La Casa Rosada negocia con sus aliados la eliminación de las PASO a cambio de habilitar primarias internas por alianza y la inclusión de hasta tres listas colectoras por boleta. La iniciativa, que busca asegurar la reelección presidencial, desató críticas transversales y renovó el enfrentamiento con Patricia Bullrich, quien calificó la movida como una «deformación del sistema».
En las últimas horas, el escenario político argentino se vio sacudido por una maniobra legislativa que, bajo el ropaje de una modernización administrativa, esconde una estrategia de supervivencia electoral. Con la vista puesta en el calendario electoral del próximo año, la administración libertaria dio un paso audaz al poner sobre la mesa una reforma integral de las reglas de juego democrático, un movimiento que genera resquemores tanto en las filas oficialistas como en la oposición y que ya cosechó duras objeciones desde diversos sectores del arco político.
El proyecto, que aún no tomó estado público en su totalidad, contempla el retorno de un viejo conocido del sistema electoral argentino: las listas colectoras. Este mecanismo, que permite que un mismo candidato a gobernador o presidente figure en múltiples nóminas legislativas dentro de un mismo partido o frente, fue desterrado en administraciones anteriores por considerarse una fuente de confusión y un caldo de cultivo para prácticas clientelares. Sin embargo, el actual gobierno parece decidido a resucitarlo, aunque con una vuelta de tuerca: se prevé la habilitación de hasta tres colectoras por boleta, lo que, en la práctica, multiplicaría exponencialmente la fragmentación interna y las posibilidades de acumulación de votos.
Este componente central de la reforma se enmarca en una negociación más amplia que el Poder Ejecutivo mantiene con sus socios legislativos para concretar la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La propuesta oficial, que en las últimas horas circuló como moneda de cambio entre los despachos de la Cámara baja, plantea un esquema híbrido: a cambio de eliminar las PASO a nivel nacional, se permitiría la realización de elecciones primarias circunscriptas únicamente a las alianzas electorales, con una logística que incluiría una mesa y una urna por cada circuito electoral, un gasto operativo que el Tesoro nacional se comprometería a sufragar. De esta manera, el gobierno busca desactivar el desgaste y la incertidumbre que generan las primarias abiertas, pero sin resignar el control sobre la selección de sus propios candidatos, un punto que consideran neurálgico para mantener la cohesión del espacio.
El diseño de la boleta única de papel, que el oficialismo promueve como símbolo de transparencia y agilización del sufragio, se vería notablemente recargado con la inclusión de estas múltiples colectoras. Lo que en teoría pretende ser un instrumento claro y sintético corre el riesgo de convertirse en un laberinto para el votante, quien deberá discernir entre distintas opciones que, aunque encabezadas por el mismo postulante, responden a facciones internas o a acuerdos tácticos con otros sellos políticos. Esta sobrecarga gráfica y conceptual es, precisamente, uno de los puntos que despierta mayores reparos entre los especialistas electorales y los propios actores políticos, que ven en esta maniobra un intento de maximizar artificialmente el caudal de sufragios a través de la dispersión y la confusión.
La reacción más contundente provino de la líder del PRO, Patricia Bullrich, quien no dudó en calificar la iniciativa como una distorsión del sistema electoral. En declaraciones a la prensa, la exministra de Seguridad sostuvo que el regreso de las colectoras «deforma la esencia de la representación democrática» y advirtió que esta herramienta, lejos de fortalecer la institucionalidad, fomenta el fraccionalismo y la especulación política. Sus dichos encontraron eco en sectores de la oposición dialoguista, que si bien en privado reconocen la necesidad de una reforma electoral, rechazan de plano lo que interpretan como un mecanismo diseñado a medida para garantizar la permanencia del actual inquilino de la Casa Rosada, sin importar el desgaste de su gestión económica o los vaivenes de su popularidad.
Paralelamente a esta pulseada en el Congreso, el presidente Javier Milei mantiene viva una agenda paralela de fuerte contenido simbólico y económico, siempre con la mirada puesta en los Estados Unidos. El mandatario anunció que su equipo trabaja en un paquete de reformas estructurales entre las que se destaca la implementación de un shutdown gubernamental, inspirado en el mecanismo que opera al norte del continente, donde el cierre temporal de la administración se activa automáticamente ante la falta de aprobación del presupuesto nacional. Esta propuesta, que forma parte de una batería de medidas destinada a complacer al núcleo más ortodoxo de su espacio político, buscaría generar un impacto mediático que reposicione al gobierno en el centro del debate público, aunque especialistas en derecho constitucional ya calificaron la idea como inviable y abiertamente contraria a nuestra Carta Magna.
La ofensiva legislativa, sin embargo, no se detiene allí. En simultáneo, el Ejecutivo avanza con un paquete económico que incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una vieja aspiración de los sectores más liberales que ven en la emisión monetaria la raíz de todos los males inflacionarios. Esta batería de iniciativas, que Milei presentó ante su propia tropa en una reunión de gabinete ampliado, busca demostrar que el gobierno conserva iniciativa política y capacidad de agitación, aun cuando sus proyectos más disruptivos encuentren escollos insalvables en el Congreso o en la propia Constitución.
El tablero político, entonces, se reconfigura en torno a esta doble apuesta: por un lado, una reforma electoral que pretende ser el caballo de Troya para la reelección, y por otro, un show de firmeza ideológica que busca oxigenar a un oficialismo que ve cómo su núcleo duro se achica mientras la realidad económica sigue mostrando signos de fragilidad. La discusión sobre las colectoras y el futuro de las PASO promete ser el eje de una confrontación parlamentaria que pondrá a prueba la capacidad de negociación del gobierno y la cohesión de una oposición que, hasta ahora, se muestra dividida entre quienes aceptan el debate y quienes ya anticipan un rechazo frontal.
Lo que queda claro es que, más allá de las justificaciones técnicas o las promesas de modernización, el verdadero motor de esta reforma es la urgencia política. Con un horizonte electoral cada vez más próximo y un panorama de aprobación que oscila entre la polarización y el desencanto, el oficialismo parece dispuesto a jugar todas sus fichas en el terreno de las reglas, convencido de que, si no puede cambiar la realidad, al menos puede modificar el modo en que se mide. La advertencia de Bullrich y las críticas transversales que ya comienzan a florecer en las redes sociales y los medios indican que el camino hacia la aprobación de esta ley será, cuanto menos, escabroso. El desafío para el gobierno será demostrar que esta reforma no es un acto de desesperación, sino una genuina búsqueda de eficiencia electoral, en un contexto donde la desconfianza ciudadana hacia la clase política alcanza niveles récord y cualquier modificación de las reglas es vista con lupa y recelo.
