La Libertad Avanza impulsa un esquema de votación por capítulos en Diputados para despegar las sanciones a la explotación hidrocarburífera de los puntos más resistidos, mientras aguarda la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar prevista para el 28 de noviembre
La Secretaría Parlamentaria convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 18 de noviembre con la mira puesta en una iniciativa que el Poder Ejecutivo considera clave en su estrategia por Malvinas. Ante la falta de consensos, el bloque oficialista evalúa promover una votación dividida por capítulos, con el propósito de aislar las sanciones vinculadas con la explotación de recursos naturales de aquellos tramos que despiertan reparos entre los aliados y la oposición. La maniobra apunta a que las diferencias en torno a las modificaciones electorales y penales no arrastren consigo la aprobación de un régimen punitivo que la Casa Rosada quiere exhibir como herramienta de presión.
En el seno del Ejecutivo sostienen que la finalidad es reunir la totalidad de los instrumentos jurídicos, administrativos y diplomáticos disponibles antes de que los magistrados de Hamburgo se expidan sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina. La táctica combina el reclamo ante la justicia internacional con nuevas disposiciones internas dirigidas contra las compañías que participen de la explotación de recursos sin autorización argentina. Desde el oficialismo entienden que un respaldo legislativo enviaría una señal política de peso antes de la resolución internacional, aunque son conscientes de que la sanción de Diputados no basta para convertir el proyecto en ley, ya que también deberá pasar por el Senado.
La urgencia se explica por los expedientes sancionatorios que Cancillería mantiene abiertos contra sesenta personas humanas y jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. El Gobierno dispuso en septiembre la apertura de actuaciones contra cuarenta y cinco sujetos y luego extendió el alcance a otros quince. Esas causas, radicadas en el área de Malvinas de la Cancillería, aún carecen de resolución definitiva. En Balcarce 50 buscan acelerar su tramitación y contar con un marco legal que amplíe las facultades de actuación contra empresas, accionistas y proveedores involucrados en la explotación.
La normativa vigente ya contempla prohibiciones y castigos. La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, prevé inhabilitaciones administrativas de cinco a veinte años, además de sanciones penales para determinadas actividades hidrocarburíferas no autorizadas, y restringe contrataciones con el Estado y beneficios impositivos. El proyecto impulsado por Milei propone sustituir ese esquema por un régimen de mayor alcance, que abarque distintas actividades de aprovechamiento de recursos naturales y combine multas, inhabilitaciones, sanciones penales y mecanismos para incentivar el abandono de operaciones consideradas ilegítimas.
Uno de los cambios centrales es la ampliación del alcance de las sanciones a empresas y proveedores que intervienen en la explotación de recursos en los espacios marítimos disputados. La iniciativa contempla multas calculadas según el valor de barriles de petróleo, restricciones para contratar con organismos públicos y un régimen de desistimiento y regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas. La Casa Rosada estima que esas herramientas permitirían elevar los costos de participar en emprendimientos como Sea Lion. Sin embargo, la aplicación de las nuevas penalidades dependerá del texto que finalmente se sancione, de su entrada en vigor y de los procedimientos correspondientes.
La iniciativa cuenta con dictamen de mayoría desde fines de octubre, pero el oficialismo todavía no logró cerrar un acuerdo sobre el Título VII, que modifica disposiciones electorales y penales vinculadas con la injerencia extranjera. Provincias Unidas, Argentina Federal y otros legisladores dialoguistas reclaman eliminar ese apartado o separar su tratamiento del resto de la norma. En el Gobierno se resisten a retirarlo por completo y ofrecieron modificaciones en la redacción. La diferencia amenaza con complicar una votación que la Casa Rosada pretende realizar antes del pronunciamiento internacional.
Frente a ese panorama, La Libertad Avanza evalúa que Diputados vote por separado los distintos capítulos del proyecto. El Reglamento de la Cámara permite ese procedimiento si lo acuerda la Comisión de Labor Parlamentaria o el pleno. La intención es evitar que los cuestionamientos a las modificaciones electorales y penales bloqueen la aprobación de las sanciones vinculadas con Malvinas. El Gobierno espera que sectores que rechazan buena parte de la iniciativa acompañen al menos las disposiciones destinadas a penalizar la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
La estrategia contempla particularmente la posibilidad de sumar votos del peronismo para el régimen sancionatorio, aunque todavía no existe un acuerdo parlamentario con Unión por la Patria. En esa bancada aseguran que aún no mantuvieron conversaciones con el oficialismo sobre una votación por capítulos. El bloque cuenta con una propuesta propia centrada en Malvinas y comparte el objetivo de sancionar las actividades hidrocarburíferas cuestionadas, pero rechaza otras modificaciones incluidas en el texto del Ejecutivo.
La resistencia también alcanza al capítulo que introduce figuras penales vinculadas con campañas de injerencia extranjera y cambios en el régimen de partidos políticos. Los aliados advierten que algunas disposiciones podrían afectar la libertad de expresión y cuestionan la amplitud de las conductas previstas. El Gobierno incorporó exclusiones para la actividad periodística, la investigación académica y la representación abierta de intereses, pero esos cambios no terminaron de conformar a los legisladores. Las modificaciones electorales requieren 129 votos afirmativos en Diputados, una mayoría que el oficialismo no tiene garantizada.
La discusión sobre las sanciones se produce a menos de dos semanas del pronunciamiento previsto del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que recibió el pedido argentino para frenar las actividades de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo. La Argentina reclamó medidas provisionales para impedir nuevas perforaciones de explotación e instalaciones productivas, restringir el uso de información obtenida durante la exploración, preservar el medio marino y evitar nuevas autorizaciones que agraven la controversia. La fecha tentativa de lectura de la resolución es el sábado 28 de noviembre.
El desarrollo Sea Lion está impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que proyectan avanzar con las perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028. La defensa argentina sostuvo que la extracción de hidrocarburos podría producir perjuicios irreparables sobre recursos no renovables y alterar la situación existente antes de que el arbitraje internacional esté en condiciones de actuar. El Reino Unido rechazó esos argumentos y pidió que se desestimen todas las medidas, al cuestionar la jurisdicción preliminar del futuro tribunal arbitral y la existencia de una urgencia que justifique intervenir.
En la Casa Rosada reconocen que están preparados para continuar el reclamo ante el tribunal arbitral incluso si Hamburgo rechaza las medidas provisionales. La Argentina inició un procedimiento bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla la conformación de un tribunal de cinco árbitros. Ese órgano tiene una función distinta de la del tribunal permanente de Hamburgo: deberá examinar su propia competencia y, si corresponde, resolver las pretensiones sometidas al arbitraje. También podrá recibir solicitudes de medidas provisionales una vez constituido, según las condiciones jurídicas aplicables.
El Gobierno contempla tres escenarios principales para el 28 de noviembre: una decisión favorable, la concesión de medidas parciales o un rechazo de la solicitud. En el Ejecutivo consideran que la eventual falta de jurisdicción preliminar es una de las alternativas posibles, aunque evitan anticipar cuál será la posición de los magistrados. La decisión tampoco resolverá la soberanía sobre las islas, que no forma parte de las pretensiones sometidas a esta instancia. Una negativa a dictar medidas urgentes no implica necesariamente que el procedimiento arbitral haya terminado, aunque sus fundamentos serán determinantes para definir los próximos pasos.
La ofensiva también tiene una dimensión política y diplomática. El Gobierno pretende utilizar la Ley Malvinas para reforzar el costo económico y jurídico de las operaciones vinculadas con la explotación petrolera, al mismo tiempo que mantiene las actuaciones de Cancillería y el reclamo internacional. El proyecto fue impulsado desde el entorno de Santiago Caputo y atravesó negociaciones dentro del oficialismo por la integración del órgano de coordinación estratégica, los controles parlamentarios y el alcance de las nuevas figuras penales. La discusión continuará la próxima semana, con la mesa política convocada para el martes 17 y el objetivo de sesionar en Diputados al día siguiente.
La Casa Rosada busca así sumar una señal legislativa antes del fallo de Hamburgo y sostener la presión sobre las empresas independientemente de la decisión de los jueces. En el Ejecutivo insisten en que la estrategia es multifocal y que agotarán las instancias disponibles, tanto en el arbitraje como en las actuaciones administrativas y diplomáticas. El principal desafío inmediato será conseguir los votos para separar las sanciones de las disposiciones más resistidas y avanzar con la aprobación parlamentaria. La decisión del 28 de noviembre marcará el siguiente paso de la ofensiva jurídica, pero en Nación aseguran que el reclamo continuará incluso ante una resolución adversa.
