El máximo tribunal liberó el artículo 154 del decreto 70/2023, que estaba frenado por fallos judiciales, y benefició a corporaciones mineras y desarrollos inmobiliarios. Organizaciones de excombatientes de Malvinas, gremios y vecinos repudiaron la medida. El gobierno de Javier Milei enfrenta un creciente aislamiento mientras la oposición convoca a una sesión especial para rechazar la norma.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de liberar el artículo 154 del decreto presidencial 70/2023, que desregula la tenencia de tierras por parte de extranjeros en áreas consideradas estratégicas, generó una fuerte reacción política y social en Argentina. El fallo, que había sido frenado en primera y segunda instancia tras un amparo presentado por el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, vuelve a instalar el debate sobre la soberanía territorial y expone las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
El artículo en cuestión forma parte de un decreto de necesidad y urgencia que, según los demandantes, no se fundamenta en ninguna necesidad real ni explica la urgencia, y que abarca una multiplicidad de temas esenciales que deberían ser tratados en el Congreso. Los excombatientes sostenían que la norma usurpaba atribuciones exclusivas del Poder Legislativo. La presentación fue aceptada en primera instancia y luego ratificada por la Cámara correspondiente, lo que dejó el decreto paralizado hasta que el máximo tribunal decidió habilitar su aplicación.
La medida favorece directamente a empresas mineras y a desarrollos inmobiliarios de lujo proyectados en la cordillera. El legislador libertario Joaquín Benegas Lynch, quien defendió con vehemencia la ley de tierras, posee una inmobiliaria denominada Glocal Terra que ofrece terrenos a compradores extranjeros. Su postura pública, lejos de responder a un interés general, parece alinearse con un negocio personal de grandes dimensiones. El lobby minero, con fuerte influencia en el gobierno, opera desde la embajada de Estados Unidos, cuyo gobierno ha manifestado una abierta necesidad de fuentes de minerales, energía y alimentos baratos. La administración de Donald Trump considera las riquezas naturales de América Latina como propias, y la decisión de la Corte Suprema argentina le allana el camino.
El fallo también tiene un costo político para el gobierno de Javier Milei. Si bien le resta popularidad, transforma en triunfo aquella derrota que había sufrido en agosto, cuando una enorme movilización social rechazó la Ley de Tierras. En aquel momento, el oficialismo había optado por no volver sobre el tema, consciente del alto costo que había tenido el decreto, percibido como una entrega franca del país. Para revertir esa imagen, Santiago Caputo había ensayado un inesperado malvinismo oficialista. Sin embargo, la Corte volvió a instalar la cuestión de la peor manera: negándole a los excombatientes de Malvinas la legitimidad para defender la soberanía territorial que ellos mismos defendieron con sus vidas.
Alrededor de treinta diputados de la oposición convocaron a una sesión especial del Congreso para el 15 de octubre con el objetivo de rechazar el decreto 70/2026 en su totalidad. Al momento de difundir la iniciativa, contaban con los votos necesarios para alcanzar el quórum, aunque persistía la duda sobre si lograrían revertir la norma. La fecha coincide con una movilización de la comunidad universitaria que, con alta probabilidad, se sumará a esta demanda. No obstante, quedarán dos semanas de vía libre para quienes deseen adquirir tierras sin marco regulatorio alguno.
El miércoles, los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se alojaban en el hotel Le Village, en San Martín de los Andes, donde se celebraba una reunión de jueces federales. Afuera, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), otros gremios y cientos de vecinos se concentraron para escrachar a los magistrados al grito de “Argentina no se vende”. La protesta refleja un malestar social que excede la cuestión judicial y se entrelaza con un descontento más amplio hacia las políticas del gobierno.
En paralelo, las declaraciones de Milei en Estados Unidos y en el 62° Coloquio de IDEA generaron preocupación por su persistente negación de la realidad. El presidente, cuyo país fue objeto de una recomendación de JP Morgan a sus clientes para que se retiren, exhibió cifras inventadas sobre consumo, crecimiento y descenso de la pobreza, como si Argentina fuera un parque temático. Estas afirmaciones contrastan con los índices que el propio INDEC difunde: aumento de la pobreza, caída de la economía en niveles superiores a los de la pandemia, recesión, cierre de empresas, trabajadores despedidos y más de seis millones de familias en situación de morosidad por deudas contraídas para comprar alimentos o medicamentos. En ese contexto, el riesgo país se disparó.
Durante los dos primeros años de su gestión, Milei culpó a los gobiernos anteriores. En el tercer año de su experimento neoliberal, responsabilizó a la oposición por el riesgo país y la pobreza. Los empresarios de IDEA organizaron su propio espectáculo “antiká” y convocaron al fiscal Diego Luciani, quien escribió cientos de páginas para acusar a Cristina Kirchner sin aportar pruebas. Esa actuación buscó resanar las críticas que se habían escuchado desde la UIA en el Día de la Industria, cuando el vicepresidente de esa institución, el santafesino Guillermo Moretti, describió al gobierno de forma tajante: “Esta gente no conoce al país ni sabe lo que es una industria”, y calificó a Milei de “trader que no sabe lo que es un torno”.
En IDEA hubo aplausos anticristinistas y Milei apareció por Zoom desde Francia, con una cámara que lo enfocaba desde arriba para ocultar la papada. Lanzó el consabido galimatías con jerga de apariencia científica sobre la economía. Es un discurso que solo se entiende con el bolsillo y la heladera, porque es una retahíla incoherente de consignas ideológicas y amenazas. Los pocos beneficiados aplauden como si entendieran. Los demás, la inmensa mayoría, se quedan mirando la pantalla, sintiendo que los trata como a imbéciles, además de haberlos reventado.
Dijo que si lo votan, el 2028 será el mejor año en la historia del país. Lo mismo dijo en 2023, y ahora reconoce que estos cuatro años han sido una porquería. Acusó del aumento de la pobreza al “enano soviético”, que vendría a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y responsabilizó a la democracia por su fracaso. En Nueva York, el jefe editor global de la agencia Bloomberg News, John Micklethwait, destruyó a Milei en una entrevista pública con preguntas y repreguntas muy concretas, y dejó al presidente argentino como un farsante.
Bloomberg es la agencia que leen todos los empresarios más importantes del planeta. Se ve que en IDEA no tienen idea o no leen. O tal vez son de los pocos beneficiados. Como expresión de una ideología, la entrevista con Micklethwait, que mantuvo una sonrisa irónica cada vez que repreguntaba, dio la imagen de poner distancia, como decir “este chanta no es de los nuestros”. Para los que creen en el neoliberalismo, el fracaso de Milei en Argentina desprestigia a toda esa corriente del pensamiento económico.
