El Gobierno de Santa Cruz convocó a intendentes para consensuar una salida compartida ante la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia. Se acordó una nueva instancia de trabajo para la tercera semana de julio, mientras desde el Ejecutivo se descartó cualquier medida de coerción financiera sobre los distritos locales.
En una jornada signada por la búsqueda de acuerdos institucionales, el Ejecutivo provincial mantuvo durante el sábado un extenso cónclave con jefes comunales y delegados municipales, con el propósito de desmenuzar el impacto y las implicancias de la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia que reinstauró la operatividad del artículo 22 de la Ley Nº 1.782. El cónclave, que se prolongó por varias horas en la sede del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, tuvo como eje central la construcción de una propuesta unánime que garantice la sostenibilidad del régimen previsional provincial, en un contexto de sensibilidad fiscal y social.
La reunión fue encabezada por el titular de la cartera económica, Ezequiel Verbes, junto a la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, quienes oficiaron de anfitriones ante una nutrida representación de los distritos más poblados y estratégicos de la geografía santacruceña. Entre los asistentes de mayor relevancia se contaron los intendentes Pablo Grasso, de Río Gallegos; Darío Menna, de Río Turbio; Aldo Aravena, de 28 de Noviembre; y Zulma Neira, de Los Antiguos. Asimismo, en representación del jefe comunal de El Calafate, Javier Belloni, concurrieron los funcionarios Leonardo Mardones y Juan Manuel Miñones, lo que evidencia el interés transversal que despierta la temática en todos los rincones de la provincia.
El ambiente de trabajo se desenvolvió bajo una premisa de franca predisposición al entendimiento, según confiaron fuentes oficiales al término del encuentro. La ministra Elmiger subrayó que el espíritu que primó en la mesa de diálogo fue el de edificar puentes y despejar incertidumbres, con la mira puesta en alcanzar acuerdos perdurables que otorguen solidez al sistema de jubilaciones y pensiones. “Nuestro norte es seguir laborando con absoluta responsabilidad y explorar todas las alternativas viables que nos conduzcan a pactos estables, capaces de robustecer el entramado previsional de nuestra provincia”, afirmó la funcionaria, al tiempo que ponderó la actitud colaborativa de los ediles presentes.
Uno de los puntos que concitó especial atención durante la deliberación fue el alcance concreto del pronunciamiento judicial que restablece la aplicación del mencionado artículo, una norma que había permanecido en suspenso y cuya revitalización generó expectativas y aprensiones en partes iguales. En este sentido, el Gobierno provincial fue tajante al despejar cualquier especulación sobre eventuales medidas de apremio: desde la administración de Claudio Vidal se reiteró de manera enfática que no se ha dispuesto ni se proyecta disponer de retenciones sobre los fondos coparticipables que por derecho corresponden a las comunas, pese a que el fallo del máximo tribunal provincial habilita jurídicamente esa posibilidad. Esta aclaración buscó disipar los temores que pudieran albergar los municipios respecto de su autonomía financiera.
No menos relevante resultó el mensaje de tranquilidad que los representantes del Ejecutivo dirigieron a los trabajadores activos y pasivos del Estado provincial y municipal. Elmiger fue contundente al asegurar que la resolución del TSJ no constituye, en modo alguno, una amenaza para el abono puntual de los haberes mensuales ni para el pago de las prestaciones jubilatorias. “La gente no tiene por qué preocuparse; la previsibilidad en el cobro de sus salarios y pensiones está plenamente resguardada”, declaró la ministra, quien insistió en que la administración central mantiene incólume su compromiso de apuntalar la Caja de Previsión Social, así como de extender ese respaldo a la Caja de Servicios Sociales, en un trabajo coordinado con los gobiernos locales.
El cronograma de trabajo acordado prevé un nuevo encuentro para la semana que se inicia el 20 de julio, instancia en la cual ambas partes se comprometieron a comparecer con información técnica pormenorizada que permita afinar el diagnóstico y avanzar sobre bases numéricas objetivas. La ministra Elmiger concluyó su intervención reiterando la voluntad política del gobernador Vidal de no escatimar esfuerzos en el diálogo, a fin de arribar a soluciones definitivas que brinden certidumbre tanto a los municipios como al conjunto del sistema previsional de los santacruceños. “La vocación es seguir conversando sin pausa, porque solo a través del consenso podremos construir un futuro con reglas claras y sustentables para todos”, sentenció.
De esta manera, Santa Cruz transita una etapa de intensa negociación institucional, donde la prudencia y la cooperación intergubernamental se erigen como los pilares para sortear los desafíos que impone un fallo judicial de alto impacto, sin perder de vista la protección de los derechos adquiridos de los trabajadores y la estabilidad de las arcas municipales. La próxima cita en el calendario político promete ser un hito en la búsqueda de ese equilibrio tan anhelado.
