Nuevas revelaciones judiciales comprometen al jefe de Ministros, quien habría desembolsado más de catorce millones de pesos en dinero tangible para amoblar su vivienda en Caballito, mientras se profundizan las investigaciones por reformas suntuosas en su quinta de Exaltación de la Cruz y una deuda pendiente de 65.000 dólares por una operatoria inmobiliaria bajo sospecha.
Luego de que trascendieran las cuantiosas remodelaciones encargadas y abonadas en moneda estadounidense para su residencia en el exclusivo conjunto cerrado Indio Cua, una nueva arista sacude al funcionario público de mayor rango en la órbita ejecutiva. En efecto, se conoció en el expediente judicial que el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destinó catorce millones de pesos en efectivo para la adquisición de mobiliario destinado a su departamento ubicado en el populoso barrio porteño de Caballito. Fuentes con acceso a la causa confirmaron la información al medio digital El Destape, señalando que se trata de un nuevo encargo realizado al contratista Matías Tabar, el mismo profesional que ya había intervenido en la propiedad rural de Exaltación de la Cruz.
Esa anterior intervención en la casa quinta había incluido elementos de marcado lujo, tales como una cascada ornamental, una pileta de material pétreo para el lavabo, aberturas de doble acristalamiento y complementos específicos para la instalación de un jacuzzi. Ante la autoridad judicial, el propio Tabar exhibió un comprobante en el cual se detallaba que la totalidad de aquella obra alcanzó un valor superior a los doscientos cuarenta mil dólares, todos ellos cancelados con billetes sin intermediación bancaria.
Paralelamente, las indagaciones establecieron que el inmueble de Caballito también fue objeto de importantes trabajos de puesta en valor previos al traslado de Adorni y su núcleo familiar. Se colocaron pavimentos flotantes, revestimientos murales, nuevas piezas de mobiliario y aparatos eléctricos en prácticamente todos los ambientes. Las fotografías que se filtraron desde la pesquisa evidencian, además, modificaciones sustanciales en el sector de cocina, el balcón exterior, los patios traseros, los cerramientos de aluminio y incluso el cuarto de lavado.
En otro frente de la investigación, el empresario del sector inmobiliario Leandro Miano, vástago de una de las dos jubiladas que intervinieron en la compraventa de un apartamento situado en la calle Miró al quinientos, prestó declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita. Durante su testimonio, Miano sostuvo sin titubeos que el alto funcionario aún adeuda un pago de sesenta y cinco mil dólares. De esta forma, el desarrollador corroboró lo ya manifestado semanas atrás por su socio comercial, Pablo Martín Feijoo, quien había precisado ante la justicia que se acordó con Adorni un desembolso complementario por ese mismo monto, el cual se realizaría por fuera del contrato formal de escrituración con el deliberado propósito de eludir los mecanismos legales y esquivar el contralor de los entes recaudadores.
Tanto Miano como Feijoo, integrantes de la empresa urbanizadora TJS Group y de la constructora Avda SRL, fueron los artífices de la modernización integral del departamento de Miró. Previamente a esas mejoras, las progenitoras de ambos —las ya citadas jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo— transfirieron la propiedad a Adorni por un valor declarado de doscientos treinta mil dólares. El testimonio de los empresarios añade un espesor turbio a la operación, al sugerir que parte del arreglo financiero se ocultó deliberadamente a los registros oficiales.
En cuanto a las obras en Indio Cua, Tabar detalló ante Pollicita que las refacciones en aquel predio campestre comprendieron la ejecución de solados, levantamiento de tabiques divisorios, construcción de un quincho techado, una piscina recreativa y aquella llamativa cascada integrada al diseño del jardín. El costo total de esas mejoras, según pudo establecerse, superó holgadamente los ciento veinte mil dólares que Adorni habría abonado originalmente para adquirir la vivienda. Dentro del listado de gastos entregado al expediente —y que posteriormente se divulgó en diversos órganos de prensa— aparecen registrados cincuenta y nueve conceptos diferentes. Allí se consigna un rubro de noventa y cinco mil dólares etiquetado como “obra inicial”. El mismo documento especifica que el valor agregado de todas las intervenciones alcanza la suma de doscientos cuarenta y cinco mil novecientos veintinueve dólares, una cifra que excede con creces cualquier interpretación de mejoras menores o meramente cosméticas.
