A 26 años del ocaso de la dictadura de Alberto Fujimori, su linaje político retorna al Palacio de Pizarro. Keiko Fujimori, con un margen de apenas 49.600 sufragios, asumirá la presidencia en medio de una profunda crisis de legitimidad, un Congreso que ya ha moldeado un régimen parlamentario autoritario y una oposición que se prepara para la resistencia.
A tres semanas de la crucial cita con las urnas, el espectro del autoritarismo vuelve a cernirse sobre la nación andina. El organismo electoral peruano ha puesto fin al suspenso y ha oficializado el veredicto de la ciudadanía: la líder de la ultraderecha, Keiko Fujimori, se alza con el triunfo al alcanzar el 50,13 por ciento de los votos, una diferencia exigua de tan solo 49.600 papeletas que se traduce en un frágil 0,27 por ciento. La proclamación definitiva está agendada para el próximo viernes, y la investidura, que marcará el inicio de un quinquenio de gestión, está fijada para el 28 de julio. Este acontecimiento sella el retorno al poder de una estirpe política que ha dejado una huella indeleble de corrupción, autoritarismo y sistemáticas violaciones a las garantías fundamentales, cerrando el ciclo abierto hace más de un cuarto de siglo con la huida del autócrata Alberto Fujimori.
La vástaga del fenecido dictador, quien purga una condena por delitos de lesa humanidad y malversación de fondos, ha manifestado su explícita intención de emular el modelo de gobierno paterno. Esta declaración de principios no es una mera retórica de campaña; la hoja de ruta de la lideresa fujimorista, forjada en sus sucesivas aspiraciones presidenciales, confirma un inquebrantable compromiso con las tesis autoritarias. A sus 51 años, Keiko Fujimori alcanza la cima del poder ejecutivo en su cuarta incursión electoral, un logro alcanzado por un puñado de votos, cuyo resultado ha sido inmediatamente impugnado por su contrincante en la segunda vuelta, el progresista Roberto Sánchez.
Este último ha denunciado la existencia de un fraude sistémico en el sufragio de los peruanos residentes en el extranjero, señalando un cambio normativo que suprimió la digitalización de las actas en los centros de votación allende las fronteras antes de su traslado a territorio nacional. La demanda de Sánchez, que exige la anulación de esos comicios en el exterior, ha caído en saco roto ante las autoridades competentes. Ante la ausencia de una respuesta favorable, el líder de la izquierda ha declarado su firme oposición a reconocer la legitimidad del gobierno entrante. Paradójicamente, aunque el candidato de la coalición progresista logró una ajustada victoria en el cómputo interno del país, el vuelco decisivo se produjo gracias a la aplastante ventaja que la candidata fujimorista obtuvo en la diáspora.
La inminente administración de Keiko Fujimori llega precedida por un largo ciclo de inestabilidad política que ha sacudido los cimientos de la república. En una muestra de la voluble naturaleza de su discurso, aquella que en el pasado se negó a aceptar sus derrotas electorales, ahora se erige como la principal defensora de la institucionalidad, calificando cualquier cuestionamiento a los resultados oficiales como un atentado contra la democracia. Esta contradicción discursiva se agrava al recordar su comportamiento en las dos contiendas anteriores: al perder frente al derechista Pedro Pablo Kuczynski y al izquierdista Pedro Castillo, la bancada fujimorista utilizó su poderío parlamentario como ariete para desestabilizar y boicotear a los gobiernos emergentes, sumiendo al país en un torbellino de crisis que ha devorado a ocho mandatarios en la última década. Ahora, sin embargo, predica la responsabilidad de respaldar al ganador, tiende un discurso de reconciliación y clama por la unidad en torno a su proyecto de gobierno.
Sin embargo, la experiencia reciente deja entrever lo que realmente aguarda al país. Desde la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, el fujimorismo, actuando como la columna vertebral de una coalición de derecha y ultraderecha con una holgada mayoría en el Congreso, ha ejercido un control férreo desde el Legislativo. Este poder fáctico ha impuesto un régimen parlamentario de tinte autoritario y ultraconservador, una situación que se profundizará exponencialmente con la toma directa del Ejecutivo. Durante este periodo, la facción liderada por Keiko ha logrado capturar los resortes fundamentales del sistema de justicia, ha depurado a las autoridades que se resistían a su influencia y ha promulgado un corpus legal que, lejos de fortalecer las instituciones, debilita la lucha contra el crimen organizado y abre las puertas a la impunidad para actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Este es el inquietante preludio de lo que será la gestión de la nueva mandataria.
En este contexto de asfixia institucional, los coletazos del régimen fujimorista se hacen sentir con virulencia contra quienes osan investigar sus entrañas. El Congreso ha dado luz verde a una acusación formal contra el periodista Gustavo Gorriti, el mismo que destapó los oscuros vínculos de la clase política, incluida la propia Keiko Fujimori, con las coimas de la constructora brasileña Odebrecht, y que puso al descubierto una mafia judicial enquistada en el fujimorismo. La ofensiva también se extiende a los fiscales y procuradores que participaron en las pesquisas del caso Odebrecht, que llevaron a la ahora presidenta electa a un proceso judicial por lavado de activos, del cual logró escapar gracias a un controvertido fallo del Tribunal Constitucional, un órgano que actualmente se encuentra bajo su control. Esta embestida no es sino un acto de venganza y una advertencia para todos aquellos periodistas y magistrados que se atrevan a seguir los rastros de la corrupción.
La amenaza no se detiene en los pasillos del poder judicial. La Procuraduría del Estado, un brazo del ejecutivo que ya se encuentra bajo la influencia fujimorista, ha presentado denuncias penales contra dirigentes sociales, activistas políticos y periodistas de medios alternativos. El delito: haber expresado opiniones respaldando las movilizaciones convocadas por Roberto Sánchez para denunciar las irregularidades en la elección de Fujimori. Paralelamente, el bloque fujimorista y sus aliados han impulsado una ley que establece que militares y policías acusados de asesinato y otros crímenes graves serán juzgados por la justicia castrense, una jurisdicción que históricamente ha sido sinónimo de impunidad. Esta normativa prepara el terreno para una futura represión de las protestas sociales, garantizando que los agentes del orden puedan actuar sin el temor a ser llevados ante la justicia ordinaria.
El historiador y antropólogo Carlos Monge, investigador principal del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), ha trazado un panorama sombrío en diálogo con este diario. Monge sostiene que el escenario más factible durante el mandato de Keiko Fujimori será una manifestación del «ADN histórico del fujimorismo», un ente político caracterizado por su naturaleza corrupta, autoritaria y violadora de los derechos humanos. «El comportamiento antidemocrático de Keiko en el pasado reciente no hace más que confirmar esta predisposición genética», asevera el analista.
En términos económicos, Monge anticipa un regreso al neoliberalismo más ortodoxo, con políticas que favorecerán desmedidamente al gran capital, el abandono de los pequeños productores y una desregulación laboral y ambiental que agudizará las desigualdades. En lo político, el autoritarismo será la moneda corriente, mientras que en lo social se implementará un populismo clientelista para intentar cooptar a los sectores más vulnerables que no respaldaron su candidatura. Frente a la creciente ola de delincuencia, Monge prevé una respuesta de «mano dura» al estilo Bukele, una estrategia que podría granjearle una popularidad inmediata ante la desesperación ciudadana, pero que inevitablemente se extenderá hacia la represión del movimiento social, la oposición política y la prensa libre, replicando los patrones observados en otros proyectos de control fascistoide a nivel global.
En el ámbito internacional, el nuevo régimen fujimorista se enfrentará a un dilema geopolítico. Según Monge, Keiko se alineará inicialmente con la órbita de Trump, inmersa en la marea fascistoide que recorre la región. Sin embargo, quedará atrapada entre su voluntad política de sumisión total a Estados Unidos y la imperiosa necesidad económica de mantener la relación estratégica comercial y de inversiones con China, cuyo peso en la economía peruana es actualmente determinante.
En el nuevo Congreso bicameral, que resurge tras más de tres décadas, el fujimorismo no contará con la mayoría absoluta que disfruta en la actual unicameralidad. No obstante, su alianza con la ultraderechista Renovación Popular le otorgará 30 escaños en el Senado de 60, y 56 diputados en la cámara baja de 130. Frente a este bloque, la oposición democrática, aglutinada en torno al partido de Roberto Sánchez y dos bancadas aliadas, sumará 23 senadores y 56 diputados. El gran desafío para la resistencia será consolidar esta alianza y atraer a la sexta bancada, el centroderechista Partido del Buen Gobierno, que se perfila como el fiel de la balanza en el nuevo escenario legislativo.
«Como en los años 90», sentencia Monge, «la organización de una resistencia democrática desde las bases será fundamental. La posibilidad de evitar que se consolide un proyecto autoritario dependerá de la claridad y contundencia de esa resistencia en las calles y de la habilidad para tejer una coalición en el Congreso que frene el avance del fujimorismo en el copamiento de todos los poderes del Estado». En esta nueva batalla, el fujimorismo cuenta con el respaldo del poder económico, que se beneficia de sus políticas; de las fuerzas armadas, a las que se les concede carta blanca para reprimir con la garantía de la impunidad; y de los grandes medios de comunicación. La oposición democrática, en cambio, tendrá que hacer valer su presencia en las calles, el músculo de las organizaciones sociales, el espacio legislativo que aún le queda y la voz de una prensa independiente que se niega a doblegarse ante el embate autoritario. La historia del Perú parece destinada a repetirse, pero la memoria y la resistencia de su pueblo escribirán el desenlace de este nuevo capítulo.
