se tomó incluso en la antesala de una licencia judicial, lo que evidencia la relevancia que el magistrado atribuye al caso.
El dictamen de la PIA no solo apunta a la posible omisión maliciosa en las declaraciones patrimoniales, sino que también deja entrever sospechas sobre delitos de mayor gravedad, como enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión fiscal. En esa línea, se ordenaron requerimientos de información a organismos públicos, entidades privadas y bancos internacionales, además de gestiones ante autoridades extranjeras.
La investigación describe una compleja red societaria. Según el fiscal Rodríguez, existen elementos suficientes para sostener que Vázquez sería el verdadero titular de firmas como “Alcorta Corp.”, “Pompeya Group Corp.” y “Galanthus Capital Limited”, utilizadas para administrar bienes en el exterior. A pesar de figurar formalmente a nombre de estas sociedades, los activos habrían sido utilizados por el funcionario y su entorno familiar, lo que refuerza la hipótesis de un dominio efectivo encubierto.
El entramado inmobiliario incluye propiedades de alto valor en zonas exclusivas de Miami, adquiridas entre 2013 y 2015 mediante sociedades panameñas. Estas compañías, posteriormente, incorporaron como autoridades a familiares directos del funcionario, mientras que la firma radicada en Islas Vírgenes actuaría como controlante. La investigación también detectó vínculos concretos entre Vázquez y los inmuebles, como el pago de impuestos y registros de domicilio asociados.
Uno de los puntos más sensibles del expediente radica en la notoria desproporción entre los ingresos declarados y las inversiones realizadas. Los registros fiscales muestran disponibilidades económicas considerablemente menores a los montos necesarios para adquirir los bienes en cuestión, lo que, según la PIA, no permite justificar el origen de los fondos.
A nivel local, también se examinan operaciones inmobiliarias y financieras que podrían haber servido para encubrir movimientos de dinero. Entre ellas, la compra de un departamento en Puerto Madero a un valor significativamente inferior al de mercado y el uso de una empresa propia para otorgarse supuestos préstamos. Este mecanismo, conocido como autopréstamo, es considerado por organismos internacionales como un posible indicador de lavado de activos.
La Consultora San Andrés, pieza clave en esta trama, aparece además vinculada a la adquisición de varios vehículos de alta gama, lo que refuerza la sospecha de que habría sido utilizada como herramienta para ocultar incrementos patrimoniales sin respaldo declarado.
El avance de la causa dependerá ahora de la recolección de nuevas pruebas y de la decisión judicial sobre la eventual indagatoria. En el centro de la escena queda un funcionario cuya trayectoria en la administración pública supera las tres décadas, pero que hoy enfrenta serios cuestionamientos sobre la transparencia de su patrimonio. La investigación busca determinar si detrás de estas operaciones existió un esquema sistemático destinado a dar apariencia legal a fondos de origen incierto.
