Este vienes se realizó una nueva conferencia de la comisión encargada de la reforma del código procesal penal de la provincia. El encuentro contó además de los miembros de la comisión, con la presencia de abogados de la matrícula.
La reforma del código de procedimientos penales busca otorgar celeridad a los procesos y generar un mayor resguardo de la imparcialidad de los jueces, en términos generales lo que se busca es quitar de la esfera de decisión del juez el impulso de la investigación para que dicha atribución pase a ser ejercida por los fiscales. Vale recordar que en el sistema actual, los jueces dirigen la investigación llevando a cabo diligencias de oficio, es decir sin que medie necesariamente un requerimiento de la fiscalía. Con la reforma, los jueces pasarían a ejercer una función de control y todo lo actuado dependerá de la previa solicitud del agente fiscal. El juez superior Darío Muchnik, presidente de la comisión, aseguró que es importante ir hacia un sistema en el “que quien juzga no sea el mismo que investiga”. Así, los magistrados en el caso penal, dejarán su actual función de jueces de instrucción para convertirse en jueces de garantías, con lo cual solo estará a su cargo dirigir el proceso sin intervenir la valoración de orden y oportunidad de las diligencias, que será función exclusiva de la fiscalía. Además de esto, se buscará oralizar el proceso penal en su totalidad. Actualmente la intervención de las partes durante el proceso se da de manera escrita y la única etapa oral es el debate que concluye con la sentencia de los tribunales criminales. Este punto genera la posibilidad de que las partes participen y aleguen respecto de punto particulares en el desarrollo de las actuaciones.
Otro tópico de la reforma es la creación de un nuevo orden respecto de los expedientes, en la actualidad todo lo sucedido en los procesos se compila en un único expediente archivado por el juzgado de instrucción, con la reforma, cada parte tendrá un legajo en su poder referente a la causa, con lo que el acceso a las actuaciones es total e inmediato en todo el desarrollo del proceso.
La reforma cambiará el tipo de sistema procesal que rige para la provincia en lo penal, de un proceso inquisitorio a uno acusatorio. La diferencia estriba en la actuación del juez a cargo del desarrollo del proceso, en su mayor o menor intervención, como dijo Muchnik, es necesario evitar que quien juzga sea quien investiga, puesto que se corre el riesgo que la tesis investigativa del juez le empuje a accionar de manera imparcial en el caso. Por ejemplo, Si bien para dictar la prisión preventiva solo hace falta un estado de sospecha debidamente fundado (el principio de inocencia cede ante la sospecha) podría darse el caso que aun cuando no bastasen los elementos para la preventiva, el juez, desde el propio convencimiento, dicte la prisión preventiva a la espera de nuevos elementos incriminantes. Del mismo modo, el juez convencido de la culpabilidad de un individuo podría no llevar adelante diligencias que puedan refutar su tesis investigativa, lo que podría traer como resultado la falta de elementos para que el imputado ejerza su defensa.
Según expresó el Ministro de Gobierno y justicia, José Luis Álvarez, en FM La Isla, el proyecto será consensuado por los tres poderes provinciales, quienes están representados en la comisión reformadora y los abogados de la provincia, quienes deberán ejercitar las disposiciones del nuevo código.
“Varias provincias ya lo tienen y es algo que se viene implementando hace varios años, el código nacional se sanciono en 2015 y quedó suspendida su aplicación por cuestiones de presupuesto, esto tiene que ver con lo federal, pero más con una necesidad que venimos viendo hace dos décadas, ahora vamos a pasarle el modelo a los operadores locales- Abogados- para ver la implementación de esta reforma, también vamos a invitar a los colectivos que reúnen a las víctimas de delitos y las organizaciones de lucha contra la violencia de genero para que participen”, dijo el ministro.
Para concluir, el funcionario anunció que esperan que esta reforma esté lista para ser presentada ante a legislatura a principios de 2018.
La Comisión es presidida por el Vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Javier Darío Muchnik. La integran además, los legisladores Federico Bilota Ivandic y Pablo Villegas; el Juez de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, Jorge Luis Jofré, el ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, José Luis Álvarez; los representantes del Colegio Público de Abogados de Ushuaia y Río Grande, Federico Vidal y José Pellegrino, y la Secretaria de la Comisión, Paola Caucich.
