El exsenador y candidato derrotado enfrenta dos causas de presunta corrupción mientras su entorno familiar y político se desmorona. La Policía Federal lo citó a entregar su documento de viaje en medio de un escenario de fuga de aliados y un respaldo tibio desde Estados Unidos.
La situación judicial de Flávio Bolsonaro se tornó sumamente delicada en las últimas horas. Con gesto adusto, casi inmutable, como quien ha tragado una píldora amarga, el exsenador y candidato presidencial derrotado quedó bajo la lupa de la Policía Federal de su país, que lo convocó formalmente para que entregue su pasaporte. La medida, orientada a impedir una eventual salida de Brasil, cobra particular relevancia luego de que su hermano menor, Eduardo, le sugiriera desde Estados Unidos que abandonara el territorio si perdía en las urnas. El organismo de seguridad ya lo venía siguiendo de cerca desde antes de los comicios, y tras la derrota frente a Lula, el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dispuso la retención del documento.
Al exlegislador se lo investiga por dos causas de presunta corrupción. La primera se vincula con el lavado de dinero a través de casas de apuestas deportivas. La segunda gira en torno al escándalo del Banco Máster, protagonizado por el detenido Daniel Vorcaro, un empresario acusado de estafa que dejó un tendal de perjudicados en el sistema financiero y que gozaba de favores políticos. Este último expediente se originó en el dinero que recibió para llevar adelante una película sobre su padre, Jair Bolsonaro.
La noche del domingo, rodeado de familiares y amistades, Flávio siguió la noticia de su derrota frente a un televisor de generosas pulgadas. Lo acompañaba su esposa, Fernanda Antunes Figueira, cirujana dentista que ya no podrá ostentar el título de primera dama. La información que llegaba desde la pantalla lo dejó paralizado. Todo parecía montado como antesala de un festejo que nunca se concretó. Menos de veinticuatro horas después, quedaba a merced de la justicia, terreno donde el clan Bolsonaro cuenta tanto con aliados como con adversarios. En América Latina, el lawfare suele operar en una misma dirección: contra candidatos progresistas en contienda o contra quienes ya gobiernan un país que no se disciplina con la sensibilidad hemisférica de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump ensayó un respaldo tibio hacia Bolsonaro. Afirmó que los comicios habían sido “amañados”, declaraciones que formuló al pie del avión presidencial Air Force One, escenario que suele elegir para mostrarse. “Sinceramente no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, agregó el republicano. Un socio político de la familia Bolsonaro llegó incluso a proponer elevar los aranceles económicos contra Brasil con el objeto de moderar la situación judicial de Jair Bolsonaro, una celebrity carcelaria pero VIP, en prisión domiciliaria por golpista y con una condena a cumplir de veintisiete años y tres meses. No se sabe hasta dónde está dispuesto a llegar Trump, porque tiene un grave problema por delante: las encuestas para las elecciones de medio término en Estados Unidos le dan pésimo y perdería la mayoría que hoy conserva en ambas cámaras del Congreso. Ese golpazo puede recibirlo el próximo martes 3 de noviembre, lo que ratificaría por enésima vez la caída en picada de su imagen.
Flávio tiene problemas serios con el Supremo de su país. En uno de los casos, es sospechoso junto al abogado Willer Tomaz de lavar dinero por medio de plataformas de apuestas. El ministro De Moraes determinó el bloqueo de hasta seis mil millones de reales en bienes y/o valores del letrado, además de la quiebra de su confidencialidad bancaria, fiscal y de divisas. El magistrado también ordenó la suspensión de las actividades económicas, financieras y empresariales de compañías vinculadas a Tomaz y ahora le pidió la entrega de su pasaporte al candidato presidencial derrotado.
Informes de la Policía Federal señalan que Bolsonaro figuraba con privilegios de usuario top en una cuenta bancaria vinculada a la empresa Álcazar Holdings, perteneciente al abogado. Las fugas concretadas o en grado de tentativa se han vuelto un clásico en la historia reciente de Brasil desde que el 8 de enero de 2023 miles de bolsonaristas tomaron y destruyeron el Palacio del Planalto en Brasilia y después huyeron a países limítrofes y sobre todo a la Argentina, donde varios siguen viviendo. Un caso célebre fue el del exdiputado Alexandre Ramagem, del Partido Liberal, aliado de Flávio, quien dejó el territorio nacional por la frontera con Guyana en 2025, en vísperas de ser condenado por el STF en la causa del intento de golpe. Otro parlamentario, su hermano Eduardo, también del PL, le sugirió que debería dejar Brasil si perdía en las urnas, como finalmente sucedió.
Pero no es solo con el juez De Moraes que tiene problemas el hermano mayor. Otra investigación en la que está involucrado en el Supremo, bajo la órbita del ministro André Mendonça, es por la financiación de la película “Dark Horse”. La Policía Federal está detrás de la participación de Flávio en la obtención de recursos del multimillonario detenido Vorcaro, dueño del Banco Master. El objetivo de ese vínculo fue viabilizar la producción cinematográfica sobre su padre, el expresidente. Mensajes y audios analizados por los investigadores probarían que participó de tratativas con Vorcaro para financiar el proyecto del filme que pretendía glorificar la figura de Jair Bolsonaro. Un bluf que no llegó a estrenarse en Brasil y que posiblemente se recuerde como un fracasado proyecto de publicidad electoral.
