La Provincialización de Tierra del Fuego tuvo una génesis con fuerte raigambre en la ciudad de Río Grande, donde el justicialismo la incluyó como objetivo desde el advenimiento de la democracia.
El 6 de marzo de 1983, ingresó a comisión de la Cámara Baja del Congreso el proyecto, presentado por el diputado nacional Carlos Martín Torres. Fue la primera iniciativa para el cambio de estatus institucional desde la restauración democrática.
El texto propuso “los siguientes límites: al Norte, el paralelo 52°30´ hasta el meridiano 65°, por él hasta el paralelo 49° en su extensión hasta el meridiano de 25° que será el límite Este, desde este punto de intersección hasta el Polo; el límite sur será el Polo y al Oeste la línea divisoria con la república de Chile” (Adrián G. de Antueno Berisso. Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. Proceso de Provincialización).
En los fundamentos, luego de hacer un análisis crítico de la historia fueguina, Torres sostiene que las distintas modalidades institucionales aplicadas “no han podido contribuir a superar (…) el vacío institucional y cultural que se palpa en Tierra del Fuego. El de la permanente dependencia, el de los funcionarios de paso, el del menosprecio por los naturales que, aparentemente, no responden a la ecuación étnica del “argentino deseable” para los que mantienen esta situación de colonialismo interno. Este es la cruel circunstancia humana y política que sólo se revertirá con la PROVINCIALIZACIÓN”.
Torres ya en ese momento en una discusión que tiene aún vigencia, la endilgar a la Provincia más austral de la Nación, ser una carga para el resto de los argentinos. En ese sentido señalaba que el régimen económico fueguino “resulta heredero de la política implementada desde el golpe militar y se encuentra supeditado a una doctrina de corte economicista, que aún hoy busca superar el pueblo fueguino, postergado en sus justas aspiraciones sociales por indignas especulaciones presupuestarias encontradas con el hombre y su destino en aquella zona de la Patria”.
Al considerar el proceso implantado por la Ley 19.640, el diputado justicialista plantea que ha generado “todas las apariencias de un enclave subnacional, peligrando en esta zona litigiosa, especialmente en este último quinquenio el asentamiento de la actividad económica, en el plano industrial se desplazó hacia rubros en los que se hayan postergados la promoción efectiva de los recursos nativos, humanos y materiales” (op.cit.).
Comenzó así un largo y tortuoso tratamiento parlamentario que recién culminaría el 26 de abril de 1990, con la sanción de la ley 23.775, con la curiosa particularidad de que no tenía fijado sus límites. Este delicado tema recién se pudo saldar en 2009.
Fuente: DFM
