El Ejecutivo oficializó una actualización moderada en los tributos sobre naftas y gasoil para mayo, mientras difiere incrementos acumulados de años anteriores con el objetivo de contener el impacto inflacionario.
El Gobierno nacional resolvió aplicar una suba parcial en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a partir de mayo, en una decisión que busca equilibrar la necesidad de ingresos fiscales con la intención de evitar un mayor impacto sobre los precios. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 302/2026, difundido recientemente en el Boletín Oficial, y marca el regreso de los ajustes tras el congelamiento dispuesto durante abril.
La actualización tributaria se produce en un contexto sensible, atravesado por la presión inflacionaria y el encarecimiento internacional del petróleo, factores que ya habían motivado la suspensión de incrementos el mes pasado. En ese escenario, el Ejecutivo optó ahora por una aplicación gradual de los aumentos, limitando su alcance para no trasladar un impacto significativo al consumidor.
Según lo establecido, los incrementos se aplicarán en montos específicos por litro. En el caso de las naftas, tanto sin plomo como virgen, el impuesto a los combustibles líquidos experimentará un aumento de $10,398, mientras que el gravamen vinculado a las emisiones de dióxido de carbono subirá $0,637. Para el gasoil, los ajustes serán diferenciados: el tributo general se incrementará en $9,269, el adicional regional en $5,019 y el componente ambiental en $1,056.
De acuerdo con estimaciones oficiales, el impacto total de estas modificaciones será acotado, alcanzando apenas un 0,5% en mayo, una cifra que refleja la decisión de aplicar correcciones moderadas en medio de un escenario económico aún inestable. La Secretaría de Energía destacó que el objetivo es evitar un traslado brusco a los precios finales, considerando el peso que los combustibles tienen en la estructura de costos de toda la economía.
Sin embargo, uno de los puntos más relevantes de la medida es que el Gobierno volvió a postergar la aplicación completa de los aumentos acumulados correspondientes a 2024 y 2025. Estas actualizaciones, que responden a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, forman parte de un esquema de ajustes trimestrales vigente desde 2018. Aunque inicialmente se preveía su implementación en mayo, ahora fueron reprogramadas para junio, aunque no se descarta que sufran nuevas demoras.
Esta política de diferimientos, aplicada de manera sostenida desde 2023, responde a una estrategia oficial orientada a moderar el impacto inflacionario sin abandonar el sendero de recomposición fiscal. En los argumentos del decreto, el Gobierno señala la necesidad de compatibilizar la actualización de impuestos con una recuperación económica aún frágil, evitando al mismo tiempo presiones adicionales sobre los precios.
En este marco, la administración nacional continúa manejando de forma flexible el ritmo de los ajustes impositivos sobre los combustibles, un factor determinante en la formación de precios en el mercado interno. La decisión se inscribe en un contexto donde la inflación volvió a superar el 3% mensual en marzo, reforzando la cautela oficial frente a cualquier medida que pueda acelerar aún más la dinámica de precios.
Así, mientras se avanza con incrementos parciales, el Gobierno mantiene abierta la puerta a nuevas postergaciones, en una señal clara de que la prioridad sigue siendo contener la inflación sin resignar completamente los ingresos fiscales en un escenario económico desafiante.
