Mientras el Ejecutivo consuma despidos en la CNEA y anuncia un megaproyecto con capitales privados estadounidenses para construir un reactor modular, la oposición parlamentaria articula un frente de resistencia para frenar lo que califican como una cesión de soberanía y un vaciamiento de capacidades científicas forjadas durante décadas. La estrategia legislativa busca replicar el mecanismo que logró neutralizar los decretos que desmantelaban al INTI y al INTA, en una pulseada que define el futuro de la energía y la tecnología en el país.
En un contexto de creciente tensión política y económica, el futuro del desarrollo nuclear argentino se ha convertido en el epicentro de un encendido debate que enfrenta al Poder Ejecutivo con un arco opositor cada vez más movilizado. Lo que está en juego, según advierten los especialistas, no es solo la continuidad de proyectos emblemáticos como el reactor CAREM o la planta de Atucha, sino la propia autonomía tecnológica de la Nación y su capacidad para insertarse con soberanía en la transición energética global.
El Gobierno nacional, bajo el lema de la desregulación y la apertura de mercados, ha puesto en marcha una serie de medidas que, a juicio de sus críticos, equivalen a un deliberado proceso de desmantelamiento del sector atómico estatal. Esta ofensiva se materializa en despidos masivos de personal altamente calificado en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la privatización de activos estratégicos y un giro radical hacia la participación de capitales foráneos en proyectos que históricamente fueron considerados patrimonio exclusivo del Estado. La decisión ejecutiva ha encendido todas las alarmas en el arco político y científico, que ven en estas acciones un retroceso sin precedentes en materia de soberanía y desarrollo industrial.
El punto más álgido de esta controversia se manifestó con la reciente comunicación oficial que anuncia la construcción de un reactor nuclear modular en la localidad de Atucha. La iniciativa, presentada con bombos y platillos por el vocero presidencial, Adrián Ravier, como “la noticia más importante en dos décadas”, estará financiada íntegramente por inversores privados de los Estados Unidos, a través de la firma Meitner Energy. Sin embargo, el entusiasmo oficial contrasta con la preocupación de los expertos, quienes subrayan que, si bien la patente del diseño es argentina, la operación, el control y la eventual explotación del conocimiento quedarán en manos de una compañía extranjera.
El Gobierno ha defendido esta asociación público-privada como un paso audaz para expandir la matriz energética y la frontera tecnológica del país. “Será un privado el que expanda la matriz energética argentina y la frontera tecnológica de nuestro país”, celebró Ravier en sus redes sociales, en un intento por enmarcar la medida dentro de su ideario de reducción del Estado y fomento de la inversión extranjera directa. No obstante, la oposición y los sindicatos del sector interpretan este movimiento como la confirmación de un plan sistemático para vaciar al Estado de sus capacidades estratégicas, entregando un saber acumulado durante generaciones a intereses foráneos.
Este nuevo anuncio no hace más que profundizar la grieta abierta en septiembre del año pasado, cuando la Casa Rosada, al amparo de la Ley Bases, decretó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. Aquella operación, que finalmente quedó trunca, perseguía el objetivo de recaudar cerca de mil millones de dólares mediante la venta de una porción significativa de la compañía encargada de la operación de las centrales nucleares. La gestión de la empresa en ese entonces recaía sobre Demian Reidel, un estrecho colaborador del Presidente, cuya salida del cargo estuvo envuelta en denuncias por presuntos sobreprecios en licitaciones públicas, lo que generó un escándalo que puso en jaque la credibilidad del proceso.
En paralelo, los despidos en la CNEA han sido interpretados como la punta de lanza de una política orientada a desmantelar las estructuras científicas del Estado. Fuentes cercanas al interbloque Popular, que agrupa a diversas fuerzas opositoras, señalaron que estas medidas buscan “reorientar el desarrollo nuclear hacia negocios privados”, desarticulando equipos de trabajo que llevan décadas dedicados a la investigación y el desarrollo. La gravedad de la situación llevó a los senadores del peronismo a convocar a investigadores y científicos para conocer de primera mano el impacto de las medidas. Durante esos encuentros, los especialistas manifestaron su alarma por el abandono progresivo del proyecto CAREM, un desarrollo íntegramente nacional que demandó años de inversión pública y que, a pesar de los vaivenes políticos, incluso durante la gestión de Mauricio Macri —que suprimió el Ministerio de Ciencia—, fue preservado como un activo estratégico irrenunciable.
La crónica de un desguace anunciado se completó cuando, apenas cuarenta y ocho horas después de concretarse los ceses laborales, el Gobierno presentó el acuerdo con la firma estadounidense. Esta secuencia de hechos no pasó desapercibida para los legisladores, quienes ven en ella una clara hoja de ruta: desfinanciar lo público para justificar la llegada de lo privado. La ironía de esta situación fue expuesta con crudeza por la diputada Adriana Serquis, extitular de la CNEA, quien calificó el proyecto como una “entrega total”. Serquis detalló que la empresa estadounidense Meitner Energy es la misma que realizó intensas gestiones de lobby para aprobar el Súper RIGI, un régimen de incentivos para grandes inversiones que beneficia a los capitales extranjeros. “Es el mismo Gobierno que desfinancia el proyecto CAREM, que tiene un 70 por ciento de avance, para empezar de cero uno nuevo que podría tardar muchísimo tiempo en estar listo”, sentenció la legisladora, subrayando el absurdo de abandonar una tecnología propia por una promesa foránea.
Desde la Asociación de Profesionales de la CNEA, su secretario general, Martín Iofrida, alertó sobre un fenómeno silencioso pero devastador: la fuga de talentos. “Hay que seguirle el rastro porque con estas iniciativas se llevan a la gente muy especializada de la CNEA por el doble de sueldo y van vaciando la comisión”, explicó en diálogo con este medio. La estrategia, según Iofrida, consiste en absorber al personal más calificado para el sector privado, dejando al organismo público sin su capital humano más valioso, lo que imposibilita la continuidad de los proyectos estratégicos y condena a la investigación nacional a la irrelevancia.
Frente a este panorama que consideran catastrófico, la oposición parlamentaria ha decidido pasar a la ofensiva. En el Senado, los integrantes del interbloque Popular, tras escuchar a los científicos, resolvieron impulsar un proyecto de ley para exigir la reincorporación de los trabajadores cesanteados, la preservación de las capacidades científico-técnicas de la CNEA y la garantía de continuidad para todos los proyectos nucleares. La iniciativa busca reafirmar que la política nuclear es una cuestión de Estado, ligada a la soberanía, la producción de energía limpia, la salud y el desarrollo industrial del país.
En la Cámara de Diputados, la movilización no se ha hecho esperar. El diputado Pablo Juliano solicitó formalmente a Martín Yeza, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la convocatoria urgente a una reunión de la comisión para escuchar el testimonio de los trabajadores despedidos y exigir explicaciones al Poder Ejecutivo sobre los motivos de la reestructuración. La intención de la oposición es replicar la estrategia que resultó exitosa para frenar los decretos delegados que habilitaban el vaciamiento del INTI y el INTA, dos organismos científicos emblemáticos que fueron defendidos por la sociedad civil y el arco político.
Según confiaron a este diario fuentes legislativas, la idea que cobra fuerza es analizar en detalle el decreto de reestructuración de la CNEA para encontrar resquicios legales que permitan su derogación o modificación. “Todo es muy preliminar, pero hay que analizar bien el decreto e intentar una estrategia similar a la del INTI”, explicó el diputado Esteban Paulón, quien ya presentó un proyecto propio para la protección del sistema nuclear argentino, al igual que otros bloques como Unión por la Patria. La coordinación entre las cámaras y los distintos bloques opositores será clave para construir un frente unificado que pueda contrarrestar la avanzada del Ejecutivo.
La controversia trasciende el mero debate económico o de gestión. En un mundo que avanza hacia una transición energética acelerada, donde la reindustrialización y la autonomía tecnológica son moneda corriente, la decisión de Argentina de desprenderse de su capacidad nuclear es vista por los especialistas como un acto de subordinación. Desaprovechar el conocimiento acumulado, la infraestructura y el recurso humano para convertirse en un mero mercado para empresas extranjeras significa condenar al país a una posición periférica en la economía global, renunciando a la posibilidad de exportar tecnología de alto valor agregado y generar divisas genuinas.
La pulseada está servida. Mientras el Gobierno celebra acuerdos que prometen inversiones millonarias, la oposición y el sector científico alertan sobre el precio oculto de esas operaciones: la pérdida de soberanía y la liquidación de un patrimonio intangible construido con esfuerzo estatal a lo largo de más de medio siglo. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si el plan nuclear argentino se encamina hacia una modernización con participación privada o hacia un desguace irreversible que marcará un antes y un después en la historia científica del país. La ciudadanía, atenta a las repercusiones energéticas y políticas, observa cómo se define un capítulo crucial para el futuro de la Nación.
