Bloques legisladores buscan convocar una sesión especial para el 15 de octubre y rechazar de manera definitiva el decreto que desregula la economía y habilita la venta de tierras a extranjeros, mientras el oficialismo intenta desactivar la maniobra.
La reciente determinación del máximo tribunal de Justicia encendió los ánimos en la Cámara de Diputados, donde las fuerzas opositoras se movilizan con el objetivo de impulsar una sesión que permita desarticular por completo el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, impulsado por el gobierno de Javier Milei al inicio de su gestión. Dicha norma, que introduce profundas modificaciones en diversos sectores de la economía y altera más de trescientas leyes, entre ellas la normativa que regula la propiedad de tierras rurales, volvió al centro del debate luego de que los magistrados restituyeran el artículo 154, habilitando de este modo la compra de suelo argentino por parte de ciudadanos extranjeros.
El bloque de Unión por la Patria, tras mantener un encuentro con representantes del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, confirmó que coordinará esfuerzos con las demás bancadas opositoras para concretar la sesión especial, que podría tener lugar el próximo 15 de octubre. La estrategia no solo apunta a reunir a los sectores más críticos del arco opositor, sino también a seducir a legisladores de agrupaciones provinciales que habitualmente acompañan las iniciativas del oficialismo. En tanto, desde La Libertad Avanza observan con preocupación el avance de esta movida y buscan los mecanismos para impedir que prospere.
Las agrupaciones Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda manifestaron casi en simultáneo su intención de convocar la sesión especial para dar de baja definitivamente el decreto que Milei promovió apenas asumió. La decisión de los jueces, que reincorporaron el artículo 154 mediante el cual el gobierno había derogado la llamada Ley de Tierras, representa para la oposición un claro desafío a la voluntad popular y reabre un tema que meses atrás había significado una derrota para el Ejecutivo.
El encuentro entre los excombatientes y los diputados de UxP sirvió para coordinar acciones frente al argumento técnico esgrimido por la Corte, que sostiene que los veteranos carecen de legitimación para intervenir en la causa. Desde el peronismo se muestran esperanzados en alcanzar el número necesario para habilitar la sesión y sostienen que, a tres años de la entrada en vigencia del DNU, numerosos aspectos de la norma generaron un creciente rechazo social, como la desregulación de las tasas de interés, que derivó en un aumento del endeudamiento de las familias. El decreto, cabe recordar, introdujo cambios sustanciales en el sector financiero y afectó especialmente la Ley de Tarjetas de Crédito al eliminar los topes estatales sobre las tasas y los aranceles. Asimismo, tuvo un fuerte impacto en las economías regionales, ya que desreguló la actividad yerbatera y privó al Instituto Nacional de la Yerba Mate de la facultad de fijar precios mínimos y regular el mercado. Situaciones similares se registraron en sectores como la vitivinicultura, el azúcar, el algodón y la ganadería.
En el peronismo confían en poder reunir los 129 votos requeridos para abrir la sesión y tratar el decreto que ya fue rechazado por la Cámara Alta. No obstante, si no se alcanza ese número, desde la bancada celeste adelantaron que concurrirán igualmente al recinto para exponer ante la opinión pública quiénes son los legisladores que se niegan a proteger las tierras argentinas. La fecha escogida no resulta casual: el 15 de octubre se llevará a cabo la Quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, lo que permitirá a la oposición unificar los reclamos contra el gobierno.
La determinación de los magistrados contradice la expresión popular que el pasado 6 de agosto se manifestó frente al Congreso en repudio a la extranjerización de la tierra. Aquella movilización fue determinante para que el Senado eliminara el capítulo 3, que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, incluido en el proyecto que el gobierno denominó “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.
En el marco de la discusión del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la diputada del Frente de Izquierda Romina del Pla se refirió con dureza a la decisión de los jueces y afirmó que la Corte Suprema realizó el trabajo sucio. Del Pla cuestionó además que en la comitiva presidencial que viajó a París participaran tres magistrados para asistir a la Argentina Week, y se preguntó si se trata de una casualidad. Para la legisladora, no existe ninguna coincidencia en la presencia de los jueces Sergio Fernández, de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Eduardo Farah, un histórico de Comodoro Py, y Richar Fernando Gallego, magistrado de General Roca. Finalmente, insistió en la necesidad de dar de baja definitivamente ese decreto.
Desde Provincias Unidas, Pablo Juliano apuntó directamente contra la resolución judicial y se preguntó si realmente los excombatientes no están legitimados, con el peso del criterio de la historia, para defender la soberanía nacional. El legislador también cuestionó los proyectos ómnibus que modifican cientos de normas y reclamó romper con el criterio de meter todo en una procesadora, en alusión al decreto que reformó más de trescientas leyes.
Otra de las voces que se pronunció tanto contra el fallo como contra el mega DNU fue la del diputado radical Martin Lousteau, integrante del bloque Provincias Unidas, quien sostuvo que se trata de una oportunidad para que en Diputados se trate el DNU 70/23 y se lo termine de dar de baja. Lousteau recordó que ya votó negativamente en el Senado y anticipó que volverá a hacerlo porque, a su juicio, la norma es profundamente inconstitucional.
