La Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, estableció incrementos progresivos mensuales a partir de septiembre, tras el fracaso de las negociaciones entre sindicatos y empresarios. La medida alcanza a todos los trabajadores del régimen general, agrario y estatal, y también regula los topes para la prestación por desempleo.
En una nueva intervención unilateral por parte del Poder Ejecutivo, quedó formalizada este miércoles la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil, junto con las asignaciones por desempleo, a través de la Resolución 4/2026 que aparece publicada en la edición de hoy del Boletín Oficial. La disposición, firmada por la presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Claudia Silvana Testa, traza un camino de subas graduales que se extenderán desde septiembre de este año hasta abril de 2027, acumulando un incremento total de poco más de 50 mil pesos en el transcurso de los próximos ocho meses.
El origen de esta decisión gubernamental se remonta a la sesión plenaria del 28 de agosto, donde los representantes de los trabajadores y los empleadores expusieron sus respectivas propuestas sin lograr acercar posiciones. Según consta en el texto oficial, “luego de un extenso intercambio de opiniones, no se logró alcanzar un acuerdo”, lo que dejó una vez más en manos del Estado la fijación de la remuneración mínima. Con este laudo, el Gobierno inclinó la balanza en favor del sector empresarial, reiterando un patrón que ya se había observado en negociaciones anteriores.
La resolución alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, así como al personal de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos dependientes del Estado Nacional que actúen como empleadores. Hasta agosto, el piso salarial se ubicaba en $376.600 mensuales; a partir de septiembre trepará a $383.800, y mes a mes irá escalando hasta alcanzar los $437.000 en abril del año próximo. Esto implica que, en apenas ocho meses, el ingreso base experimentará un alza de $60.400.
Los valores detallados por la normativa reflejan un progresivo ajuste que comienza en septiembre con $383.800 por mes y $1.919 por hora; en octubre asciende a $391.200 mensuales y $1.956 por hora; en noviembre llega a $398.800 y $1.994; en diciembre trepa a $406.400 y $2.032; ya en enero de 2027 el monto será de $414.200 y $2.071 la hora; en febrero, $422.000 y $2.110; en marzo, $429.600 y $2.148; y finalmente, en abril, se consolidará en los mencionados $437.000 mensuales y $2.185 por hora.
Sin embargo, este sendero de aumentos nominales no logra ocultar el fuerte deterioro que el salario mínimo ha sufrido en términos reales durante la gestión de Javier Milei. De acuerdo con los cálculos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), entre noviembre de 2023 y julio pasado, el poder adquisitivo del sueldo básico acumuló una merma del 40,5%, muy por encima de la inflación registrada en ese período. Esa pérdida de valor real coloca a los trabajadores de menores ingresos en una situación de creciente vulnerabilidad, aun cuando las cifras oficiales muestren mejoras nominales.
Paralelamente, la resolución también fijó las pautas para la prestación por desempleo, estableciendo que su monto equivaldrá al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que el trabajador haya percibido en los seis meses anteriores a la finalización del contrato que originó la situación de desocupación. Como tope, la norma dispone que en ningún caso el beneficio mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superar el 100% de ese mismo piso. De esta manera, se busca garantizar un colchón económico para quienes pierden su empleo, aunque el monto final quedará atado a la evolución futura del salario base.
La decisión del Ejecutivo, enmarcada en la falta de consenso bipartito, profundiza la tendencia a la judicialización y al debate político en torno a la fijación de ingresos mínimos, mientras los sindicatos critican la insuficiencia de los incrementos frente a la escalada de precios y los empresarios celebran la moderación de los costos laborales. Con este nuevo laudo, el Gobierno vuelve a ejercer su facultad de arbitraje, aunque los especialistas advierten que, si la inflación no cede, el poder de compra del salario mínimo podría seguir erosionándose, dejando la promesa de recuperación postergada para un horizonte incierto.
