El Ejecutivo de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal apuntan contra Laura Beatriz De Marinis por declarar inconstitucional la aplicación de la nueva edad de imputabilidad en un caso concreto. Organismos de infancia y derechos humanos denuncian un ataque a la independencia judicial y advierten sobre una mirada exclusivamente punitivista.
La decisión de una jueza del fuero Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires de no aplicar la rebaja de la edad de punibilidad a un adolescente de 14 años desató una tormenta política y judicial. Laura Beatriz De Marinis resolvió sobreseer al joven acusado de un intento de robo al considerar que la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil resultaba inconstitucional en ese caso particular. La reacción del Gobierno porteño y del Ministerio Público Fiscal no se hizo esperar: anunciaron que impulsarán un jury de enjuiciamiento contra la magistrada y apelaron la resolución solicitando su apartamiento de la causa. En paralelo, una amplia coalición de organismos de derechos humanos, asociaciones de magistrados y colectivos de infancia salió a respaldar el fallo y calificó la embestida como un ataque directo a la división de poderes.
El primer embate se produjo apenas minutos después de que se conociera la resolución. El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, utilizó su cuenta en la red social X para anunciar que pedirá el juicio político a De Marinis y sostener que “CABA no va a tener una Justicia garantista”. Sus declaraciones fueron más allá al afirmar que “un menor de 14 años que roba es un delincuente, y en la Ciudad el delito tiene consecuencias”. Más tarde precisó que presentará el pedido de jury ante el Consejo de la Magistratura. La arremetida política se complementó a la mañana siguiente con la pata judicial: los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, apelaron el dictamen y reclamaron que la jueza sea separada del expediente. En su recurso sostuvieron que la resolución “se apoya en fundamentos aparentes y no constituye derivación razonada del derecho vigente”, por lo que correspondería descalificarla como acto jurisdiccional válido.
Sin embargo, el fallo de De Marinis dista de ser una declaración general de inconstitucionalidad de la ley. La propia resolución aclara que la declaración se circunscribe exclusivamente a este caso y a este adolescente, y que no importa una anulación del Régimen Penal Juvenil en su totalidad, a diferencia de lo ocurrido meses atrás en la Provincia de Buenos Aires, donde una jueza de Lomas de Zamora había suspendido cautelarmente toda la normativa. En este expediente, la magistrada analizó la situación concreta del joven imputado y concluyó que la aplicación de la baja en la edad de punibilidad resultaba regresiva respecto del sistema de protección integral de derechos. Para fundamentar su decisión, tuvo en cuenta que el robo no se consumó y la situación de vulnerabilidad socioeconómica del chico, descripta con crudeza en el fallo: un padre ausente, una madre desempleada que padece epilepsia, un hermano de 19 años que perdió su trabajo, una vivienda sin gas por falta de pago y un sustento diario basado en ayudas económicas y bolsones de comida. El adolescente había declarado que pretendía ayudar a su madre como fuera, ir al colegio y empezar boxeo. La jueza sostuvo que no se puede castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no se hizo, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables.
Lejos de limitarse al sobreseimiento, la resolución dispuso medidas concretas: comunicó al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que garantice una intervención estatal activa desde el sistema de protección integral, en línea con los estándares del Comité de los Derechos del Niño. El juzgado insistió en que la declaración de inconstitucionalidad se restringe a este expediente y a este adolescente, y que no implica una anulación general de la ley.
Frente a la ofensiva del Ejecutivo porteño y del Ministerio Público Fiscal, diversas organizaciones salieron a defender a la magistrada. La Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia, que nuclea a organismos de todo el país, advirtió que avasallar la independencia del Poder Judicial mediante amenazas o juicios políticos por el contenido de las sentencias atenta directamente contra la división de poderes, pilar fundamental del sistema republicano y democrático. La Asamblea por las Infancias y Adolescencias de la Ciudad de Buenos Aires (APIABA) también emitió un pronunciamiento en el que sostuvo que De Marinis actuó en uso de las facultades jurisdiccionales otorgadas a su función y que fundamentó sobradamente su dictamen en el caso específico. Para la organización, pretender enjuiciarla o desacreditar su labor constituye un claro ataque de una mirada exclusivamente punitivista del gobierno nacional y del Ejecutivo porteño, y agregó que fallos como este deberían reproducirse en todas las provincias hasta lograr la declaración de inconstitucionalidad.
María Elena Naddeo, referente de APIABA y expresidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, afirmó que las amenazas del Gobierno de la Ciudad violan el sistema republicano de gobierno. Según Naddeo, la jueza cumple con su deber basada en el paradigma de derechos humanos de no regresividad al considerar inconstitucional la punibilidad a los 14 años, y reclamó debatir una política de prevención y contención de las adolescencias en vez de detener y castigar. La abogada Claudia Cesaroni consideró muy grave que se ataque desde el Estado de manera brutal a una magistrada que analizó el caso concreto, la vida del adolescente y su historia familiar. Cesaroni subrayó que lo planteado es lo que establecen los organismos internacionales y que no se trata de no hacer nada con un adolescente menor de 16 años, sino de que intervenga el sistema de protección de derechos y no el penal. En la inmensa mayoría de estos casos, dijo, hay adolescentes en situación de desamparo total y el sistema penal no hace más que cristalizar esa situación. La abogada volvió a aclarar que la resolución no suspende la aplicación de la ley ni declara la inconstitucionalidad de toda la norma, sino del artículo que baja la edad de punibilidad, y recordó que así funciona el sistema jurídico: la declaración de inconstitucionalidad se dicta para un caso concreto, aunque puede repetirse en otros expedientes según el criterio de cada juez.
A los comunicados de la Mesa y de APIABA se sumaron otras voces. La Colectiva Feminista Federal respaldó el valiente fallo y lo calificó como una importante definición sobre la responsabilidad del Estado y de los adultos en los derechos y oportunidades de la infancia. La filial porteña de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) manifestó que la Justicia Penal Juvenil porteña debe sostener esta posición, ya que es la de la vigencia y pleno goce de derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Ciudad. La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) añadió que la resolución es un acto de estricto apego a derecho, no un capricho judicial ni una decisión política, y pidió debatir esta problemática con la seriedad institucional que exige, sin apelar a la descalificación personal de quienes cumplen con su deber constitucional de garantizar el amplio cuerpo normativo de la infancia. Cesaroni también calificó como muy graves las declaraciones de Tapia contra la “Justicia garantista”, al señalar que un funcionario utilice ese término como si fuera un insulto, cuando en realidad significa que se deben proteger las garantías constitucionales de todas las personas, incluso de los propios funcionarios.
El fallo de De Marinis es el segundo de relevancia contra la aplicación de la baja en la edad de punibilidad. A principios de septiembre, la jueza de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, había decidido suspender de manera cautelar todo el nuevo Régimen Penal Juvenil en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Aquella resolución ponía un freno a la ley por dos meses, pero no llegó a alcanzar ese lapso ya que, la semana pasada, la Cámara de Apelación de Lomas decidió revocar la medida y volver a habilitar la aplicación del Régimen tras un ataque político contra la jueza encabezado por referentes de La Libertad Avanza. Ahora, con el respaldo de organismos de derechos humanos y la embestida del Gobierno porteño, el caso de De Marinis se convierte en un nuevo capítulo de una disputa que excede lo judicial y pone en el centro del debate el modelo de justicia penal juvenil que se pretende para el país.
