Un informe de expertos del Ministerio Público Fiscal cuestiona con dureza el accionar de Gendarmería en el análisis de las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo y sostiene que no hay indicios de manipulación con inteligencia artificial, además de denunciar trabas para cotejar la voz del exfuncionario
El dictamen pericial elaborado por especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación del Ministerio Público Fiscal (DATIP) arroja un manto de duda sobre la conducta de Gendarmería Nacional en el estudio de los controvertidos audios vinculados a la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Los técnicos del organismo fiscal fueron categóricos al señalar que la fuerza federal dependiente del Gobierno nacional interpuso obstáculos de diversa índole para llevar adelante el cotejo de voz del exfuncionario, escudándose en supuestas limitaciones técnicas que, según los expertos, no se corresponden con la realidad del material disponible.
La diferencia de criterios entre ambos cuerpos es sustancial. Mientras los uniformados sostuvieron que no pueden aseverar que las grabaciones constituyan «emisiones humanas de origen natural», dejando flotando la posibilidad de que fueran artificiales, los peritos de la DATIP fueron concluyentes al afirmar que las señales analizadas presentan las «características habituales de la producción vocal humana» y que no hallaron elemento alguno que sugiera «generación sintética o modificación mediante inteligencia artificial». Esta discrepancia resulta particularmente relevante en el contexto de una causa que involucra a figuras de la máxima cercanía presidencial.
La paradoja que rodea este asunto alcanza niveles llamativos cuando se advierte que fue el propio Spagnuolo quien solicitó la realización del peritaje como parte de su estrategia defensiva para desacreditar la investigación. Sin embargo, el exfuncionario nunca aportó una muestra de su voz que permitiera concretar la comparación que él mismo había requerido. La Sala II de la Cámara Federal había ordenado determinar el origen y la veracidad de las grabaciones donde se menciona el reparto de retornos del tres por ciento para Karina Milei y otro tanto para Eduardo «Lule» Menem, en el marco de una causa que instruye el juez federal Ariel Lijo.
El informe, incorporado recientemente al expediente, desmiente de manera frontal la versión que desde la Casa Rosada y el Ministerio de Justicia se intentó instalar durante las últimas semanas respecto de la presunta falsedad de los audios. El texto sostiene que no es posible establecer si las señales de habla examinadas corresponden a Spagnuolo, pero en modo alguno respalda la tesis oficialista sobre una fabricación artificial de las grabaciones. Por el contrario, un anexo elaborado por los peritos de la DATIP denuncia que se les impidió dejar asentada su posición minoritaria conforme a la práctica habitual en este tipo de procedimientos.
Las críticas de los especialistas del Ministerio Público Fiscal son minuciosas y apuntan a diversas irregularidades procedimentales. Señalan que los peritos de Gendarmería modificaron su criterio en cuestión de días respecto de la viabilidad de analizar un archivo identificado como «que tiene lule menem con Karina.mp4», sosteniendo inicialmente que resultaba apto para el estudio y luego afirmando lo contrario. Asimismo, cuestionan que no se haya explicado en qué consistieron las ediciones detectadas, que a simple vista parecen haberse limitado a excluir la voz de algún interlocutor, y descartan de plano cualquier violación a la cadena de custodia, dado que se trata de material entregado voluntariamente.
Fuentes judiciales consultadas por este diario restaron trascendencia al informe pericial, asegurando que resulta irrelevante y que no debería tener consecuencias para el curso de la investigación. Cabe recordar que las grabaciones difundidas inicialmente por Carnaval Stream, si bien expusieron una trama de enormes irregularidades en el organismo de discapacidad, nunca fueron utilizadas hasta el momento como prueba para sustentar los delitos imputados, entre ellos asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación, tráfico de influencia, cohecho y, para algunos involucrados, lavado de activos. Las imputaciones alcanzan a Spagnuolo, su número dos Daniel Garbellini, el lobista Miguel Ángel Calvete, su hija Ornella, además de otros exfuncionarios y empresarios, con dos tandas de procesamientos que totalizan dieciocho y veinticuatro respectivamente. En la actualidad, Lijo avanza con cuarenta y tres nuevas indagatorias vinculadas a la participación de la droguería Suizo Argentina, manteniendo un criterio probatorio basado en documentación, contenido de dispositivos electrónicos, movimientos de dinero y anotaciones.
El organismo especializado del Ministerio Público Fiscal puso de manifiesto las contradicciones en que incurrieron sus colegas de Gendarmería. El dos de septiembre, los uniformados determinaron que el archivo mencionado reunía las condiciones previstas en el protocolo para ser considerado apto, lo que motivó la convocatoria a Spagnuolo para que aportara su voz, algo que finalmente no ocurrió. Dos semanas más tarde, el dieciséis, los mismos peritos sostuvieron que el cotejo no resultaba técnicamente procedente, pese a haber demostrado previamente capacidad para realizar análisis semiautomáticos.
Los expertos de la DATIP explicaron que el protocolo prevé tres tipos de análisis en materia de comparación de voces: perceptual, semiautomático y automático, y que la exigencia mínima consiste en aplicar al menos dos de ellos. El programa denominado Forensia v2.0, según su evaluación, no resultaba idóneo para el análisis automático, pero ello no impedía la realización de los otros dos procedimientos, dado que el perceptivo es de naturaleza auditiva y el semiautomático se basa en mediciones de la señal. Sostuvieron que aunque esos métodos pudieran arrojar conclusiones con un menor grado de confianza, tal circunstancia «tampoco justifica prescindir del estudio». Incluso el propio peritaje oficial reconocía que quince archivos presentaban calidad sonora suficiente para efectuar una comparación forense con una muestra de voz indubitada.
La DATIP también cuestionó que los gendarmes hayan arriesgado la hipótesis de que los audios podrían haber sido objeto de reproducción y posterior grabación, a la vez que admitieron que no pueden «establecer de manera concluyente dicho mecanismo». Mientras los peritos oficiales escribieron que no podían afirmar ni descartar que la voz hubiera sido fabricada con inteligencia artificial, los especialistas del Ministerio Público Fiscal aseguran que semejante aseveración no se corresponde con los hallazgos del estudio. Lo expresan de diversas maneras, destacando que el propio análisis identificó características compatibles con el habla humana espontánea, tales como variaciones de entonación, pausas, cambios en la velocidad de articulación, repeticiones, chasquidos linguales y eventos compatibles con respiraciones audibles. También señalaron que se identificaron características compatibles con una producción vocal natural, sin que se hayan documentado anomalías específicas atribuibles a síntesis artificial en los análisis realizados. Todo ello, consideraron, debería haber sido incluido en las conclusiones, pero brilla por su ausencia en el documento final.
En cuanto a las ediciones detectadas, Gendarmería sostuvo que existían señales compatibles con cortes, pero no analizó el contenido de los tramos que no presentaban esas interrupciones, lo que habría permitido distinguir si los cortes tenían por finalidad seleccionar fragmentos, suprimir la intervención de otras personas o unir partes para provocar cambios de sentido. Todo hace suponer que fueron eliminados los interlocutores, que podrían ser el consultor detenido en Bolivia Fernando Cerimedo o su expareja Natalia Basil, quien trabajó con Spagnuolo en la Andis.
La fuerza federal reconoció la existencia de catorce audios aptos para el análisis de voces y cuarenta y tres que no lo eran, argumentando que presentaban «características compatibles con un proceso de regrabación mediante transferencias acústicas», lo que a su entender inhabilitaba el uso del sistema Forensia para la comparación. Asimismo, sostuvo que no podía avanzar con un análisis exclusivamente auditivo-perceptual sin explicar las razones, y advirtió sobre cortes, discontinuidades y ediciones sin poder determinar el tipo ni la metodología técnica eventualmente empleada. Respecto de la voz de Spagnuolo, reiteró que no fue posible establecer si las señales examinadas le corresponden, limitando sus conclusiones por las características del material aportado, la ausencia de información contextual y el alcance de los procedimientos aplicados.
En definitiva, el panorama que emerge del informe revela que tres peritos de Gendarmería y uno de la defensa sostienen la imposibilidad de arribar a conclusiones categóricas, mientras que cinco especialistas del Ministerio Público Fiscal advierten que se limitó el estudio y dejan entrever que ello habría sido deliberado, puesto que existían condiciones técnicas para profundizar el análisis. El Gobierno y Spagnuolo seguramente insistirán en su eslogan según el cual los audios serían falsos, aunque una lectura profunda del dictamen dice exactamente lo contrario. Parece difícil que esa estrategia resulte suficiente para derribar un expediente donde los sobreprecios, las coimas y el direccionamiento de contrataciones millonarias para la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia, destinados a personas sin acceso a la salud, fueron exhibidos con pruebas totalmente independientes y ya respaldadas incluso por la Cámara. Lo que ahora desvela al Gobierno es el tres por ciento para Karina que aparece en aquellas célebres grabaciones.
