El secretario de Gobierno municipal, Gastón Díaz, cuestionó el incumplimiento del Ejecutivo provincial en la transferencia de recursos, advirtió que los fondos destinados a los distritos se utilizan para sostener servicios provinciales y reclamó una normativa que garantice previsibilidad en los giros.
En una nueva escalada de tensión entre la Municipalidad de Río Grande y el gobierno de la provincia, el secretario de Gobierno comunal, Gastón Díaz, lanzó un encendido reproche contra la demora persistente en la remisión de los recursos coparticipables. Durante una entrevista concedida a radio Provincia, el funcionario expresó su malestar al señalar que, a pesar de los sucesivos encuentros mantenidos entre representantes de ambos distritos, los plazos de atraso no se han reducido y la situación genera una creciente inquietud en la administración local.
Díaz recordó que inicialmente su cartera había valorizado la iniciativa del ministro de Economía provincial, quien convocó al secretario de Finanzas de Río Grande con el propósito de constituir una mesa de diálogo orientada a disminuir progresivamente la mora en la entrega de los fondos coparticipables. No obstante, tras aquella instancia, lo único que recibieron desde la comuna fue una propuesta de transferencia que no acorta en absoluto los días de demora, según manifestó el propio funcionario con visible disgusto.
El desencanto se profundizó aún más cuando la reunión estipulada para continuar con las negociaciones fue aplazada sin una nueva fecha concreta. Para Díaz, este hecho evidencia que, desde la administración provincial, no se ha respetado lo acordado en el encuentro previo. Subrayó con énfasis que, más allá del discurso del gobernador acerca de sostener un diálogo político para atravesar la coyuntura crítica, lo que realmente necesitan los municipios es la remisión efectiva y puntual de los recursos.
En sus declaraciones, el secretario rechazó de manera contundente cualquier intento de justificar el retraso apelando a las dificultades financieras que pudiera atravesar la provincia. Sostuvo que cada jurisdicción administra sus propias arcas, y los distritos no pueden ser rehenes de una eventual mala gestión de los caudales provinciales. “De ninguna manera —remarcó— los municipios tienen que padecer las consecuencias de una errada administración de esos recursos”.
Al profundizar en el argumento oficial acerca de la supuesta falta de disponibilidad de dinero, Díaz ofreció una lectura radicalmente opuesta: los fondos que Nación ha girado están efectivamente accesibles, pero lejos de ser derivados a los municipios, son desviados para sufragar servicios propios de la provincia. Lo que ocurre, afirmó, no es un atraso atribuible a cuestiones burocráticas o técnicas, sino una decisión deliberada: utilizar el dinero de los municipios para sostener el funcionamiento de las estructuras provinciales.
El funcionario también destacó las medidas adoptadas por Río Grande para mantener en pie los servicios esenciales en un contexto de recursos menguantes. Señaló que se tomaron determinaciones orientadas a paliar la escasez de fondos, lo que ha permitido garantizar prestaciones clave como el transporte urbano, la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios públicos y la atención sanitaria. Finalmente, Díaz cerró su intervención con un reclamo legislativo preciso: exigió una ley de “goteo” que brinde previsibilidad acerca de lo que los municipios necesitan y que legítimamente les corresponde por derecho.
