El Presidente firmó la continuidad de Víctor Pesino en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, un gesto de fuerte contenido político hacia el juez que reinstauró la normativa impulsada por el oficialismo y que intervino la UOM, una medida con escasos antecedentes en la historia democrática. La decisión se enmarca en una estrategia de seducción del Poder Judicial, mientras que otro camarista de peso, Martín Irurzun, fue descartado sin contemplaciones por el Gobierno.
En un movimiento que trasciende lo meramente administrativo para convertirse en una declaración de principios políticos, el presidente Javier Milei estampó su firma para oficializar la prolongación del mandato del juez Víctor Pesino al frente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT). Este refrendo ejecutivo, que llegó apenas horas después de que el Senado de la Nación brindara su visto bueno, no es un acto fortuito ni menor: se trata de una distinción explícita hacia un magistrado que ha demostrado una sintonía notable con los postulados de La Libertad Avanza, incluso en aquellos terrenos más pantanosos y conflictivos del derecho laboral y gremial.
El pliego de Pesino fue uno de los veintinueve que el jueves precedente obtuvieron la luz verde en la Cámara Alta, pero el presidente decidió que su refrendo fuera el primero en materializarse entre ese lote de designaciones. Esta preferencia no es casual si se repasa la trayectoria reciente del camarista, quien en los últimos meses se ha convertido en una pieza angular para los intereses del oficialismo dentro del fuero judicial. Su fallo más resonante, dictado a finales de abril en conjunto con su colega María Dora González, implicó la resurrección de la reforma laboral que el Gobierno había impulsado en el fragor de las sesiones extraordinarias, sorteando hábilmente el freno cautelar que el juez Raúl Ojeda había impuesto a instancias de la Confederación General del Trabajo (CGT). En lugar de dirimir la legalidad de aquella medida precautoria, la dupla judicial optó por suspender sus efectos mientras se sustanciaba la apelación, un mecanismo procesal que allanó el camino para la implementación efectiva de los cambios pretendidos por el Ejecutivo.
La controversia, sin embargo, no hizo más que incubarse. Apenas transcurridas unas pocas horas desde aquel pronunciamiento, el Boletín Oficial ya reflejaba el inicio del trámite para extender la permanencia de Pesino en el tribunal, una sincronización que despertó suspicacias en los círculos opositores. Pero la bisagra que terminó de consolidar la relación entre el magistrado y el poder político llegó el 22 de mayo pasado, cuando Pesino y González intervinieron la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), una injerencia que no se registraba desde los sombríos días de las dictaduras de 1955 y 1976. Esta acción, interpretada como un golpe directo al corazón del sindicalismo tradicional, fue leída en el espectro opositor como un acto de sumisión política que buscaba granjearse el favor de la administración libertaria.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Acuerdos del Senado, el propio Pesino admitió haber mantenido reuniones en el seno del Ministerio de Justicia y confesó su conocimiento de que al día siguiente de su fallo se publicitaría su pase para continuar en el cargo. La pregunta que quedó flotando en el ambiente de la audiencia fue inevitable: ¿se apresuró el magistrado a dictar aquellas resoluciones para congraciarse con quienes detentan el poder, asegurando así su permanencia en el estrado? La respuesta, aunque no explícita, quedó sellada con la firma presidencial.
El contexto temporal agrega una capa más de dramatismo a esta historia. Pesino, que el próximo 27 de julio cumplirá 75 años, se enfrentaba al límite constitucional que obliga a los jueces a jubilarse a esa edad, a menos que obtengan un nuevo acuerdo del Senado, un trámite que debe repetirse cada lustro. Consciente de que el cronograma legislativo podía no ajustarse a sus plazos, el magistrado tomó la precaución de acudir a la justicia contencioso-administrativa para evitar que, al alcanzar el tope etario, el Gobierno declarara vacante su puesto y convocara a un concurso para cubrirlo. Sin embargo, tan pronto como el Senado le otorgó el aval, Pesino se presentó el viernes a las 8.39 ante la jueza Macarena Marra Giménez para desistir de su acción legal, un gesto que la magistrada convalidó archivando el expediente casi de inmediato. La celeridad de este procedimiento revela una urgencia por disipar cualquier sombra de duda sobre su estatus.
En las antípodas de este trato deferente se encuentra la suerte de otro camarista de renombre, Martín Irurzun, un nombre que resuena con fuerza en los pasillos de Comodoro Py y que supo ser el artífice de la doctrina que permitió la prisión preventiva de varios exfuncionarios kirchneristas. Irurzun también solicitó un nuevo acuerdo para extender su mandato más allá de los 75 años, pero la Casa Rosada optó por ignorar su pedido de manera deliberada. El sábado pasado, el magistrado festejó su cumpleaños, y el lunes siguiente, el Ministerio de Justicia le envió un regalo nada deseado: una nota al Consejo de la Magistratura notificando su llegada a la edad límite y solicitando el inicio del concurso para reemplazarlo. A diferencia de Pesino, Irurzun no contó con el respaldo oficial ni con la suerte en los tribunales; su intento de apelar a la justicia contencioso-administrativa para estirar su estadía fue rechazado por el juez Enrique Alonso Regueira, decisión que luego confirmó la Cámara del fuero, y su posterior recurso ante la Corte Suprema tropezó con el dictamen adverso del procurador interino Eduardo Casal, quien calificó su planteo como una mera conjetura. El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, selló su destino al negarse a tratar su caso durante la feria judicial, allanando así el camino para que el Gobierno pueda renovar la mitad de la Cámara Federal porteña con perfiles afines.
Este contraste en el trato dispensado a ambos magistrados no es un capricho, sino una pieza más de un tablero mayor que el oficialismo está moviendo con precisión. Mientras que Pesino es recompensado por su sintonía con la agenda de desregulación y su embestida contra el corporativismo sindical, Irurzun es descartado, a pesar de su historial en causas de corrupción contra el kirchnerismo, probablemente porque su perfil autonomista no encaja en los planes de una administración que busca jueces funcionales, no solo aliados circunstanciales. La CNAT, que ha estado en la mira de Milei desde el comienzo de su gestión, enfrenta una crisis estructural con quince vacantes sobre un total de treinta cargos, lo que concentra el poder en unas pocas manos y hace que cada designación sea una batalla política. En esa misma sesión senatorial que aprobó a Pesino, también se dio el acuerdo para cinco nuevos integrantes del tribunal laboral, aunque sus nombres han pasado casi inadvertidos frente al ruido generado por la figura central de esta trama.
El mensaje que emana de la Rosada es inequívoco: la justicia, al menos aquella que se ocupa de los conflictos laborales y gremiales, debe alinearse con los designios del poder político si aspira a la permanencia. Pesino, con su trayectoria que se remonta a 1971, pasando por designaciones durante la dictadura autodenominada Revolución Argentina y el gobierno de Raúl Alfonsín, hasta su arribo a la CNAT en 2011 bajo el mandato de Cristina Fernández, ha sabido navegar las corrientes más turbulentas del derecho y la política. Pero su capítulo más reciente parece haber sido escrito con la pluma de la necesidad mutua: el Gobierno necesitaba fallos que legitimaran su reforma laboral y su ofensiva contra los sindicatos, y Pesino necesitaba un nuevo acuerdo que lo blindara contra el retiro forzoso. El trueque se ha consumado, y la firma de Milei lo sella con la fuerza de un decreto.
Mientras tanto, el expediente de Irurzun yace archivado, y su salida forzada abre la puerta para que el Ejecutivo avance con sus propios candidatos, siguiendo la estela de los pliegos ya enviados para ocupar los lugares dejados por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. En poco más de un mes y medio, el Gobierno ha logrado la aprobación de más de un centenar de pliegos y tiene previsto continuar esta ofensiva en los próximos días, con audiencias convocadas para el 4 y 5 de agosto que incluyen postulantes para jueces, fiscales y defensores. La maquinaria de la cooptación judicial se mueve a toda velocidad, y cada nombramiento es una pieza que Milei coloca en el tablero de su revolución institucional.
