Lo que comenzó como un bulo de dimensiones insospechadas, alimentado por la maquinaria mediática afín al oficialismo, terminó revelando una compleja batalla subterránea por los millonarios negocios de la selección y la sombra de las sociedades anónimas en el fútbol argentino.
En la mañana del miércoles, el ecosistema mediático porteño se vio sacudido por una tormenta informativa que, con el correr de las horas, evidenció ser un espejismo cuidadosamente orquestado. La versión que corrió como pólvora, impulsada por portales y matutinos afines al macrismo y al mileísmo, daba cuenta de un operativo de alto voltaje en territorio estadounidense: el máximo referente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, junto al tesorero Pablo Toviggino, habrían sido interceptados por agentes del FBI en el aeropuerto de Nueva York. Según esta narrativa, a los dirigentes se les habrían incautado sus dispositivos móviles y computadoras portátiles, para luego ser notificados de su condición de acusados en un proceso judicial que los citaba a declarar el próximo 30 de julio.
El relato, dotado de un dramatismo cinematográfico, incluía detalles escalofriantes que buscaban darle verosimilitud al embuste: el encierro de los directivos en una sala de interrogatorios, la requisa de elementos personales y la consiguiente demora del vuelo que transportaba a la delegación albiceleste. Sin embargo, a medida que el sol avanzaba en su cenit, la propia inconsistencia del relato comenzó a resquebrajarlo, mutando en versiones más tibias que se conformaban con afirmar una vaga «investigación» en curso. Nada de eso se ajusta a la realidad.
El centro de la madeja no apunta a los directivos de la calle Viamonte, sino a un empresario con un contencioso comercial en curso: Guillermo Tofoni. La documentación judicial que sirvió de base para el escándalo mediático no es una orden de captura ni una imputación formal contra Tapia o Toviggino, sino una citación emitida para que el propio Tofoni, en su calidad de testigo, aporte comunicaciones y documentación que sustenten su demanda. El conflicto de fondo tiene un origen mercantil y gira en torno a la ruptura de un contrato por los derechos de un partido amistoso que el combinado nacional tenía previsto disputar en la India. La dirigencia de la AFA decidió rescindir el vínculo con Tofoni y otorgar la representación al empresario teatral Javier Faroni, una decisión que desencadenó una guerra judicial y mediática sin cuartel.
Lejos de la epopeya de espionaje y corrupción que algunos intentaron instalar, la verdad se impuso de manera contundente a través de un comunicado oficial emitido por la propia AFA durante la tarde del miércoles. En el texto, la entidad madre del fútbol argentino calificó la información como «absolutamente falsa», desmintiendo categóricamente que los dirigentes hayan sido citados por la justicia estadounidense o que se les haya confiscado teléfono celular o dispositivo electrónico alguno. La misiva subrayó que el documento judicial recortado y difundido «no dispone ninguna medida personal» respecto del presidente ni del tesorero del organismo.
La maniobra del engaño resulta burda al analizar el papel original de la convocatoria judicial. En dicho escrito, que fue hábilmente fragmentado para ocultar el nombre del verdadero implicado y el tenor de la convocatoria, se hace mención explícita en repetidas ocasiones al acto de «testificar». La tergiversación fue tan grosera como efectiva: se presentó a los directivos de la AFA como los acusados, cuando en realidad la citación iba dirigida al denunciante. Esta no es la primera vez que el empresario Tofoni recurre a este tipo de artimañas; en el pasado, otro juzgado ya le había recriminado conductas similares en cuanto a la manipulación de información sensible.
La cronología del ataque a la conducción del fútbol argentino no es fortuita. Desde la semana anterior, voceros cercanos al poder ejecutivo, entre los que se destaca la figura del conocido influencer Daniel Parisini, alias «El Gordo Dan», venían pregonando que Tapia estaba a punto de ser arrestado por el Buró Federal de Investigaciones. La campaña de desprestigio alcanzó su punto más álgido al insinuar que la supuesta presencia de los agentes federales en la previa de la final ante España había influido en el rendimiento del equipo, excusando así una actuación que muchos calificaron como pálida. El grotesco escenario se completó con la invención de la demora del vuelo, un dato diseñado para dar carnadura a la ficción del operativo policial en la pista del aeropuerto neoyorquino.
Mientras la prensa afín se regodeaba en el escándalo ficticio, un hecho de relevancia jurídica real pasó completamente desapercibido para esos mismos medios. El juez Clay D. Land, del distrito de Columbus, en Georgia, dirigió un durísimo apercibimiento hacia Tofoni por la filtración no autorizada de documentación judicial a la prensa. El magistrado dejó en claro que el acceso a las cuentas bancarias de la empresa Tourprodenter, actualmente en manos del representante que reemplazó a Tofoni, fue autorizado exclusivamente para el litigio comercial en curso. Cualquier otro uso de esa información requería una autorización expresa. Al desoír este mandato, Tofoni no solo violó las normas del proceso, sino que se expuso a sanciones severas, recibiendo la orden perentoria de recuperar cualquier documento que hubiera divulgado.
El trasfondo de esta tormenta es puramente económico y pone al descubierto las arterias del negocio del fútbol. La decisión de la AFA de romper con Tofoni se fundamenta en la excesiva comisión que este se llevaba, un 50 por ciento de los derechos de la selección, frente al 30 por ciento que percibe el nuevo agente, Javier Faroni. Esta rescisión contractual fue la chispa que encendió la guerra emprendida por Tofoni, quien busca infligir el mayor daño posible a la gestión de Tapia y Toviggino. El conflicto, radicado en múltiples jurisdicciones como Florida y Georgia, augura la aparición de nuevas citaciones y medidas en el corto plazo.
Sin embargo, el objetivo de esta virulenta campaña mediática trasciende la mera disputa comercial. La instrumentalización de esta falsa noticia por parte de los medios que impulsan el modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas revela una intención política clara. Detrás de la cortina de humo del escándalo se oculta el anhelo de allanar el camino para la irrupción de capitales extranjeros -árabes, norteamericanos y de otras latitudes- en los clubes argentinos. La demonización de la actual dirigencia de la AFA no es más que el ariete utilizado para derribar las barreras que protegen el actual modelo asociativo, en una operación que combina la desinformación, el lawfare mediático y los intereses de un mercado ávido por controlar el principal espectáculo deportivo del país.
