Mientras en el Gabinete nadie asume la autoría del capítulo que recorta pensiones y desregula prestaciones, el oficialismo intenta negociar con el Congreso y la oposición busca extender la Emergencia. Las provincias, los prestadores y las familias más pobres quedan en el centro de un conflicto que ya tiene antecedentes concretos.
A varios días de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, en el seno del Gobierno nadie quiere adjudicarse la paternidad del apartado que contiene el drástico recorte en materia de discapacidad. En privado, varios ministros continúan arrojándose la responsabilidad unos a otros y aseguran haber conocido la novedad recién cuando el texto llegó a sus manos. En público, en cambio, algunos aprovecharon la controversia para profundizar la interna y sacar rédito político. Patricia Bullrich utilizó el tema para tomar distancia de Javier Milei, mientras que Luis “Toto” Caputo quedó señalado por su falta de empatía, esa palabra que el oficialismo parece haber desterrado. El llamado “ala política”, representada por Martín Menem y Diego Santilli, salió a mostrarse como contención de los aliados en el Congreso, a quienes prometieron modificaciones e incluso una iniciativa alternativa para el sector.
Según trascendió, la estrategia oficial consiste en negociar el ajuste en pensiones a cambio de conservar el sistema de prestaciones tal como funciona en la actualidad, cumpliendo así a medias con la Emergencia. La oposición, en cambio, procura prorrogar esa ley por un año más y podría conseguir dictamen favorable este miércoles en un plenario de comisiones.
La obsesión con las pensiones
El embate libertario contra el sistema de pensiones no es nuevo. De hecho, varios de los puntos incluidos en el polémico capítulo IV del proyecto de Presupuesto, dedicado a jubilaciones y pensiones, donde se encuentran los recortes en discapacidad, ya formaban parte de un antiguo decreto, el 843/2024, que lleva las firmas del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del propio Javier Milei. Entre esos puntos se destaca la incompatibilidad de las pensiones no contributivas con el trabajo formal.
Aquel decreto había sido duramente cuestionado por las organizaciones del colectivo, que denunciaron que reinstalaba el “modelo médico” de la discapacidad y endurecía los requisitos para obtener una pensión. Entre otras cosas, restituía una vieja norma de la época de Menem y reintroducía términos como “invalidez laboral”, que habían caído en desuso por anacrónicos desde que el país adhirió a la Convención de la ONU sobre discapacidad durante el kirchnerismo. Como la ley de emergencia aprobada el año pasado establece nuevos criterios y pasó a denominarse Pensión para la Protección Social, el decreto de Milei y Francos había perdido vigencia, pero alguien en la Rosada consideró que era un buen momento para volver a sacarlo del cajón. En el proyecto de presupuesto, de hecho, reaparece el término “invalidez laboral”, tan criticado por las organizaciones y las familias.
En aquella oportunidad, la ANDIS, por entonces a cargo de Diego Spagnuolo, dictó la resolución 187/25, complementaria de ese primer decreto de Milei en discapacidad. La intención era clasificar las “afecciones” según el “grado de incapacidad” para acceder a la pensión. Esa norma, basada únicamente en criterios médicos, incluyó expresiones denigrantes y discriminatorias como “retraso mental”, “idiota” e “imbécil” para referirse al colectivo, términos que el propio Milei había utilizado en sus redes sociales. Su difusión derivó en un escándalo, un pedido de disculpas de Spagnuolo y el despido de la funcionaria que lo redactó.
El Gobierno había intentado de todos modos eliminar pensiones: primero a través de una auditoría encargada por el propio Spagnuolo que terminó judicializada, porque obligaba a personas ciegas, sordas y con discapacidad intelectual a trasladarse kilómetros para someterse a estudios médicos. Como el ajuste “hacia atrás” resultó un desastre, optaron por impulsar otro “hacia adelante”: dejaron de aceptar nuevos beneficiarios. Tal como informó Página12 en su momento, un informe del CELS basado en un pedido de acceso a la información pública reveló que unas doscientas mil personas todavía esperan que se concrete el trámite para acceder a una pensión y el Gobierno se las niega con burocracia, básicamente sin responder el pedido.
Prestadores en Emergencia
También en 2024, Federico Sturzenegger filtró el borrador de un eventual decreto que buscaba desregular el sistema de prestaciones. Esa misma idea reapareció en el presupuesto 2027: el artículo 39 del Capítulo VI elimina el arancel único, denominado “nomenclador”, que estandarizaba la calidad de los servicios de salud, rehabilitación y transporte, y habilitaba a las obras sociales y a las prepagas a establecer valores diferenciados. Ante la consulta de este medio, Sturzenegger negó haber tenido participación en la redacción del proyecto, pero su huella es evidente. Desde el Ministerio de Salud también alegan que ni siquiera fueron notificados de esa “novedad”.
Mientras tanto, Santilli y Menem prometieron que darán marcha atrás con el Capítulo VI y se mostraron conciliadores con los bloques aliados y los gobernadores, quienes además tienen su propio interés en el asunto: con la derogación del nomenclador, el presupuesto también propone una suerte de descentralización en las provincias del sistema de prestaciones. Las provincias, como se sabe, ya pagan menos por los servicios y carecen de los profesionales para cumplir con lo que se les exige.
Santilli y Menem prometieron, además, un nuevo proyecto de discapacidad que, una vez más, no tiene nada: el Gobierno ya había intentado reemplazar la Ley de Emergencia por una iniciativa propia que naufragó este año sin pena ni gloria. También lo había intentado en el presupuesto para 2026, y también fracasó.
En ese contexto, en Diputados avanza la extensión por un año de la Emergencia, que cuenta con un amplio consenso. Dentro del sistema, todos saben, prestadores, obras sociales y funcionarios de Salud nacionales y provinciales, que el sector depende de los aumentos a medias que hoy otorga esa ley, con incrementos mensuales atados al IPC del INDEC, y de los pagos del Incluir Salud para subsistir. Y aun así, hay instituciones que cierran.
El presupuesto también suprime esa actualización mensual, que se reemplaza por una pauta trimestral. Las instituciones y los prestadores reclaman que el aumento que reciben es insuficiente: sostienen que el Gobierno no cumple realmente con la Emergencia, que establecía un piso mayor para calcular los incrementos mensuales, lo que equivale a un ajuste real del cuarenta por ciento. El proyecto oficial también elimina el estudio anual de costos, otra herramienta establecida en la Emergencia que el Gobierno igualmente no cumple y que golpea sobre todo a los transportistas.
“Esto es muy simple. El gobierno vuelve sobre lo que ya ha presentado en otras ocasiones, que es recortar pensiones y atacar al sistema de prestaciones. Lo hace endureciendo los requisitos para la pensión, desregulando el nomenclador y trasladando el ajuste a las provincias. Los que más se van a ver afectados si esto sigue así son las familias más pobres, las que más necesitan del Estado”, resumió Pablo Molero, referente del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
