Mientras la atención nacional se consume en la cita decisiva por el campeonato mundial, la Cámara alta se apresta a tratar un polémico proyecto que elimina todas las barreras a la adquisición de suelo rural por parte de inversores foráneos. La iniciativa, que incluye desalojos ultrarrápidos y desprotección de bosques nativos, ya cuenta con el respaldo de los bloques aliados y de varias provincias, aunque el peronismo aún resiste para frenar lo que califica como una cesión de soberanía. En paralelo, se someterán a consideración 36 designaciones judiciales, entre ellas la del magistrado que anuló la cautelar de la CGT contra la reforma laboral.
En una jornada que promete ser decisiva tanto en el ámbito deportivo como en el legislativo, el oficialismo en el Senado se apresta a dar un paso de enorme calado para el futuro del territorio nacional. Bajo el rótulo de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, el proyecto de ley que se debatirá a partir del mediodía de hoy, en lo que constituirá la última sesión antes del receso invernal, busca derribar todos los candados que hasta ahora limitaban la llegada de capitales externos a la extensa geografía rural del país. La discusión, sin embargo, trasciende largamente el mero resguardo del derecho individual a poseer bienes, ya que abre la puerta a que agentes foráneos puedan hacerse de porciones significativas del mapa argentino, incluyendo aquellas regiones que albergan recursos hídricos, minerales y energéticos de primera magnitud para el desarrollo nacional.
El texto que llegó al recinto, luego de un extenso periplo de negociaciones que se prolongó por casi tres meses y que incluyó modificaciones hasta después de la instancia de comisiones —la versión que circuló tras el encuentro entre Argentina e Inglaterra llevaba ya el número 15 en su numeración interna—, refleja el esfuerzo gubernamental por tejer una red de apoyos lo suficientemente amplia como para garantizar su sanción. Para ello, se otorgó a los distritos provinciales la atribución de autorizar o vetar cada operación de compraventa en su jurisdicción, una concesión política que resultó clave para sumar a los bloques regionales y a los socios tradicionales del PRO y la Unión Cívica Radical, quienes ya manifestaron su disposición a brindar el quórum necesario. De esta manera, el oficialismo confía en tener allanado el camino para convertir en ley un instrumento que, según sus impulsores, dinamizaría el mercado rural y atraería inversiones de magnitud, pero que sus detractores definen sin ambages como una peligrosa política de extranjerización del suelo patrio.
La normativa vigente en la actualidad, lejos de prohibir la adquisición de tierras por parte de no residentes, establece un tope global del quince por ciento sobre el total de la superficie rural del país, un límite que, según los registros del Observatorio de Tierras, aún está lejos de alcanzarse, ya que los capitales internacionales controlan aproximadamente el cinco por ciento del territorio, lo que equivale a unas trece millones de hectáreas. Sin embargo, la reforma que se impulsa elimina esa barrera porcentual y, de modo aún más controvertido, suprime cualquier restricción en departamentos o regiones donde la presencia foránea ya supera holgadamente ese promedio, permitiendo que en zonas de alta concentración extranjera se profundice aún más el dominio externo sobre extensiones que a menudo coinciden con acuíferos, bosques o yacimientos de litio e hidrocarburos. Este punto es, precisamente, el que ha encendido todas las alarmas en el arco opositor, que ve en la iniciativa una vulneración a la soberanía nacional y una entrega de activos estratégicos que deberían permanecer bajo resguardo estatal.
Pero el paquete de medidas no se agota en la desregulación del mercado de tierras. La letra del proyecto también introduce modificaciones sustanciales en el régimen de expropiaciones, una arista que ha recibido menor atención pública pero cuyo impacto podría ser igualmente profundo. Al restringir severamente el concepto de “utilidad pública” y elevar de manera considerable los montos indemnizatorios que el Estado debe abonar para recuperar un bien, se erige un obstáculo casi insalvable para que futuras administraciones puedan retomar el control de empresas o recursos que hoy están en manos privadas. Un ejemplo elocuente de esta hipótesis lo constituiría la experiencia de 2012, cuando la expropiación del cincuenta y uno por ciento de las acciones de YPF le permitió al país recuperar la conducción de la petrolera y potenciar el desarrollo de Vaca Muerta; con las nuevas reglas que se pretenden instaurar, aquella operación habría resultado jurídicamente inviable o económicamente prohibitiva.
A ello se suman dos reformas adicionales que completan un cuadro de profunda transformación del derecho de propiedad y uso del suelo. Por un lado, se habilitan los denominados “desalojos exprés”, una figura procesal que faculta a un magistrado a ordenar la restitución inmediata de un inmueble sin necesidad de aguardar una sentencia firme, lo que elimina garantías elementales para quienes ocupan un predio en litigio y abre la puerta a situaciones de indefensión. Por otro lado, se modifica la Ley de Manejo del Fuego, suprimiendo las restricciones que impedían cambiar el destino de las parcelas arrasadas por las llamas, una disposición que, en la práctica, allana el camino para la especulación inmobiliaria en zonas recientemente afectadas por incendios, al permitir que inversores adquieran esos terrenos a bajo costo y los reconviertan en emprendimientos agroindustriales o urbanísticos, sin atender a los ciclos de recuperación ecológica ni a la protección de los bosques nativos.
El cronograma legislativo no es producto del azar. La convocatoria a sesión para el mediodía, en pleno fervor mundialista y cuando la sociedad tiene su atención puesta en la definición del torneo, ha sido interpretada por la oposición como una maniobra deliberada para restar visibilidad a un debate de enorme trascendencia. El senador Wado de Pedro, una de las voces más críticas del peronismo, no dudó en calificar la iniciativa como un proyecto de “extranjerización del territorio” y denunció la intención de tratarlo mientras “la sociedad está mirando para otro lado”. En sus declaraciones, el legislador subrayó la necesidad de defender los intereses nacionales “en todas las canchas”, en un claro paralelismo con la gesta deportiva que vive el país. Por su parte, las bancadas del oficialismo y sus aliados confían en que los apoyos cosechados en las provincias, gracias a la delegación de facultades de veto, serán suficientes para doblegar cualquier intento de freno, aunque el peronismo aseguró estar “cerca” de reunir los consensos necesarios para bloquear, al menos, el capítulo más sensible de la ley.
En paralelo a esta discusión de fondo, el Senado tiene previsto avanzar con el tratamiento de una extensa nómina de treinta y seis pliegos judiciales, entre los cuales se destaca, por su relevancia política y simbólica, el del juez Víctor Pesino. Este magistrado, próximo a cumplir setenta y cinco años y miembro de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, necesita del acuerdo de la Cámara alta para prolongar su permanencia en el cargo por un lustro más. Su figura ha cobrado notoriedad en los últimos meses por haber sido, junto con su colega Dora Martínez, quien revocó el fallo de primera instancia dictado por el juez Horacio Ojeda, que había suspendido la vigencia de ochenta y un artículos de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Aquella decisión judicial, que además involucró a la Unión Obrera Metalúrgica y derivó en el desplazamiento de su secretario general, Abel Furlán, allanó el terreno para la aplicación de buena parte de los cambios en el mundo del trabajo que el Gobierno venía promoviendo. No es casual, entonces, que en la Casa Rosada vean con buenos ojos la continuidad de un juez que, en los hechos, se convirtió en un aliado estratégico para desactivar las resistencias sindicales al programa oficial.
La sesión de hoy, por tanto, se presenta como una encrucijada de alto voltaje político, en la que se cruzan los intereses del capital internacional, las tensiones federales, la dinámica judicial y la agenda mediática condicionada por el fervor deportivo. Mientras los focos del mundo apuntan al campo de juego, el recinto del Senado será el escenario de una partida cuyo desenlace definirá, por años, el grado de control que el Estado argentino mantendrá sobre su propio territorio y sobre los recursos que allí se albergan. La discusión, lejos de ser técnica o meramente jurídica, plantea un dilema de fondo sobre el modelo de país que se proyecta: aquel que abre sus fronteras sin cortapisas a los inversores extranjeros, o el que reserva para las generaciones futuras la potestad indelegable de decidir sobre su suelo y su soberanía. Con el reloj corriendo y el receso invernal como telón de fondo, los senadores tienen en sus manos una decisión que trascenderá largamente el actual compás de la actualidad.
