En un nuevo capítulo de la disputa entre el Gobierno nacional y el sector universitario, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del magistrado Martín Cormick, emitió un fallo en el que conmina al Estado Nacional, en su calidad de demandado, a dar cumplimiento efectivo a la medida cautelar dictada en la causa. Dicha resolución, que se encuentra firme, ordena la actualización de los haberes de docentes y no docentes, así como de las becas estudiantiles, en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario. El juez otorgó un plazo perentorio de cinco días para acatar la manda judicial, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, multas coercitivas por cada jornada de retraso.
La intimación judicial se produce en un contexto de alta tensión, signado por un paro nacional convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que además dispuso medidas de fuerza por veintitrés días hábiles consecutivos. En el horizonte se vislumbra la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, la cual se sumaría a las cuatro movilizaciones anteriores desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
El conflicto salarial se profundizó tras el nuevo fracaso de las paritarias docentes y no docentes, debido a que la propuesta oficial repitió los términos ya rechazados de plano por todas las organizaciones gremiales. Según el Frente Sindical, el incremento del 3% impuesto por el Gobierno resulta insuficiente para cumplir con la cautelar que obliga a hacer efectivo el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario, sobre el cual debe calcularse tanto el retraso salarial acumulado, estimado en un 33,4%, como la deuda salarial que ronda los cuatro haberes.
La declaración del Frente Sindical lleva la rúbrica de las federaciones que lo componen: Conadu Histórica, Conadu, Fagdut, UDA, Ctera y Fedun. Desde esta última entidad señalaron que el acatamiento al paro es prácticamente total. Daniel Ricci, secretario general de Fedun, expresó en un comunicado que no están dispuestos a naturalizar esta pérdida ni a tolerar el incumplimiento de una ley vigente, por lo que llevarán adelante medidas de fuerza, protesta y visibilización en todas las universidades nacionales durante los próximos veinte días, con miras a la quinta Marcha Federal Universitaria.
La decisión del juez Cormick representa un nuevo frente de conflicto para el Ejecutivo, que ahora deberá optar entre acatar la orden judicial en el plazo establecido o enfrentar las sanciones económicas dispuestas por la Justicia, mientras la comunidad universitaria redobla su presión en las calles y en las aulas.
