El Presidente sostuvo que su gestión echó del país a decenas de miles de supuestos infiltrados, pero los organismos oficiales, las estadísticas migratorias y hasta la propia Secretaría de Inteligencia contradicen esa versión. La oposición y los organismos de derechos humanos advierten que la narrativa antiterrorista busca justificar una ley que amplía facultades de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia.
En una entrevista concedida tras su gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei recurrió una vez más a su repertorio conspirativo para explicar por qué la economía no repunta. Frente a las preguntas del periodista, el mandatario aseguró que su Gobierno había expulsado a treinta mil terroristas en los últimos dos años, una cifra que, según dijo, se reparte entre diez mil en 2025 y veinte mil en 2026. “Son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”, sentenció. La afirmación, sin embargo, no encuentra asidero en ningún registro público y choca de frente con lo que las propias autoridades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) expusieron ante el Congreso.
El origen de un número inflado
Para intentar rastrear de dónde surge esa cifra, resulta inevitable remitirse a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien el 18 de septiembre, durante una presentación en el Aeroparque Jorge Newbery, informó que más de veinte mil extranjeros habían sido expulsados, rechazados en la frontera o inadmitidos por no cumplir con los requisitos migratorios, a partir de un endurecimiento de las condiciones vigente desde febrero de este año. Según publicó el diario La Nación, en 2026 se registraron 744 expulsiones y 18.947 incidentes de entrada, episodios que, en modo alguno, guardan relación con actos de terrorismo.
La amplísima mayoría de esas estadísticas corresponde a personas inadmitidas, es decir, a quienes no se les permitió el ingreso en la frontera. “Eso ni siquiera está vinculado a delitos. En general sucede porque les falta un papel, el seguro de salud o no les creen que vengan como turistas. La estrategia consiste en poner un número rimbombante que acá tiene un elemento de falsedad absoluta”, explica Pablo Ceriani Cernadas, director de la especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Los pocos casos de personas vinculadas a delitos que fueron expulsadas, agrega, no tienen relación con cuestiones de gravedad como el terrorismo internacional.
Las estadísticas que maneja la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF) confirman que las expulsiones se incrementaron durante la era Milei, pero están muy lejos del número que dio el Presidente. En 2023 fueron 535; en 2024, 739; en 2025, 920, y en el primer semestre de este año se registraron 470. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por su parte, informa que entre mayo de 2025 y el mismo mes de este año se ordenaron 5.216 expulsiones, pero solo llegaron a efectivizarse 1.098. En ningún caso fue por delitos vinculados al terrorismo.
La SIDE desmiente al Presidente
El contraste más elocuente proviene de la propia estructura de inteligencia del Estado. El 25 de agosto pasado, Cristian Auguadra, titular de la SIDE, y José Lago Rodríguez, número dos del organismo, debieron presentarse ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI). En esa oportunidad, Lago Rodríguez contestó que no operaban grupos de extrema izquierda en la Argentina. En otras palabras, la SIDE no sostenía la hipótesis de terrorismo que suele invocar el Presidente.
Los tres diputados peronistas que integran la Bicameral —Agustín Rossi, Ramiro Gutiérrez y Rodolfo Tailhade— presentaron este lunes un pedido de informes urgente a raíz de los dichos presidenciales. Sostienen que, de ser cierto, se estaría ante una de las operaciones antiterroristas más grandes de la historia. Pero también se preguntan si Milei cuenta con información para sustentar que se echó del país a personas que venían a dinamitar el modelo económico, ya que eso podría implicar la realización de inteligencia ilegal.
A priori, como remarcan los integrantes opositores de la CBI, no hay datos sobre causas en las que se investiguen hechos de terrorismo. Los últimos datos disponibles de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) del Ministerio Público Fiscal son de 2022, cuando se contabilizaban 33 investigaciones penales por este tema. En ese informe se explica que se engloba dentro de esta categoría a expedientes en los que hay imputaciones por el artículo 41 quinquies, que duplica las escalas penales; el 213 bis, que penaliza ser parte de organizaciones que busquen imponer sus ideas por la fuerza o el temor, o el 306, que castiga el financiamiento del terrorismo.
Una excusa para legislar
La oposición denuncia que, más que un exabrupto del Presidente, se trata de una “mentira” que sirve para justificar el tratamiento en la Cámara de Diputados de la llamada ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que empodera a las Fuerzas Armadas y a los servicios de inteligencia. Para Myriam Bregman, Milei busca darle plafón a la discusión sobre esa norma, que comenzará a debatirse el miércoles. Rossi advierte, por su lado, que el proyecto trae la ratificación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), creado durante el macrismo. Cualquier persona u organización puede ser incorporada ante la sospecha razonable. “Omiten el concepto de sospecha fundada. De esa forma, todos podemos pasar a ser terroristas”, concluye.
El diputado nacional Máximo Kirchner, en una entrevista con Infobae, sostuvo que cuando Milei no puede explicar el funcionamiento de la economía recurre a este tipo de estigmatizaciones. “Pongámonos a pensar lo que significan veinte mil terroristas”, pidió, mientras concluía que era una “exageración terrible” y que esto obligaba a actuar con mucha prudencia. Los diputados Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón también hicieron pedidos de informes. Ambos buscaron graficar con números lo que significaría la afirmación del Presidente. Paulón sostuvo que tendrían que haber despegado dos aviones de pasillo ancho, repletos, por semana. La senadora Juliana Di Tullio promovió una solicitud de información similar y disparó desde la red social X: “La ciudadanía tiene derecho a saber si se encuentra expuesta a riesgos reales o nos gobierna un mentiroso”.
Derechos humanos en alerta
Desde los organismos de derechos humanos denuncian que detrás de la agenda antiterrorista se esconde la voluntad de restringir libertades y evitar la rendición de cuentas. Para Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, la tendencia a asociar migrantes con terrorismo no es una idea propia de Milei. “Es uno de los componentes del marco ‘antiterrorista’ que viene siendo utilizado en muchas partes del continente como forma de recortar derechos, aumentar la vigilancia y la represión estatal, y no rendir cuenta por nada de ello, bajo la excusa del secreto por razones de ‘seguridad nacional’”, explica.
El propio Presidente, en la misma entrevista, añadió otros elementos que refuerzan esa lógica. Dijo que la Residencia Presidencial de Olivos es una “base militar” por cuestiones de seguridad interna —tema que, de acuerdo con la legislación vigente, es ajeno a las Fuerzas Armadas— y que tiene “enemigos pesados” en el mundo. También sostuvo que había resistido cuarenta proyectos que trataban de derrumbar el equilibrio fiscal y siete intentos de juicio político, que, a su entender, fueron intentonas de golpe de Estado.
Más allá de que cada vez que Milei toma contacto con la administración de Donald Trump desempolva su agenda antiterrorista, los datos esta vez generaron escozor. La distancia entre el discurso presidencial y la realidad documentada por los organismos oficiales, las estadísticas migratorias y hasta la propia SIDE configura un cuadro donde la palabra del mandatario queda, cuando menos, en entredicho.
