Los legisladores de Unión por la Patria sumaron nuevos elementos probatorios ante las inconsistencias detectadas en las declaraciones oficiales sobre el traslado y control de las toneladas de metal precioso que abandonaron las bóvedas nacionales
En una jornada que añade nuevos capítulos a la controversial gestión de las arcas públicas, los representantes legislativos del bloque opositor mayoritario presentaron una extensión de la querella penal que involucra a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y de la entidad monetaria central. La senadora Juliana Di Tullio, junto a sus colegas Florencia López y Martín Soria, formalizaron este martes una ampliación de la acusación que ya pesaba sobre el jefe de Estado Javier Milei, el titular del Palacio de Hacienda Luis Caputo y el responsable de la autoridad monetaria Santiago Bausili.
El eje central de esta nueva presentación judicial radica en las flagrantes discrepancias que surgieron entre las distintas versiones oficiales respecto al paradero final y los mecanismos de fiscalización aplicados sobre el patrimonio en barras doradas que fue retirado de las instalaciones del organismo emisor. Según la perspectiva de los querellantes, estas inconsistencias configurarían indicios suficientes para sospechar la comisión de conductas tipificadas como ejercicio ilegal del poder estatal, desidia en las obligaciones inherentes al cargo y apropiación indebida de recursos pertenecientes a la ciudadanía.
La maniobra bajo escrutinio involucra el traslado transfronterizo de aproximadamente un millar de piezas de oro que se encontraban resguardadas en las cámaras blindadas de la institución financiera estatal. Este movimiento, ejecutado sin la debida publicidad ni los controles parlamentarios correspondientes, despertó alarmas significativas entre los sectores que monitorean la administración de las divisas y metales que respaldan la moneda nacional.
Los firmantes de la denuncia sostienen que la ausencia de información verificable y la evolución cambiante de las explicaciones proporcionadas por los funcionarios constituyen elementos que agravan la situación. Mientras algunas fuentes oficiales sostenían que el metal había sido enviado al exterior para obtener rendimientos financieros, otras declaraciones sugerían que permanecía bajo jurisdicción nacional pero en locaciones no especificadas, generando un manto de incertidumbre sobre el verdadero destino de los activos.
La presentación judicial requiere que se investigue no solo el operativo de extracción física de las barras, sino también la cadena de decisiones administrativas que lo autorizaron y la eventual omisión de los procedimientos de auditoría que deberían haberse implementado. Los legisladores enfatizan que la magnitud del patrimonio involucrado y la naturaleza estratégica de estos recursos exigen un nivel de escrutinio muy superior al que se ha evidenciado hasta el momento.
El texto de la ampliación de denuncia subraya que la falta de transparencia en la gestión de las reservas constituye una vulneración directa a los principios republicanos que rigen la administración de los bienes del Estado. Señalan que los ciudadanos tienen derecho a conocer el paradero y las condiciones en que se encuentran los activos que respaldan su moneda, máxime cuando estos han sido movilizados fuera de las instalaciones que tradicionalmente los albergaban.
En paralelo a esta ofensiva judicial, el clima político se ve influenciado por datos que reflejan un deterioro en la percepción pública de la figura presidencial, según revelan estudios de opinión recientes. Estas mediciones sugieren un escenario competitivo de cara a los próximos comicios, configurando un empate técnico entre las principales fuerzas políticas, lo que añade presión sobre el oficialismo en un contexto donde las acusaciones de mal manejo de recursos estratégicos podrían tener consecuencias electorales significativas.
Los querellantes han solicitado que la justicia actúe con celeridad para esclarecer los hechos, advirtiendo que la opacidad en el manejo de las reservas no solo constituye una irregularidad administrativa, sino que podría configurar delitos que comprometen gravemente el patrimonio nacional. La causa continuará su curso mientras la sociedad observa con atención el desarrollo de un caso que pone en el centro del debate la administración de los recursos más valiosos del país.
