El intendente de Río Grande, Martín Perez, llevó el reclamo a la Asamblea de la Federación Argentina de Municipios, donde representantes de distintas ciudades acompañaron la decisión de acudir a la Justicia Federal para proteger los recursos naturales argentinos. La Federación también cuestionó el uso de la causa Malvinas como “cortina de humo” y rechazó un fallo de la Corte Suprema sobre extranjerización de tierras.
La avanzada judicial contra la explotación ilegal de hidrocarburos en la cuenca Malvinas recibió un nuevo espaldarazo institucional. El jefe comunal de Río Grande, Martín Perez, trasladó la protesta a la Asamblea de la Federación Argentina de Municipios (FAM), ámbito en el que delegados de diversas urbes del territorio nacional respaldaron la determinación de intervenir ante la Justicia Federal con el propósito de resguardar los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur.
La propuesta municipal constituye un eslabón de una demanda colectiva orientada a impugnar las actividades petroleras que se desarrollan en la zona de Malvinas, cuya explotación es calificada de ilegítima por la Argentina. El acompañamiento de la FAM otorga una mayor envergadura política e institucional a una presentación que también contempla la defensa del ambiente entre sus argumentos.
Luego de participar en la asamblea, Perez ponderó el pronunciamiento de sus pares y reivindicó el papel protagónico de Río Grande en esta controversia. “Río Grande es referencia nacional en la defensa de la soberanía nacional y la causa Malvinas. Tenemos la responsabilidad de poner voz a nivel nacional y marcar el rumbo en estos ámbitos”, afirmó.
El titular del Ejecutivo municipal vinculó ese reconocimiento con una política sostenida desde el Municipio, dirigida a trasladar las reivindicaciones soberanas al terreno de las acciones institucionales y judiciales. Al momento de anunciar la presentación ante la Justicia, había advertido que “Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur”, y había resumido su postura al sostener que “defender Malvinas también es actuar”.
La polémica excede la cuestión territorial e incorpora las consecuencias económicas y ambientales de las actividades hidrocarburíferas. Desde esa perspectiva, Perez había señalado que “Malvinas no es solamente memoria. Es presente. Es ambiente, recursos naturales, soberanía y futuro”, al destacar la intervención de la Justicia Federal de Río Grande frente al desarrollo petrolero cuestionado.
Durante el encuentro, la Secretaría de Malvinas y Soberanía de la FAM también difundió una declaración que amplió el debate hacia otras políticas nacionales relacionadas con la integridad territorial. El documento manifestó inquietud por decisiones del Gobierno nacional y objetó que la causa Malvinas sea utilizada como una “cortina de humo” mientras se promueven modificaciones sobre la propiedad de la tierra.
En particular, la Federación repudió el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto, por cuestiones formales y procesales, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, referido a las restricciones a la extranjerización de tierras.
Para Perez, ambas discusiones integran una misma responsabilidad institucional: sostener la defensa de los intereses estratégicos argentinos mediante decisiones efectivas. En ese sentido, reiteró la necesidad de “llevar adelante acciones concretas” y recuperó una definición que sintetiza el posicionamiento municipal: “Río Grande es un faro de soberanía”.
La FAM, creada por ley nacional en 1997, congrega a más de quinientos municipios argentinos y constituye un espacio de representación institucional ante las autoridades nacionales y provinciales. Su acompañamiento incorpora el reclamo judicial impulsado desde Río Grande a una agenda compartida por gobiernos locales de distintas regiones del país.
