El Ejecutivo nacional, conducido por Javier Milei, transita una nueva fase de su mandato en la cual la sostenibilidad fiscal y la consolidación de alianzas políticas adquieren igual relevancia. Mientras los técnicos ultiman los detalles del programa financiero para garantizar los compromisos de la deuda, el flamante Jefe de Gabinete inicia las conversaciones para reformar el sistema electoral y tender puentes con los mandatarios provinciales, en una clara señal de cara a la reelección.
El cronograma oficial de la administración libertaria presenta esta semana una dualidad significativa que trasciende la mera gestión cotidiana. Por un lado, en los despachos del Palacio de Hacienda, el tándem conformado por Luis Caputo y Santiago Bausili afina los últimos resortes de un programa financiero destinado a disipar cualquier interrogante respecto a la capacidad de pago de la deuda soberana hasta el cierre del año 2027. Paralelamente, en el terreno político, el recientemente asumido Jefe de Gabinete, Diego Santilli, se apresta a desplegar una negociación igualmente crucial para el devenir del proyecto de gobierno: la conformación de la mayoría legislativa y las condiciones de gobernabilidad que el Primer Mandatario demandará para viabilizar su aspiración a un segundo período constitucional.
Ambas discusiones progresan en sincronía, aunque apuntan a destinatarios disímiles. La primera tiene como objetivo persuadir a los inversores internacionales y a las agencias calificadoras de que la nación austral podrá afrontar sus obligaciones financieras sin contratiempos en el tumultuoso contexto de un año electoral. La segunda, en tanto, busca convencer a los gobernadores y aliados estratégicos de la conveniencia de acompañar una modificación legal que podría implicar la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al tiempo que expande la base de sustentación del oficialismo en el Congreso. Lejos de constituir agendas paralelas, estos dos frentes se erigen como los pilares fundamentales sobre los cuales el Jefe del Estado comenzó a preparar el escenario para la contienda presidencial de 2027.
Tras un año y medio de gestión volcado casi de manera excluyente a la estabilización macroeconómica, la reducción de los índices inflacionarios, la recomposición de las cuentas públicas y el sostenimiento de un programa reformista en un Parlamento donde nunca contó con una mayoría propia, el Presidente abrió un capítulo inédito en su gobierno. El norte económico permanece inalterable; lo que experimentó una mutación sustancial es la jerarquía de las prioridades políticas. Hasta hace pocos meses, la edificación del poder libertario giraba en torno a la consolidación de La Libertad Avanza como una fuerza nacional con identidad y estructura propias, aunque ello implicara un enfrentamiento directo con los mismos gobernadores y dirigentes que, paradójicamente, acompañaban las iniciativas oficiales en las cámaras. Ahora, esa lógica comenzó a reconfigurarse.
La asunción de Diego Santilli al frente del Gabinete de Ministros dejó una estampa indeleble de este nuevo ciclo. Los trece mandatarios provinciales que concurrieron a la ceremonia en la Casa Rosada no fueron convocados únicamente para respaldar al nuevo funcionario; la administración nacional procuró enviar un mensaje contundente tanto hacia el interior del oficialismo como hacia la oposición: la segunda etapa de la gestión demandará un volumen de acuerdos políticos sensiblemente mayor que el requerido en la fase inicial. Esa imagen de unidad y diálogo volverá a replicarse parcialmente esta semana, cuando el miércoles por la noche, el Presidente, acompañado por su gabinete en pleno, se traslade a San Miguel de Tucumán para participar de la vigilia conmemorativa del Día de la Independencia. Varios de esos mismos gobernadores compartirán nuevamente la escena protocolar con el Jefe del Estado, apenas unos días después de la jura de Santilli, en una postal que la administración central se esmera en promover como el símbolo de una relación renovada con las provincias.
Sin embargo, esta apertura política no supone un abandono de la retórica confrontativa que caracterizó buena parte del primer tramo de la gestión, ni mucho menos una resignación de la identidad libertaria que moviliza a sus bases. El giro implica, en esencia, el reconocimiento de que un eventual segundo mandato requerirá de una mayoría política mucho más extensa y diversa que la actual, y que la gobernabilidad efectiva pasa por la construcción de consensos. Santilli, en una reciente entrevista publicada por Infobae, sintetizó esta nueva metodología con una frase que en el entorno oficial interpretan como un verdadero manifiesto de gestión: «En la etapa que viene, los colores no definen. Lo que va a definir el futuro es si volvemos para atrás o seguimos para adelante». El destinatario de ese mensaje es amplio y abarca tanto a los gobernadores del PRO, como a los radicales, los partidos provinciales y, crucialmente, a aquellos sectores del peronismo que comienzan a observar con inquietud la fractura interna entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el núcleo duro del kirchnerismo.
La discusión en torno a la eliminación de las PASO emerge en este punto como una pieza central del rompecabezas estratégico. En la sede gubernamental, ya no se concibe esta iniciativa como una mera reforma electoral, sino como un instrumento táctico de primer orden para el escenario de 2027. La primera razón es de naturaleza parlamentaria: el Gobierno necesita sentarse a negociar con los gobernadores, quienes hoy concentran una porción sustancial del poder real en el Senado. La Cámara alta ha dejado de ser el recinto donde se dirimen las leyes para transformarse en el principal ámbito de negociación entre el Poder Ejecutivo y los distritos provinciales. La primera prueba de fuego para esta nueva dinámica llegará este miércoles con una nueva convocatoria a Labor Parlamentaria en un Senado donde el oficialismo sigue sin controlar los tiempos políticos. La vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene una relación distante con Milei, continúa administrando una Cámara en la que los gobernadores demostraron, en las últimas semanas, su capacidad para tejer mayorías que condicionan severamente la agenda oficial. En el Gobierno ya se trabaja con la hipótesis de que será muy complejo avanzar con una sesión ordinaria, y que los proyectos prioritarios volverán a depender, una vez más, del resultado de las negociaciones políticas. Ese dato explica buena parte del cambio de enfoque: la muralla que levantaron los mandatarios provinciales no puede ser perforada únicamente con discursos o confrontación; demanda acuerdos concretos, y Santilli fue designado precisamente para abrir esos canales de diálogo.
Pero la eliminación de las PASO persigue un objetivo aún más ambicioso que la mera gobernabilidad parlamentaria. El destinatario principal de esa decisión no son los gobernadores, sino el peronismo en su conjunto. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha quedado fuera de la competencia electoral tras la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que ha desatado una lucha intestina por la conducción del espacio. Axel Kicillof decidió avanzar con un proyecto presidencial propio, mientras que Máximo Kirchner intenta preservar el liderazgo político de su madre y la centralidad de La Cámpora. Paralelamente, gobernadores, intendentes y otros sectores del PJ observan esa disputa sin terminar de definir quién conducirá el peronismo en la etapa posterior a Cristina. En este contexto, las PASO constituyen hoy el único mecanismo institucional capaz de ordenar semejante interna. Sin primarias, el conflicto quedará trasladado exclusivamente a la negociación política entre los distintos sectores del justicialismo, un escenario que, en la Casa Rosada, están convencidos que favorece al oficialismo. No solo porque dificulta la reorganización del principal espacio opositor, sino también porque abre una oportunidad para atraer a dirigentes peronistas que ya no se sienten contenidos por la conducción kirchnerista y buscan preservar su poder territorial sin quedar atrapados en una pelea de liderazgo.
Ahí aparece la segunda parte de la negociación. El Gobierno ya no pretende que todos esos dirigentes se incorporen formalmente a las filas de La Libertad Avanza. La implementación de la Boleta Única de Papel permite pensar en una ingeniería electoral más sofisticada, donde la candidatura presidencial de Milei podría convivir con listas legislativas de gobernadores o fuerzas provinciales que conservarían su propia identidad política. Es la materialización del cambio de método que sintetizó Santilli al afirmar que «los colores no definen». Pero antes de salir a negociar con gobernadores y dirigentes de otros espacios, el Presidente decidió ordenar su propia casa. Y ese movimiento comenzó mucho antes de que Santilli jurara como Jefe de Gabinete. La decisión de no abrir nuevos frentes internos quedó reflejada en un dato que pasó casi inadvertido fuera del oficialismo, pero que en la Casa Rosada consideran parte fundamental de la nueva etapa. Tras las tensiones que dejó la salida de Manuel Adorni, las investigaciones judiciales sobre su situación patrimonial y las diferencias que provocó la abstención de Patricia Bullrich en la votación del pliego de la jueza María Verónica Michellini, el Gobierno optó por la contención antes que por la confrontación. Bullrich seguirá participando de la mesa política que volverá a reunirse esta semana y mantendrá actividades con el armado territorial que conduce la hermana del Presidente, Karina Milei, en la Ciudad de Buenos Aires. No es un dato menor: hace apenas unas semanas, muchos imaginaban que esas diferencias podían derivar en una ruptura, pero ocurrió exactamente lo contrario. Milei y su hermana resolvieron congelar las disputas internas para no distraer energías en el momento en que el Gobierno empieza a negociar hacia afuera.
Esta decisión también ayuda a comprender el nuevo reparto de funciones dentro del oficialismo. Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem siguen concentrando las decisiones políticas de mayor calado, sin que nadie les dispute ese lugar preponderante. Sin embargo, la ejecución de las tareas comenzó a distribuirse de manera diferente. Santilli quedó a cargo de la negociación política cotidiana; Adrián Ravier asumió la vocería presidencial con una lógica más institucional y menos confrontativa; Fabián Fernández empezó a coordinar una estrategia de comunicación orientada a ordenar el mensaje gubernamental en una etapa menos atravesada por la polarización permanente y más enfocada en la construcción de acuerdos. No cambió el centro de gravedad del poder, sino el modo de administrarlo. La señal más evidente de esta metamorfosis es que el Gobierno ya no discute solamente cómo aprobar una ley o cómo superar la próxima votación en el Congreso; comienza a debatir cómo edificar una mayoría política que pueda sobrevivir al mandato actual y proyectarse hacia el futuro.
Por eso, la semana que comienza tiene una importancia superlativa que trasciende la mera agenda de actividades oficiales. El lunes, Caputo y Bausili buscarán responder una pregunta que inevitablemente emerge cuando un gobierno entra en la antesala de un proceso electoral: de dónde saldrán los dólares para afrontar los vencimientos de deuda. El mensaje está dirigido a los mercados, pero también a la política, porque la Argentina atravesó demasiadas campañas presidenciales condicionadas por la incertidumbre económica como para subestimar esa discusión. La administración nacional pretende demostrar que el Estado dispone de un programa financiero robusto, capaz de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos durante lo que resta de este año y durante el 2027. El objetivo no consiste únicamente en presentar números fríos; busca instalar una idea de previsibilidad y certidumbre que, en el Gobierno, consideran un activo político de incalculable valor. La apuesta es llegar a la próxima elección presidencial con una economía en fase de crecimiento, una inflación estabilizada, una recuperación gradual del poder adquisitivo, creación de empleo privado, un mercado cambiario sin sobresaltos y un esquema de financiamiento que elimine las dudas sobre la deuda. No es una discusión técnica; es la plataforma política sobre la que Milei pretende construir su proyecto de reelección.
Los antecedentes históricos pesan. Desde 2015, ningún oficialismo consiguió conservar el poder presidencial dentro de su propio espacio político. El kirchnerismo perdió con Daniel Scioli frente a Mauricio Macri; Macri no consiguió renovar su mandato frente a Alberto Fernández; y el Frente de Todos tampoco logró sostener la Presidencia con Sergio Massa frente al propio Milei. Las razones fueron diferentes en cada caso, pero todos esos procesos compartieron un elemento común: la economía terminó condicionando la política. Milei pretende romper esa secuencia y, por eso, decidió trabajar simultáneamente sobre los dos factores que considera decisivos para llegar competitivo a 2027: la política y la economía. Mientras Santilli intenta ampliar la base de sustentación del oficialismo y negociar con los gobernadores una salida para las PASO, Caputo busca reducir la incertidumbre financiera que suele reaparecer cuando un gobierno entra en un año electoral. Las dos tareas están íntimamente vinculadas: una economía previsible facilita los acuerdos políticos, y una mayoría política más amplia fortalece la credibilidad del programa económico.
La vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán volverá a mostrar esta lógica integrada. Después de la fotografía que dejó la jura de Santilli con trece gobernadores en la Casa Rosada, el Presidente volverá a compartir una escena con mandatarios provinciales en un momento en el que el Gobierno necesita reconstruir puentes sin resignar liderazgo. No será una postal inocente; será la continuidad de una estrategia que empezó a desplegarse hace pocos días y que busca transmitir que el oficialismo está dispuesto a negociar sin alterar el rumbo. El Primer Mandatario no ha dejado de confrontar con el kirchnerismo ni ha abandonado la batalla cultural que convirtió en una marca de su gestión; lo que comenzó a hacer es diferenciar a sus adversarios irreductibles de sus potenciales aliados, un matiz que explica buena parte de los movimientos de las últimas semanas. El Gobierno ya no mira solamente el próximo dato de inflación o la próxima sesión del Congreso; empezó a mirar el calendario de 2027. Y, desde esa perspectiva, cada decisión adquiere otro sentido. La eliminación de las PASO deja de ser apenas una reforma electoral para convertirse en una herramienta para rediseñar el escenario en el que deberá reorganizarse el peronismo. La negociación con los gobernadores deja de ser una necesidad parlamentaria para pasar a formar parte de la construcción de una mayoría para un eventual segundo mandato. La presentación del programa financiero deja de ser un anuncio económico para transformarse en una señal de estabilidad para el año electoral.
Incluso los cambios en el organigrama del propio Gobierno responden a esa lógica prospectiva. Santilli, Ravier y Fabián Fernández no llegaron para modificar el rumbo de la administración libertaria, sino para ejecutar una etapa distinta del mismo proyecto político. Durante el primer año y medio, Milei construyó poder diferenciándose del resto del sistema político; ahora empezó a construir poder seleccionando con quiénes está dispuesto a compartir parte de ese camino. No cambió el objetivo que se fijó el 10 de diciembre de 2023, sino el método con el que pretende alcanzarlo. Y esa, probablemente, sea la principal novedad política de un Gobierno que ya empezó a preparar el terreno para la elección presidencial de 2027, consciente de que la credibilidad de su proyecto dependerá tanto de la solidez de sus números como de la amplitud de sus acuerdos.
