El tribunal denuncia un «ataque al Estado de derecho» mientras Netanyahu celebra la medida y Guterres advierte sobre un «duro golpe» a la justicia penal internacional
Un bloque de ocho países manifestó este viernes su enérgica reprobación a las medidas punitivas anunciadas por la administración de Donald Trump contra la Corte Penal Internacional, coincidiendo con la jornada en que el Comité Nobel reconoció con el Premio de la Paz a la jurista sudafricana Navanethem «Navi» Pillay, exjueza del tribunal con sede en La Haya. La postura de rechazo fue suscrita por Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido, que en un comunicado conjunto expresaron su «profundo desacuerdo» y lamentaron la decisión estadounidense.
Los firmantes del pronunciamiento advirtieron que, de materializarse las sanciones, estas generarían «un impacto significativo» en la labor cotidiana de la Corte, su personal y sus familias, quienes trabajan incansablemente para llevar ante la justicia los crímenes internacionales más graves y para brindar apoyo a las víctimas. Asimismo, valoraron las medidas que el tribunal ha adoptado para anticiparse a este tipo de embates y asegurar la continuidad de su mandato conforme al Estatuto de Roma, al tiempo que reafirmaron su respaldo inquebrantable a la institución. Los ocho gobiernos subrayaron su unidad en defensa de la CPI y su disposición a mantener un diálogo constructivo e inclusivo con aquellos Estados que no forman parte del tratado fundacional, en clara alusión a Washington.
La reacción internacional se desencadenó luego de que el gobierno estadounidense hiciera pública la imposición de sanciones contra el tribunal apenas horas después de conocerse la distinción otorgada a Pillay. La galardonada, artífice de la creación de la CPI hace dos décadas y miembro de la comisión independiente de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados, que concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza, denunció durante una rueda de prensa previa a la difusión de las medidas punitivas los «ataques políticos» dirigidos a debilitar las instituciones del derecho internacional, aunque evitó señalar directamente a la Casa Blanca. Según advirtió, estos embates amenazan con echar por tierra los avances alcanzados con esfuerzo desde los juicios de Núremberg contra los criminales de guerra nazis y podrían conducir a un mundo donde la fuerza, y no la justicia, determine «qué sufrimiento es importante y cuál no».
Por su parte, la propia Corte Penal Internacional rechazó de manera categórica las sanciones impuestas por Estados Unidos y calificó la medida como «un ataque al Estado de derecho» que persigue perturbar su funcionamiento e intimidar a quienes prestan servicios en ella. El tribunal, establecido mediante un tratado internacional y conformado por 125 países miembros, denunció que se trata de un intento de obstaculizar el curso de la justicia e impedir que la Corte realice aquello para lo que fue creada. «Nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia», sentenció el organismo, que instó a sus miembros a adoptar medidas concretas para garantizar la continuidad de sus operaciones y vaticinó que «la historia juzgará este momento».
El secretario general de la ONU, António Guterres, se sumó a las condenas y se declaró «profundamente alarmado» por las consecuencias que las medidas estadounidenses podrían acarrear para el conjunto del tribunal, en particular en los casos remitidos por el Consejo de Seguridad y por los países firmantes del Estatuto de Roma. A través de un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, el máximo responsable de Naciones Unidas sostuvo que la decisión representa «un duro golpe a nuestra búsqueda colectiva de justicia penal internacional», de la cual la CPI constituye «un pilar fundamental». Guterres enfatizó que la rendición de cuentas por crímenes internacionales y la justicia para las víctimas son «esenciales para la paz, la seguridad y los derechos humanos».
En contraste, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu elogió a Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio, por «tomar esta decisión crítica». En un mensaje difundido a través de la red social X, el mandatario israelí afirmó que «la CPI no es un tribunal» sino «un órgano político que representa una amenaza mortal para las democracias respetuosas de la ley en todo el mundo y para la misma idea de soberanía nacional». La oficina de Netanyahu había arremetido previamente contra el galardón y acusó al Comité Nobel de haber «perdido su brújula moral» al premiar a «una fanática que construyó su carrera inventando y propagando libelos de sangre contra el único Estado judío». En esa misma línea, el premier vinculó el trabajo de Pillay con el del fiscal de la CPI, Karim Khan, quien en 2024 solicitó órdenes de arresto contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
Cabe destacar que ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la Corte Penal Internacional, aunque el tribunal tiene jurisdicción sobre determinados crímenes cometidos en territorios de países que sí forman parte del Estatuto de Roma, como Palestina o Afganistán.
