El bloque de diputados/as de UP recibió este mediodía a integrantes de la Cámara de la Industria Cervecera Argentina con el fin de escuchar y representar las preocupaciones del sector ante el inminente atropello a la industria que ocasionaría la aprobación de la Ley Ómnibus que busca particularmente la suba de los derechos de exportación a la cebada, malta y cerveza.

Durante el encuentro, los productores explicaron que estos aumentos al sector establecidos por el gobierno de Milei en el artículo 200 de la Ley Ómnibus, lleva del 12 a 15% a la cebada, de 9 a 15 % a la malta, y para la cerveza de 4,5 a 15 %, dejando a la industria fuera de toda competitividad.
Según la palabra de unos de los productores estos números representarán la perdida de 150 mil toneladas de exportación, que van a ganar productores del país vecino de Uruguay que ha realizado una gran inversión debido a las políticas públicas y fiscales que los benefician, que los va a terminar reemplazando como el primer productor de Malta de América Latina. De la misma manera que se encuentra frenada una inversión belga de 80 millones de euros en la ciudad de Bahía Blanca por la inseguridad jurídica e imprevisibilidad económica.
Por supuesto que esta situación no sólo desprotege enormemente a las industrias del sector, sino que también implicaría la pérdida de una gran cantidad de puestos de trabajo, que solo en la provincia de Buenos Aires tiene 80 mil empleados directos y 150 mil indirectos: “Exportar menos significa, menos producción, menos trabajo y menor ingresos de divisas, no es un panorama que este necesitando nuestro país”, aseguraron.

Vale destacar que la industria cervecera tiene su corazón en la Provincia de Buenos Aires ya que produce el 94 % de la cebada y 4 de las 5 malterías del país están en territorio bonaerense, y de aprobarse este articulo corre altísimo riesgo la industria y la proyección de un país con industrias pujantes que agreguen cadenas de valor a nuestra materia prima.
En este sentido, el bloque de Unión por la Patria se comprometió a establecer una agenda de trabajo conjunta para defender al sector y coincidieron en que deben ser exceptuados de las retenciones como todos los productos de la economía regional, ratificando el rechazo absoluto y la defensa férrea de los trabajadores y trabajadoras de la industria cervecera del país.
