La Cámara de Diputados sancionó el proyecto con 237 votos a favor luego de incorporar los reclamos de las organizaciones del colectivo, en una jornada que también incluyó un revés para el oficialismo en el tratamiento del Endeudamiento Familiar
En una jornada legislativa que se prolongó hasta pasada la medianoche, la Cámara de Diputados sancionó la nueva Ley de Discapacidad con un respaldo contundente de 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones provenientes de la izquierda. La aprobación coronó una intensa negociación que obligó al oficialismo a abrir el texto original y aceptar las demandas que las organizaciones del colectivo venían reclamando desde hace tiempo, en un giro que contrastó con la postura inicial del Gobierno de Javier Milei, que había vetado la Emergencia en Discapacidad y judicializado su implementación.
El punto de partida de este desenlace fue el dictamen impulsado por el presidente de la Cámara, Martín Menem, surgido como una enmienda tras la presentación del Presupuesto 2027, cuyo capítulo VI desfinanciaba al sector y deterioraba los vínculos políticos con los aliados. Ese texto inicial fue negociado primero con los bloques dialoguistas y luego sometido a una reescritura profunda. El misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, mantuvo encuentros con las organizaciones y trasladó sus pedidos a la conducción del cuerpo, pero la redacción definitiva del dictamen unificado se concretó en el despacho de Unión por la Patria, con la participación de las diputadas Sabrina Selva y Victoria Tolosa Paz y del legislador Juan Marino. Desde ese espacio sintetizaron la estrategia con una frase elocuente: «Metemos todo, salvo que no cambian el título porque no quieren que se llame emergencia».
Las organizaciones del colectivo siguieron el proceso con desconfianza. Valentina Bassi, actriz e integrante del movimiento, expresó la postura del sector antes de conocerse el texto final: «Hasta no leerlo, no lo creemos. No podemos aceptar nada que sea menos que la ley de emergencia». El padre Pablo Molero, del Foro Permanente de Discapacidad, reclamó un compromiso concreto del Ejecutivo para dar de baja el capítulo VI del Presupuesto y para incorporar las partidas correspondientes a lo que el Gobierno aceptara conceder.
El debate comenzó cerca de las 20.30 y estuvo atravesado por un clima de reconocimiento mutuo poco habitual. El libertario Gerardo Huesen abrió la discusión con una definición que marcó el tono de la noche: «Las personas con discapacidad no pueden vivir en emergencia permanente». Selva advirtió que, sin los cambios consensuados, el dictamen habría significado un retroceso en materia de derechos, mientras que Marino fue categórico al señalar que «para que se supere la emergencia, primero Milei tiene que cumplir la ley». La oficialista Giselle Castelnuovo defendió el proceso de escucha y modificaciones, y el hemiciclo celebró con aplausos el cambio de posición del oficialismo. Marino pidió luego una ovación para las organizaciones y un tercer aplauso para respaldar el compromiso de eliminar del Presupuesto los artículos del capítulo VI que perjudican al colectivo.
El texto acordado incorpora fondos del Tesoro cuando las partidas de Salud resulten insuficientes, garantiza que los recursos por beneficiario no caigan en términos reales y conserva la actualización mensual por inflación de los aranceles de las prestaciones. También obliga al Gobierno a presentar un cronograma de compensaciones a los prestadores en un plazo de treinta días y a completar los pagos en un máximo de noventa, además de asegurar las prestaciones médicas básicas. A pedido del peronismo, se ratifica la Ley de Empleo Protegido, se aclara que las pensiones por invalidez laboral mantendrán sus propios requisitos y se exige una notificación fehaciente con plazo para presentar el descargo antes de suspender una pensión por cruce de datos. Para acceder a la pensión por discapacidad se considerarán los ingresos individuales, sin computar los del grupo familiar.
Los nueve votos negativos provinieron de la ex libertaria mendocina Lourdes Arrieta y de ocho legisladores cordobeses de Provincias Unidas y Unión por la Patria, quienes fundamentaron su postura en la queja de las organizaciones de Córdoba por no haber sido convocadas al debate. Esas entidades también manifestaron dudas sobre el cumplimiento efectivo de lo votado.
Fuentes al tanto de las negociaciones interpretaron el giro como parte de una interna dentro del propio espacio oficialista. Un diputado de Unión por la Patria lo describió como «la sublevación de Menem contra Santiago Caputo», y desde el peronismo celebraron que el Gobierno haya pasado de la intransigencia a una negociación que, según evaluaron, le permitió construir una victoria acotada y expuesta a un eventual veto. El texto fue aprobado con dos tercios, lo que le otorga un respaldo sólido de cara al Senado y lo blinda frente a modificaciones, además de enviar un mensaje a la Casa Rosada sobre las consecuencias de un rechazo total o parcial. Herrera Ahuad resumió la expectativa con una frase: «Déjenme creer en la división de poderes».
La sesión no terminó con la sanción de la ley. Luego llegó el turno del debate sobre morosidad, pero el oficialismo logró imponer la vuelta a comisiones del proyecto sobre Endeudamiento Familiar. Desde Provincias Unidas habían anticipado el clima de la jornada con una síntesis precisa: «No hay ánimos de trasnoche».
